Jaldo eliminó el uso general de tarjetas corporativas y concentró las excepciones en Economía
El Gobierno de Tucumán resolvió restringir el uso de tarjetas corporativas en la Administración Pública Provincial centralizada con el objetivo de reforzar
Un decreto del Poder Ejecutivo ordenó la baja de las tarjetas corporativas en toda la Administración Pública Provincial centralizada. Solo podrán mantenerse en casos excepcionales, con autorización expresa del Ministerio de Economía y Producción.
El Gobierno de Tucumán resolvió restringir el uso de tarjetas corporativas en la Administración Pública Provincial centralizada con el objetivo de reforzar los controles sobre las erogaciones del Estado. La medida quedó plasmada en el Decreto N° 1.537/3 (SH), publicado el 29 de julio en el Boletín Oficial, aunque la disposición llevó fecha del 6 de julio.
La decisión obligó a todos los organismos alcanzados por la norma a iniciar el proceso para cancelar o dar de baja las tarjetas corporativas que permanecían activas. De esta forma, el Ejecutivo modificó el esquema de utilización de este medio de pago dentro de la estructura estatal.
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En los fundamentos del decreto, el Gobierno explicó que la medida buscó fortalecer la administración de los recursos públicos. Además, recordó que la Constitución Provincial asigna al gobernador la responsabilidad de conducir la administración provincial.
El texto oficial indicó que «se estima oportuno disponer la restricción del uso de tarjetas corporativas, como medio de pago, que fueron asignadas oportunamente en distintas jurisdicciones de la Administración Pública Provincial», en el marco de una política de «racionalización y control» sobre este instrumento.
Aunque la regla general será la eliminación de las tarjetas corporativas, el decreto contempló la posibilidad de mantenerlas en situaciones puntuales. Para acceder a esa excepción, cada organismo deberá presentar un pedido formal ante el Ministerio de Economía y Producción, con una justificación específica sobre la necesidad de conservar ese mecanismo de pago.
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La autorización no será automática. El Ministerio de Economía solo podrá habilitar esos casos mediante una resolución, con intervención previa de la Secretaría de Estado de Hacienda y de las áreas técnicas competentes.
La norma también fijó parámetros para evaluar cada solicitud. Solo se aprobarán excepciones cuando respeten criterios de «razonabilidad, economía, eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos públicos».
El decreto también amplió las atribuciones de la Secretaría de Estado de Hacienda. El organismo podrá dictar normas complementarias para aplicar el nuevo régimen y solicitar información o documentación relacionada con el uso de tarjetas corporativas a organismos descentralizados y entes autárquicos.
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Con esta decisión, el Ejecutivo provincial centralizó el control sobre este medio de pago y dejó en manos del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Hacienda cualquier autorización excepcional para su utilización.
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Fuente: El Federalista
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