Javier Galán insiste en que es víctima de una persecución política

El diputado Javier Galán (MID) volvió a insistir en su inocencia asegurando que desde asumió enfrenta situaciones judiciales.

Diputado provincial Javier Galán

El diputado Javier Galán (MID) volvió a sostener que es objeto de una persecución política, un argumento que repite desde que se conocieron las primeras denuncias en su contra, en abril. Lo hizo al relacionar su situación judicial con las posturas que asumió en la Cámara baja.

"Desde que asumí mi responsabilidad como diputado elegí no callarme frente a situaciones que considero injustas. He cuestionado decisiones del Gobierno, he reclamado transparencia, he denunciado situaciones que afectan a nuestra provincia y he defendido posiciones que muchas veces incomodan al poder", expresó.

Y agregó: "Desde entonces también he tenido que enfrentar situaciones judiciales y cuestionamientos públicos que considero parte de una persecución política".

La lectura, sin embargo, no es nueva. En junio, en otro mensaje público, había asegurado que desde el primer día tuvo la sensación de que "el resultado político ya estaba escrito".

"Antes de que existieran pruebas, antes de que hubiera una investigación y antes de que la Justicia avanzara, ya se hablaba públicamente de desafuero, de apartarme del cargo y hasta de mi reemplazo", había expresado entonces.

En aquella oportunidad, también había advertido que le preocupaba "que algunos parezcan más interesados en sacarme del medio que en conocer la verdad". En agosto, en la previa de una audiencia en Apelaciones, insistió con la misma línea: "Una denuncia no es una condena, una pericia psicológica no es una sentencia, y ser acusado no significa ser culpable".

El nuevo mensaje se conoció mientras su defensa intenta llevar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación los planteos contra la investigación preliminar que busca definir si corresponde su desafuero. Ese trámite se originó con la denuncia por presunto abuso sexual y peculado de servicios que se presentó en abril.

En junio, la defensa pidió que se extinguiera la acción penal por el vencimiento del plazo de dos meses que fija el Código Procesal Penal para investigar a funcionarios con fueros. El juez de Garantías Marcelo Sago rechazó el planteo, al entender que las demoras respondían a presentaciones de la propia defensa.

La Cámara de Apelaciones respaldó esa decisión. En septiembre, además, declaró inconstitucional el plazo para este caso, al considerar las obligaciones del Estado frente a las denuncias de violencia contra las mujeres. A mediados de octubre, la Sala Penal de la Corte de Justicia declaró inadmisible la casación de la defensa, que ahora interpuso un recurso extraordinario.

Tras aquel fallo, la ministra de la Corte Fernanda Rosales aclaró que el tribunal resolvió una cuestión procesal, sin pronunciarse sobre la responsabilidad del diputado. En diálogo con "Fuego Cruzado", de Ancasti Streaming, explicó que, si el juez solicita el desafuero, la decisión quedará en manos de la Legislatura, que deberá resolverla con dos tercios de los votos.

"Estamos hablando de esta etapa muy preliminar del proceso", remarcó la magistrada.

Galán tiene abierto también otro expediente, iniciado por Iván Luna Avellaneda. En esa causa, Apelaciones confirmó en septiembre el pedido de desafuero por presunto peculado de servicios. Al mismo tiempo, dejó sin efecto el pedido por amenazas agravadas y exacciones ilegales.

El legislador negó desde el comienzo las acusaciones en su contra. En el mensaje de junio: "La verdad tarda más que los titulares, pero siempre termina apareciendo