Irrigación destituyó al inspector Alejandro Currenti, tras comprobar hechos de corrupción en Guaymallén

El Departamento General de Irrigación destituyó a Alejandro Currenti, tras ser investigado desde el año 2024 por corrupción en la Inspección de Cauce Vertientes Corralitos de Guaymallén

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Tras dos años de investigación, el Departamento General de Irrigación expulsó a Alejandro Currenti, inspector de cauce de Canal Vertientes Corralitos Unificada, en Guaymallén, luego de concluir que incurrió en una serie de irregularidades en el manejo administrativo y económico de la institución.

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La decisión fue adoptada por el Honorable Tribunal Administrativo (HTA) a través de la Resolución N° 295/26, que determinó un cargo de $27.250.854,27 contra Currenti, correspondiente a los perjuicios económicos acreditados durante el ejercicio 2024, más los intereses que correspondan hasta el efectivo pago.

A esa sanción se suman otras dos resoluciones, vinculadas con la rendición de cuentas del ejercicio 2023, que determinó otro cargo de $327.877,18 y una multa de $1.190.000 contra el exinspector.

De esta manera, entre los tres expedientes administrativos, Currenti enfrenta cargos y multas por $28.768.731,45, sin contar los intereses que deberán actualizarse hasta el momento en que se produzca el pago.

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El antecedente inmediato había sido la decisión de Irrigación de intervenir la Inspección de Cauce en julio de 2024, cuando el HTA detectó nuevas anomalías y suspendió preventivamente al cuadro de autoridades para evitar que los investigados pudieran entorpecer la pesquisa.

La Resolución 295/26 también ordenó remitir una copia de las actuaciones al Ministerio Público Fiscal, en el marco de la causa penal P-66854/24 a cargo del fiscal Juan Ticheli, que ya investigaba los hechos vinculados con la Inspección de Cauce.

En el marco de este caso también fue denunciado el senador provincial y exintendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, por la firma de convenios para obras hídricas con la inspección de cauce durante su gestión. El querellante en esta causa es el exconcejal peronista José Pozzoli.

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La Resolución 295/26 estableció la inhabilitación para ejercer cualquier cargo en la Administración de las Aguas y la destitución de Currenti y de otros integrantes de las autoridades de la Inspección Canal Vertientes Corralitos Unificada.

El expediente se originó en una investigación sobre distintas irregularidades detectadas en la administración de la institución, luego de que Irrigación decidiera intervenirla.

Entre los hechos analizados apareció uno particularmente llamativo: el uso del token bancario de una persona fallecida para realizar operaciones de la Inspección de Cauce.

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Pedro Vicente Pelayes había fallecido el 24 de octubre de 2022. Sin embargo, según la investigación administrativa, el token asociado a su usuario continuó siendo utilizado para operaciones bancarias de la institución hasta el 14 de junio de 2024.

Currenti reconoció la utilización del dispositivo, aunque intentó atribuir la responsabilidad material a la contadora. El Tribunal entendió que esa explicación no lo eximía de responsabilidad como principal cuentadante y responsable de los fondos.

Entre las irregularidades investigadas también apareció el cobro de viáticos por parte de Currenti durante enero, febrero, marzo y abril de 2023, mientras la Inspección mantenía obligaciones pendientes correspondientes a aportes y contribuciones al sistema de seguridad social.

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La Resolución 296 volvió a analizar este punto al revisar la rendición de cuentas de 2023. Según el expediente, Currenti percibió durante esos cuatro meses $1.182.800 en viáticos sin que estuvieran íntegramente cancelados los aportes y contribuciones correspondientes.

Sin embargo, el Tribunal Administrativo aclaró que, siguiendo el criterio de la Suprema Corte de Justicia y una resolución anterior del propio organismo, ese concepto no debía transformarse en un cargo por el monto de los viáticos, sino que correspondían las sanciones administrativas vinculadas con la irregularidad.

La resolución sí contempló los intereses derivados de pagos efectuados fuera de término, ya analizados en otra investigación.

La Resolución 295 también encontró irregularidades en la contratación de distintos proveedores. El Tribunal observó contrataciones realizadas de manera directa, sin antecedentes que acreditaran el cumplimiento del procedimiento de Concurso de Precios previsto por la normativa de la Dirección de Fiscalización.

Entre los proveedores mencionados aparecen Martín Marcelo Walter, Cristian Armando Alaniz, Franco Nicolás Santiago Campos, Diego Jesús Garay, Miguel Ángel Godoy y Marcelo Walter Martín.

Para Irrigación, esos procedimientos afectaron los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, transparencia y selección de la oferta más conveniente.

El organismo también detectó erogaciones cuya naturaleza y correcta imputación presupuestaria no pudieron determinarse, además de comprobantes que directamente no habían sido incorporados a la ejecución presupuestaria.

Según el Tribunal, esas omisiones afectaron la integridad y confiabilidad de la información incluida en la rendición de cuentas.

Otro de los puntos detectados fue la existencia de un saldo de caja de $6.142,77 que no había sido rendido al momento de presentar la documentación correspondiente al ejercicio 2023. Ante la observación, Currenti presentó un comprobante que acreditó posteriormente el reintegro del dinero.

Pero el Tribunal detectó que el depósito se había realizado sin los intereses correspondientes, por lo que mantuvo la observación y determinó que esos intereses debían ser incluidos en el cargo.

Junto con otras irregularidades contables, este concepto terminó formando parte del monto que la resolución fijó contra Currenti.

La Resolución 295 también había puesto bajo la lupa un contrato mediante el cual la Inspección utilizaba un tractor perteneciente a Romina Paola Cagol, esposa de Currenti.

El Tribunal cuestionó las condiciones del convenio y los gastos asumidos por la institución en mantenimiento, combustible, aceite, filtros, cubiertas y otros servicios relacionados con el vehículo.

El HTA consideró que la operación había generado un perjuicio económico para la Inspección y calificó el contrato como celebrado fraudulentamente. También se investigó el pago de $80.000 a una escribana por la certificación de firmas de cartas poder utilizadas para una Asamblea de Usuarios.

Otro de los cargos analizados estuvo relacionado con obras convenidas con frentistas que finalmente no fueron ejecutadas. Currenti sostuvo que las obras eran gestionadas por empresas constructoras y que los propietarios no le habían entregado dinero directamente.

Sin embargo, Irrigación concluyó que la Inspección había asumido responsabilidades contractuales frente a los frentistas y que, ante eventuales incumplimientos, podía quedar expuesta a reclamos.

La resolución también ordenó poner estos hechos en conocimiento de la autoridad judicial correspondiente si se consideraba que podían configurar delitos.

La investigación de 2024 detectó además que la Inspección había celebrado contratos de locación de servicios para tareas que, según Irrigación, ya eran desarrolladas por empleados de la institución.

Entre los contratados aparecieron Nicolás Rosales, Emanuel Allende, Miguel Ángel Godoy y Cristian Armando. El Tribunal consideró que la duplicación de gastos había generado un perjuicio económico y que Currenti tenía responsabilidad por esas decisiones administrativas.

Estos conceptos fueron parte del cargo de $27.250.854,27 establecido en la Resolución 295/26.

A la par de la sanción principal, el organismo emitió las Resoluciones N.º 294 y 296, referidas a las rendiciones de cuentas de los ejercicios 2022 y 2023. Si bien ambas fueron aprobadas con observaciones, la primera determinó anomalías como contrataciones irregulares, uso impreciso de la partida "Movilidad" y falta de justificación registral de rodados.

Mientras que la segunda declaró la cuenta como "no integrada" en lo formal por erogaciones observadas y saldos no rendidos por más de $320.000; derivando en conjunto en la exigencia de dicho reintegro e imponiéndole a Currenti dos multas individuales por $1.190.000 debido a sus reiterados incumplimientos administrativos.

En términos nominales, la suma de ambos cargos y la multa alcanza los $28.768.731,45. Se trata de conceptos diferentes —cargos por devolución de fondos y una sanción administrativa— y el monto final podrá incrementarse por los intereses correspondientes.

Además de las sanciones económicas, el HTA dispuso la inhabilitación y destitución de Currenti, con lo que quedó impedido de continuar al frente de la Inspección de Cauce.

La documentación también deberá quedar a disposición del Tribunal de Cuentas de la Provincia, mientras que una copia de la resolución fue remitida al Ministerio Público Fiscal en el marco de la causa penal P-66854/24.

Fuente: Los Andes

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