Jorge Voiro, un conocido agente de viajes de la provincia, quedó imputado por estafa: él asegura que devolvió todo el dinero
Este caso explotó en marzo de este año cuando los damnificados radicaron la denuncia. Durante meses estuvo estancada en UFI Delitos Informáticos y Estafas, y ahora se realizó la audiencia de formalización.

La ilusión de unas vacaciones en las playas de Brasil se transformó en una pesadilla para 18 personas. Jorge Federico Voiro, un experimentado agente de viajes con 30 años de trayectoria en el rubro, se sentó en el banquillo de los acusados durante la audiencia de formalización, enfrentando cargos por presuntas estafas millonarias en perjuicio de un contingente de turistas.
El fiscal Mariano Juárez Prieto, representante de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, relató los pormenores de la maniobra. Todo comenzó en marzo de 2025, cuando un grupo compuesto por nueve adultos y nueve menores (familias de apellidos Olivera, Rodríguez, Samper, Rollón, Tapia, Álvarez, Díaz, Acosta Zapata) contrató a Voiro para un viaje a Río de Janeiro. El paquete incluía vuelos por la aerolínea JetSmart y alojamiento para septiembre de ese mismo año.
Según la reconstrucción del Ministerio Público, los damnificados fueron pagando las cuotas correspondientes y para el 27 de agosto de 2025 el viaje ya estaba totalmente cancelado por parte de los clientes, existiendo comprobantes de las transferencias enviadas al agente. En total, los afectados llegaron a desembolsar una suma de varios millones de pesos.
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El momento más desesperante para las familias se vivió el 14 de septiembre de 2025. El contingente completo se trasladó hasta la provincia de Mendoza para abordar el vuelo de JetSmart. Sin embargo, al llegar a los mostradores, el personal de la aerolínea les comunicó la peor noticia: efectivamente existía un bloqueo de 18 lugares, pero los pasajes se encontraban sin nominación (sin nombres asignados) y los tickets jamás habían sido pagados ni emitidos.
Frente a la angustia de los pasajeros varados, Voiro atendió las comunicaciones, pero no les brindó ninguna solución concreta. El agente alegó haber sido él mismo víctima de una estafa por parte de terceros. Para agravar la situación, se constató que tampoco existía ninguna reserva a nombre del contingente en el hotel de Río de Janeiro.
La batalla judicial y las posturas encontradas
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Tras recibir la denuncia el 3 de marzo de este año, la fiscalía avanzó con la investigación y le imputó formalmente a Voiro el delito de estafa en calidad de autor. El fiscal Juárez Prieto solicitó al juez un plazo de un año para la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y que el acusado permanezca en libertad pero sujeto a medidas de coerción: no entorpecer la investigación, someterse al proceso y la prohibición de salir del país sin debida autorización.
Por su parte, el abogado defensor, Mario Morán, rechazó de plano la acusación. El letrado argumentó que no se configuró el delito de estafa debido a que su cliente jamás tuvo intención de defraudar ni se enriqueció ilícitamente. La defensa sostiene que Voiro ya ha devuelto la totalidad del dinero a los damnificados, aunque desde la parte acusatoria uno de los denunciantes advirtió que el agente entregó solo una parte de los fondos y no la suma total.
Cabe destacar que Voiro ya había realizado un descargo previo ante la Justicia el pasado 16 de marzo, acompañado por su abogado, donde mantuvo su postura de colaboración. En base a este comportamiento, Morán solicitó al juez que solo se le aplique la medida de coerción más leve (inciso 1), destacando que su defendido siempre ha estado a derecho.
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Tras escuchar a las partes, el magistrado Juan Gabriel Meglioli resolvió formalizar la investigación, pero con plazos y medidas diferentes a las solicitadas por la fiscalía.
El juez dictó un plazo de 6 meses para la Investigación Penal Preparatoria (IPP). Durante ese mismo lapso, Voiro mantendrá su libertad pero deberá cumplir estrictas reglas de conducta: presentarse una vez por mes en la Comisaría 2da, someterse al proceso judicial y no salir de la provincia (medida más restrictiva que la nacional solicitada por fiscalía) sin la debida autorización del tribunal.
Fuente: Tiempo de San Juan
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