Investigan el reclutamiento de argentinos para la guerra en Ucrania por presunta trata de personas

Investigación de la Justicia federal y la PROTEX

La Justicia federal y la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas analizan una decena de casos de ciudadanos atraídos por redes sociales con promesas de sueldos en dólares y tareas humanitarias

La Justicia federal argentina y la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas (PROTEX) avanzan en la investigación de una serie de denuncias relacionadas con el reclutamiento ilegal de ciudadanos argentinos para sumarse a las filas de la guerra entre Ucrania y Rusia. La mayoría de las causas tramita en los juzgados de Lomas de Zamora y busca determinar la existencia de delitos graves vinculados a la trata de personas.

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Según se desprende de los expedientes, el modus operandi de captación se desarrollaba a través de plataformas digitales como TikTok, Facebook y WhatsApp. Las ofertas prometían pasajes aéreos cubiertos, salarios de hasta 3.000 dólares mensuales y tareas operativas alejadas del conflicto directo, tales como servicios de cocina, mantenimiento logístico o asistencia humanitaria.

Sin embargo, los testimonios incorporados a la causa revelan una realidad muy distinta al llegar a destino. Diversas víctimas declararon que, una vez en el lugar, se les retiró la documentación personal y los pasaportes, siendo posteriormente destinadas a cumplir funciones estrictamente militares en áreas de alto riesgo.

Entre los relatos recopilados por los investigadores, uno de los damnificados detalló el momento en que fue trasladado directamente a la primera línea de combate. Según su testimonio, sobrevivió a un ataque armado en el que un impacto dio en su chaleco de protección, denunciando además que los mandos a cargo le ordenaron abrir fuego contra el enemigo a pesar de tener pleno conocimiento de que carecía de instrucción o preparación militar previa.

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Por el momento, la Justicia federal trabaja en la recolección de pruebas para unificar un criterio jurídico que permita encuadrar estas maniobras y determinar la responsabilidad de las redes de reclutamiento que operan en el país.

Fuente: El Esquiú

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