Jorge Rivas impulsa un pedido de juicio político contra Milei, su gabinete y la Corte Suprema

Por: Jesús Cabral
@CabraAbelardo

Por: Jesús Cabral

Jorge Rivases exdiputado nacional y presidente de Unión Socialista (US), presentó una iniciativa que pide el juicio político contra Javier Milei, sus ministros y los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación(CSJN). Durante la charla que mantuvo con este diario señaló el uso desmedido de los decretos por necesidad de urgencia que aplicó el gobierno libertario. 

La propuesta impulsada por el socialista tuvo su presentación formal días atrás en Abra Cultural, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un multiespacio de arte y gastronomía del barrio porteños de Monserrat, Av. Hipólito Yrigoyen 840. Y este viernes le envió su pedido al presidente de la CD, Martín Menem; para que junte a la comisión que debe realizar el juicio.

El exdiputado detalló que la iniciativa no depende de juntar firmas de la ciudadanía para que ingrese formalmente al Congreso de la Nación. Además, explicó que debe presentarse directamente en la mesa de entradas de la Cámara de Diputados y que desde ahí lo envían directamente a la Comisión de Juicio Político.

Por lo tanto, el objetivo es construir un debate a nivel nacional e internacional, para poder consolidar el respaldo político y social necesario para que el proyecto sea tratado en la esfera parlamentaria. En esta línea, cabe destacar, que el «Vox Populi» es  una cita de autoridad mundial de origen romano-latín que significa «voz del pueblo». Y tiene un poder legítimo que determina. 

También denunció -el referente socialista- el avasallamiento de las facultades del Congreso de la Nación y señaló el impacto de las políticas económicas de miseria que azotan al país. Rivas, en diálogo con Tiempo, consideró: «Es muy grave  que Flavio Bolsonaro haya entrado a la Argentina antes de irse -el miércoles pasado- para Estados Unidos«, apuntó.

El exdiputado nacional aseguró que existen muchísimos fundamentos plasmados en la Constitución Nacional para que se cometan acciones legales y que avance un procedimiento. «Nuestro objetivo es promover un debate público y reunir el respaldo político y social que sea necesario para que la propuesta sea tratada por las autoridades parlamentarias«, enfatizó Rivas, abogado constitucionalista.

Rivas reclamó: «El juicio político es un mecanismo constitucional para remover a los funcionarios que incurran en mal desempeño de sus funciones o cometan delitos en el ejercicio de sus responsabilidades públicas». Y agregó. «Lo que digo está estipulado en el artículo 53 de la Constitución Nacional».

El presidente de Unidad Socialista dijo que el Decreto de Necesidad y Urgencia (NNU) 70/2023 es central en el planteo que él hace. Porque esa norma representa una de las expresiones más graves de vulneración al orden normativo constitucional: «Por sus consecuencias por las facultades legislativas que se atribuyó el Poder Ejecutivo Nacional«, apuntó.

Señaló que un presidente no puede gobernar mediante decretos, derogando disposiciones y sin promulgar Leyes sancionadas por el sistema bicameral como corresponde. «Porque estas decisiones constituyen a un avance del Poder Ejecutivo sobre las atribuciones del Poder Legislativo y un funcionamiento institucional que se desarrolla por fuera de las reglas republicanas«, advirtió Rivas.

También dijo que los integrantes del gabinete acompañan todas las decisiones del presidente y que por eso deben ser considerados dentro del planteo de juicio político que reclaman y que no tiene como finalidad sanciones penales.

Pero, sí determina la responsabilidad institucional de los funcionarios involucradosen el asunto para que sean removidos de sus cargos.  «Es así, porque la investigación y la sanción penal corresponde a los jueces«, sostuvo.  

Rivas remarcó. «Hay un deterioro de la economía, una pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y un impacto de las políticas del gobierno sobre las condiciones de vida de la población argentina que son terribles«.

También denunció que las decisiones administrativas estarían orientadas a la enajenación de infraestructura estratégica y recursos naturales de Argentina. El exdiputado cuestionó las posiciones que toma el gobierno: » Sobre todo en materia de política exterior, porque comprometen la soberanía nacional y la paz de toda la región«, puntualizó.

El exdiputado cuestionó rotundamente a los integrantes del máximo Tribunal del país. Porque su funcionamiento en la práctica -según su mirada- tiene irregularidades que justifican un pedido de juicio político. También denunció que la Corte no ejerció plenamente su función de control de constitucionalidad en los actos cometidos por el Poder Ejecutivo Nacional.

Rivas denunció que habría una connivencia entre la Justicia y el Gobierno Nacional. Y cuestionó -de manera contundente- fallos judiciales que habrían permitido avanzar sobre recursos estratégicos sin el debido control constitucional, lo que constituye un delito que afecta en forma directa a la soberanía.

«Algunas decisiones estuvieron vinculadas con el Consejo de la Magistratura y en esas decisiones el Tribunal se atribuyó facultades legislativas que no le corresponden. Hay una sentencia en la que la Corte volvió a poner en vigencia una Ley que había sido derogada por el Congreso de la Nación. Tienen un modo de proceder que viola la forma republicana de gobierno, porque no se respetan las divisiones de poderes«, denunció el referente socialista.

Rivas aseguró que hay varios pedidos de juicio político contra funcionarios libertarios, pero que no se ha avanzado en ninguno de ellos. Por lo cual, la complicidad en la trama de relaciones queda al descubierto.

«El procedimiento establece que la comisión debe analizar desde el primer momento si la denuncia es admisible o no. Si existen elementos suficientes puede abrir un sumario, comenzar a reunir pruebas y garantizar el derecho de defensa a los funcionarios que fueron denunciados», explicó Rivas.

Y completó: «Si el resultado es un dictamen favorable a la acusación, el expediente debe pasar al recinto para ser tratado por los diputados. Para aprobar la acusación se necesitan los dos tercios de los votos de los miembros presentes en ese acto legislativo«.

Rivas explicó que si eso se logra, la Cámara baja debe designar a uno o más diputados para que sostengan la acusación ante el Senado, donde la demanda también deberá reunir una mayoría de dos tercios de los votos de los miembros presentes para declarar la destitución del funcionario que esté acusado.

Rivas retomó diciendo que Flavio Bolsonaro ingresó a la Argentina cuando tenía restricciones de la Justicia Federal que le prohibía salir de Brasil y que luego habría viajado a Estados Unidos con ayuda del gobierno libertario. 

«Esto representa un problema institucional muy grave, porque las acciones ilegales fueron cometidas por las autoridades nacionales», apuntó. Sin embargo, «el Gobierno argumentó que el ingreso de Bolsonaro al país se produjo con documentación en regla y sin alertas de Interpol«, finalizó el referente socialista.