IPRODHA profundiza los controles: ya recuperó viviendas y advierte que no habitarlas puede derivar en la revocación

El Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) profundizó los controles sobre las viviendas que fueron adjudicadas a familias de Misiones y advirtió que no habitar efectivamente el inmueble puede constituir una irregularidad y derivar en la revocación de la adjudicación.

La medida forma parte de un proceso habitual del organismo, que comienza incluso antes de la entrega de las viviendas y continúa posteriormente con visitas y verificaciones para determinar si los adjudicatarios cumplen con las condiciones establecidas.

Así lo explicó Carmen Glosnicki, gerente social del IPRODHA, quien remarcó que la prioridad del organismo no es quitar viviendas ante una dificultad económica o familiar, sino garantizar que los inmuebles sean utilizados por las familias que resultaron adjudicatarias.

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"Lo más importante es que la familia pueda habitar la vivienda. Esa es nuestra prioridad", sostuvo durante una entrevista con FM 89.3 Santa María de las Misiones.

La funcionaria explicó que desde las primeras charlas con los adjudicatarios se les informa cuáles son las responsabilidades que adquieren y que esas condiciones también quedan establecidas en el acta de entrega.

Uno de los principales puntos sobre los que trabaja actualmente el organismo es la ocupación efectiva de las viviendas.

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"Para nosotros, una irregularidad habitacional está dada cuando el adjudicatario original con su grupo familiar no reside en forma efectiva en la vivienda a la cual se le adjudicó", explicó Glosnicki.

Esto significa que no alcanza necesariamente con que la vivienda esté en condiciones, que el adjudicatario figure como titular o incluso que se encuentre al día con el pago de las cuotas.

La cuestión central es otra: que la familia adjudicataria efectivamente viva allí.

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"Una cuestión importante es si está al día con la cuota. Es un dato importante. Pero refuerzo el concepto: lo más importante es que la familia habite la vivienda", remarcó.

Consultada sobre la cantidad de irregularidades detectadas, Glosnicki aclaró que el organismo cuenta con diferentes expedientes y procesos en marcha y que las cifras exactas requieren una revisión de los sistemas internos.

Sin embargo, brindó una estimación sobre los casos registrados durante los últimos dos años. "Estaríamos hablando de unas 20 viviendas", señaló.

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Los principales puntos donde se detectaron situaciones de este tipo fueron Posadas y Eldorado, aunque también se registraron casos en otras localidades de la provincia.

El dato no implica que todas esas viviendas hayan sido necesariamente recuperadas en las mismas condiciones ni que todos los expedientes hayan tenido idéntico desenlace, ya que cada situación atraviesa un proceso administrativo particular.

El proceso puede comenzar a partir de una verificación realizada por el propio organismo o mediante información aportada por vecinos.

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Después de la entrega de una vivienda, el equipo de la Gerencia Social establece un período considerado razonable para que la familia pueda concretar la mudanza y acomodarse.

Luego comienzan las visitas. "Sale el equipo de la Gerencia Social, comenzamos a verificar y nos empezamos a documentar con todo el proceso", explicó la funcionaria.

Si las visitas se suceden y no encuentran al grupo familiar, el organismo intenta establecer las razones de la ausencia.

No se trata de una única visita ni de una decisión inmediata. Glosnicki explicó que el IPRODHA contempla incluso horarios alternativos porque entiende que los adjudicatarios pueden estar trabajando.

"Tenemos un mecanismo para ir a la tarde, ir el sábado. Nuestro objetivo es encontrarla a la familia", afirmó.

La intención, según explicó, es determinar si existe una situación concreta que impide a la familia ocupar el inmueble o si efectivamente se está frente a una vivienda que no es utilizada por sus adjudicatarios.

Las deudas de cuotas pueden aparecer durante las verificaciones y, en algunos casos, pueden estar relacionadas con la irregularidad habitacional.

Sin embargo, desde el IPRODHA remarcan que ambos aspectos no deben confundirse. La prioridad del organismo es que las familias permanezcan en sus viviendas.

"Una familia puede pasar por diferentes circunstancias. Entonces el IPRODHA está para ayudar, está para apoyar, está para ver cómo le encontramos la vuelta, cómo la ayudamos a permanecer en la vivienda", explicó Glosnicki.

La situación cambia cuando la familia directamente no reside en el inmueble y no existe una explicación que permita justificar la ausencia.

Otro de los escenarios que contempla el organismo es aquel en el que la vivienda está ocupada, pero por personas distintas al grupo familiar adjudicatario.

También en este caso puede existir una irregularidad. Glosnicki explicó que, mientras la vivienda no haya sido cancelada, el adjudicatario no puede prestarla, cederla ni alquilarla.

"En nuestras documentaciones de adjudicación de vivienda y en las charlas que tenemos, en la visita guiada, se establece que la vivienda, si no está cancelada, no se puede prestar, no se puede ceder, no se puede alquilar", afirmó.

Por lo tanto, la condición central es que permanezca allí el grupo familiar que originalmente resultó adjudicatario.

Sin embargo, el IPRODHA contempla situaciones particulares en las que una familia necesita ausentarse temporalmente de su vivienda.

Uno de los ejemplos mencionados por Glosnicki son los tratamientos médicos que obligan a una familia a trasladarse fuera de la provincia.

En esos casos existe un mecanismo denominado guarda de la vivienda.

"Por razones de salud debe ausentarse de la provincia por un tratamiento específico, puede solicitar la guarda de la vivienda", explicó.

Para acceder a esta alternativa, la familia debe comunicar formalmente la situación, presentar la documentación correspondiente y solicitar la autorización.

El organismo puede establecer un período determinado de guarda mediante una resolución. De esta manera, la familia puede ausentarse temporalmente sin que esa situación sea interpretada automáticamente como abandono o incumplimiento.

"Nuestra recomendación siempre a las familias adjudicatarias es acercar, salir y plantear su situación", insistió Glosnicki.

Cuando el IPRODHA confirma una irregularidad, se inicia un expediente administrativo.

La familia tiene la posibilidad de ser notificada y explicar los motivos por los cuales no fue localizada o no estaba habitando el inmueble.

En algunos casos, esa explicación permite que el procedimiento retroceda. "A veces en ese proceso la familia presenta los argumentos y volvemos hacia atrás y podemos restablecer que esa familia vuelva a vivir o que comience a vivir en la vivienda", explicó.

Pero cuando no existe una justificación suficiente, el organismo puede avanzar hacia la revocación de la adjudicación.

En determinados casos, la vivienda es recuperada sin ocupantes y posteriormente puede iniciarse un nuevo proceso de adjudicación.

Una de las particularidades del mecanismo es que una vivienda recuperada puede volver a formar parte del sistema de adjudicación.

Glosnicki explicó que, cuando se recupera una vivienda sin ocupantes, se inicia un nuevo proceso para reasignarla mediante sorteo.

En ese contexto, también se consideran situaciones de alta vulnerabilidad social dentro de la demanda habitacional.

El objetivo es evitar que un inmueble que originalmente fue destinado a resolver una necesidad habitacional permanezca vacío o sea utilizado con una finalidad diferente.

Una de las novedades que destacó la funcionaria es la participación creciente de los vecinos. Las personas que detectan indicios de que una vivienda adjudicada podría encontrarse abandonada o deshabitada pueden comunicarlo formalmente al IPRODHA.

"La ciudadanía participa mucho, que por ahí detecta una vivienda que toma conocimiento, que tiene algún indicio de estar abandonada o deshabitada y comunica formalmente a través de una nota al instituto", explicó.

La denuncia puede presentarse por Mesa de Entradas, tanto en la sede general como en las delegaciones del organismo.

Para que la información resulte útil, se solicita aportar la ubicación precisa del inmueble y, en lo posible, calle y número de finca.

También es necesario que quien realiza la comunicación deje sus datos de contacto por si el organismo necesita ampliar la información.

Pero hay una aclaración importante: la denuncia de un vecino no implica automáticamente que la vivienda sea recuperada. "La verificación real la hacemos nosotros", aclaró Glosnicki.

A partir de la información recibida, el IPRODHA realiza sus propias visitas y verificaciones y, si corresponde, inicia el expediente administrativo.

Uno de los interrogantes que pueden surgir es qué sucede cuando un vecino denuncia una vivienda que aparentemente no está habitada, pero su titular cumple con el pago de las cuotas.

La respuesta del IPRODHA es clara: el pago es un dato relevante, pero no reemplaza la obligación de habitar la vivienda.

"Lo más importante es que la familia habite la vivienda", reiteró la gerente social.

Por ese motivo, el organismo realiza las verificaciones necesarias para determinar si el grupo familiar reside efectivamente allí y, en función de los resultados, puede avanzar con las actuaciones administrativas y jurídicas correspondientes.

La recuperación de una vivienda no es inmediata. Glosnicki explicó que no existe un plazo único para todos los expedientes, porque intervienen diferentes instancias administrativas y, eventualmente, judiciales.

"Es difícil establecer un tiempo porque cada instancia judicial tiene sus tiempos, una publicación de edicto tiene sus tiempos", explicó.

El procedimiento contempla notificaciones y publicaciones de edictos para intentar localizar y garantizar el derecho de defensa del adjudicatario.

Por eso, entre la primera detección de la irregularidad y una eventual revocación puede transcurrir un período considerable.

Desde el IPRODHA, el mensaje para las familias adjudicatarias apunta a valorar el proceso que atravesaron para acceder a la vivienda y, fundamentalmente, a ocuparla.

Glosnicki recordó que detrás de cada adjudicación existe una demanda habitacional y numerosas familias que todavía esperan acceder a una vivienda.

"Hay muchas familias que no han llegado todavía a la vivienda", sostuvo. Por eso, planteó que quienes ya fueron adjudicados deben hacer uso efectivo del beneficio obtenido.

"Una vez que yo llego a la vivienda tengo que buscar la forma de poder hacer uso de ese derecho que tanto por ahí reclamé, habitándola", afirmó.

Al mismo tiempo, insistió en que el IPRODHA no busca solamente sancionar. Si una familia tiene dificultades para mudarse o permanecer en la vivienda, el organismo pretende conocer esa situación para buscar alternativas.

"Si tiene algún problema que se acerque a IPRODHA, que vamos a estar ayudándoles para poder sostenerlo. Nuestro objetivo es que la familia pueda habitar la vivienda", remarcó.

Respecto de futuras adjudicaciones, la funcionaria recordó que las convocatorias son comunicadas públicamente a través de los distintos canales oficiales y medios de comunicación.

El organismo habilita períodos de inscripción y actualización de datos para que las familias puedan cumplir con los requisitos correspondientes.

Mientras tanto, el nuevo esquema de controles busca reforzar una condición considerada fundamental: que las viviendas adjudicadas cumplan con el objetivo para el cual fueron entregadas.

"Si ya estás con la vivienda, ya tenés el acta, tenés obligaciones que cumplir y una de ellas es habitar la vivienda", concluyó Glosnicki.

Así, el IPRODHA profundiza un sistema de verificación que combina controles propios, participación vecinal y procedimientos administrativos y jurídicos para detectar viviendas deshabitadas, ocupadas por terceros o utilizadas de una manera diferente a la prevista en las condiciones de adjudicación.

Fuente: Primera Edición

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