Ir preso antes que pagar: otro tendal de víctimas de estafa podría quedarse con las manos vacías

Alejandro "Tati" Jofré, el penitenciario acusado de montar una millonaria maniobra de falsas inversiones con sus propios compañeros del Servicio Penitenciario Provincial, estaría cerca de cerrar su causa con un juicio abreviado que implicaría una condena de prisión efectiva. La particularidad del acuerdo que se negocia es que el imputado aceptaría ir tras las rejas, pero sin devolver los más de $226 millones que, según la acusación, recibió de sus víctimas.

El posible desenlace genera un escenario paradójico y es que Jofré podría obtener una resolución penal definitiva a cambio de aceptar una pena de cárcel, mientras que las 52 personas damnificadas quedarían, en principio, con las manos vacías, sin que el acuerdo contemple una reparación del daño que les permita recuperar siquiera una parte del dinero entregado.

La salida todavía debe ser formalizada y homologada por un juez. Pero, si finalmente se concreta en esos términos, el caso volvería a poner sobre la mesa una pregunta que ya quedó expuesta en otras grandes estafas de San Juan: ¿qué ocurre con las víctimas cuando el proceso penal termina con una condena, pero el dinero nunca aparece? Tal como sucedió con el caso de Branka Motors.

También te puede interesar: Actividades por los 25 años del Centro Cultural Alem

Jofré está detenido desde el 5 de septiembre de 2025, luego de que comenzaran a acumularse las denuncias de compañeros del penal de Chimbas que aseguraban haber entregado dinero para participar de supuestos negocios con los que obtendrían rápidas ganancias.

La acusación fiscal sostiene que el penitenciario ofrecía inversiones relacionadas con la comercialización de harina, aceite, materiales de construcción y préstamos informales, entre otras actividades. Para generar confianza, habría entregado pequeñas sumas a algunos inversores como supuestas ganancias, una maniobra que habría servido para incentivar nuevas inversiones y atraer a otras personas.

Con el paso del tiempo, los pagos comenzaron a interrumpirse y las promesas de rentabilidad dejaron de cumplirse. Entonces aparecieron las denuncias. La investigación contabiliza actualmente 52 damnificados y un perjuicio estimado en $226.750.000.

También te puede interesar: Las pensiones RUPE demandan un gasto mensual de casi mil millones

El último capítulo de la causa se produjo en junio, cuando otro compañero del Servicio Penitenciario denunció a Jofré por una maniobra similar. En ese caso, afirmó haber entregado $4 millones durante 2025 luego de ser convencido de invertirlos a cambio de supuestas ganancias.

A raíz de esa nueva denuncia, la fiscalía amplió el objeto de la investigación y también extendió la imputación contra el padre del acusado, Américo Jofré, y su expareja, Gabriela del Rocío González, señalados como presuntos partícipes necesarios. Según la investigación, parte del dinero habría sido transferido a cuentas bancarias vinculadas a ellos.

La causa está a cargo del fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, quienes podrían acordar una salida con la abogada Filomena Noriega.

También te puede interesar: Eficiencia energética: Se realizó el primer taller en Ushuaia

El posible acuerdo para Jofré tiene un antecedente reciente que resulta inevitable comparar: la megaestafa de Branka Motors. En ese caso, Facundo Banega y los hermanos Alexis y Jonatan Marcó fueron condenados a cinco años de prisión mediante un juicio abreviado, después de admitir su responsabilidad en una maniobra que dejó un perjuicio calculado en $573 millones y 365 víctimas.

La jueza Ana Carolina Parra homologó el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa y los tres imputados fueron enviados al Penal de Chimbas. No obstante, hubo un detalle que dejó un sabor amargo entre los damnificados: la condena penal no implicó la devolución del dinero.

Meses antes, los acusados habían ofrecido una reparación económica para intentar cerrar el conflicto. Aunque las sumas propuestas estaban lejos de satisfacer las pretensiones de los damnificados, aquella alternativa abría la posibilidad de que las víctimas recuperaran al menos una parte de lo perdido.

También te puede interesar: Río Grande tendrá su camping para casas rodantes

El incumplimiento de ese compromiso hizo caer el acuerdo. Finalmente, los imputados volvieron a prisión y terminaron aceptando una condena de cinco años. Para los damnificados, quedó abierta la vía civil como alternativa para intentar recuperar el dinero.

El caso Branka Motors dejó, además, una pregunta que todavía no tiene respuesta: ¿dónde fueron a parar los $573 millones? La investigación fiscal sostuvo que los acusados habrían utilizado un esquema de características similares a un sistema Ponzi. Ofrecían motos a precios muy inferiores a los del mercado, recibían el dinero de los clientes y luego, según la acusación, no destinaban esos fondos a comprar las unidades que habían prometido entregar.

La consecuencia fue que cientos de personas quedaron sin las motos por las que habían pagado y sin el dinero que habían entregado. Con la condena penal ya dictada y sin un acuerdo de reparación vigente, las víctimas quedaron obligadas a explorar la vía civil para intentar recuperar sus fondos.

También te puede interesar: Tiene prohibido fallar en Almagro

Y ese es precisamente el punto que genera preocupación en el caso Jofré: la posibilidad de que la Justicia termine resolviendo la responsabilidad penal del acusado sin que eso signifique que las víctimas recuperen lo que perdieron.

En ambos procesos, las investigaciones apuntaron a maniobras basadas en la confianza: clientes que entregaron sus ahorros para comprar una moto en un caso y compañeros de trabajo que pusieron su dinero en supuestas inversiones en el otro. También aparece, para el lamento de los denunciantes, el mismo problema después de la acusación: la condena penal no necesariamente garantiza que el dinero vuelva a las manos de las víctimas.

No prosperó el pedido de libertad y el penitenciario de la estafa piramidal de los $226.000.000 continuará preso

No prosperó el pedido de libertad y el penitenciario de la estafa piramidal de los $226.000.000 continuará preso

Detuvieron a 15 agentes de un servicio penitenciario por torturar y abusar de presas

Detuvieron a 15 agentes de un servicio penitenciario por torturar y abusar de presas

Fuente: Tiempo de San Juan

• #policiales
• #preso
• #antes
• #que
• #pagar
• #otro
• #tendal
• #victimas
• #estafa
• #podria
• #quedarse
• #con
• #las
• #manos
• #vacias_1788486084
• #san juan