Investigan si la víctima de abusos y amenazas se quitó la vida hostigada por su victimario

La víctima de un remisero bonaerense de 35 años condenado el jueves 24 de septiembre por el Tribunal Penal 2 de Posadas por los delitos de "lesiones leves calificadas por el vínculo, amenazas y abuso sexual con acceso carnal, un hecho, todo en concurso real" a 16 años de prisión, fue hallada sin vida ayer por su familia en una vivienda de esta ciudad y ahora el juez de Instrucción 2, Juan Manuel Monte, y el fiscal Christian Oscar Antúnez Nerenberg iniciaron la investigación ante el presunto hostigamiento nuevamente por parte del condenado desde la cárcel y con acceso a un teléfono celular.

La madre de esta mujer se presentó ayer en el tribunal de la calle San Martín para pedir ayuda y poder denunciar lo sucedido. De inmediato intervino el fiscal mencionado y además del pedido de autopsia al cuerpo, solicitó que el celular de la víctima sea secuestrado y entregado en cadena de custodia a la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (SAIC) del Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo a fuentes contactadas por PRIMERA EDICIÓN, fue una hermana quien la encontró sin vida luego de haber tomado pastillas. El adelanto de autopsia marcó una presunta sobredosis como causa del deceso, pero se necesitarán los resultados de los análisis toxicológicos para determinarlo con precisión.

El jueves pasado, los jueces del TP-2 César Antonio Yaya, Augusto Gregorio Busse y Gustavo Arnaldo Bernie (subrogante), además de condenar al acusado por los abusos sexuales, amenazas y lesiones que marcaron el sometimiento de la víctima, ordenaron que se lo investigue por instigarla a mentir durante el juicio y forzarla a su retractación.

La mujer intentó cambiar su relato, pero se descubrió a tiempo el plan montado para que mintiera, luego que el fiscal del debate, Vladimir Glinka, solicitó que se le secuestrara el teléfono celular al percatarse que había recibido mensajes de Whatsapp desde la cárcel enviados por su expareja e imputado.

Se extrajeron las comunicaciones y durante el alegato acusador fueron expuestas las conversaciones en las que la víctima fue obligada a negar el calvario al que fue sometida, e incluso a sostener que hizo una falsa denuncia para tapar, entre otras cosas, que ella le había sido infiel al victimario.

Por esta maniobra, el tribunal pidió que el defensor particular del encartado también sea investigado por la presunta comisión del delito de "instigación al falso testimonio".

Durante el debate, cuando declaraba la víctima, el abogado mostró una hoja impresa con un mensaje de Whatasapp donde ella le pedía perdón al acusado. El fiscal no tardó en solicitar que se investiguen las comunicaciones.

Como lo publicó este Diario, el fiscal Glinka sostuvo en su alegato: "Que la prueba de descargo que intentó presentar el defensor (los chats) se convirtió en la confesión de la persecución a esta mujer".

"Ella vivía sometida a la violencia, a cocaína las 24 horas. Cuando pudo denunciarlo fue porque ya estaba preso por otra causa. De todas maneras volvía a contactarla, consiguió un teléfono celular y la atemorizaba con amenazas.

"No hay duda ninguna en este caso que él hacía lo que se le cantaba a ella. Le quitó a golpes el consentimiento para abusarla sexualmente, pero incluso cuando ya no podía de tanta cocaína que consumía la volvía a castigar. Es decir, no existió consentimiento alguno, no tenía otra opción la víctima, se lo imponía a palos".

Y continuó: "Para que no se escapara le repetía 'te voy a matar, voy a quemarte la casa con tu familia adentro'. Y lo hacía cuando la abusaba delante de la hija de ella, una niña pequeña".

"Las lesiones que sufrió de las golpizas pueden ser el delito menor acá, pero la revisaron los médicos y estaba literalmente molida a piñas, en la cabeza y el rostro. Ella misma lo describió en el expediente: 'Sentía que mi cabeza rebotaba contra el piso'. Durante seis horas sufrió la última vez en una pieza y enfrente a la hija".

El tribunal también ordenó en su veredicto la prohibición de contacto y de cualquier tipo, modo y forma de comunicación entre el acusado y la víctima e inscribir el caso en el registro de condenados por delitos sexuales del Superior Tribunal de Justicia, además de la extracción de registro de ADN e incorporación al banco provincial de huellas genéticas digitalizadas.

Se investiga ahora si el condenado no respetó la restricción y, en ese caso, cómo habría vuelto a conseguir un teléfono para hostigarla.