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Jóvenes que delinquen en San Juan: un juez advierte sobre los riesgos de saturar institutos con "pequeños ladrones de gallina"

Este 5 de septiembre comienza a regir la Ley 27.801 de baja de edad de imputabilidad. El juez sanjuanino Jorge Toro alerta que sin programas de educación y tratamiento efectivos, la única respuesta será el encierro de adolescentes vulnerables.

Por Tiempo de San Juan8 min de lectura
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Jóvenes que delinquen en San Juan: un juez advierte sobre los riesgos de saturar institutos con "pequeños ladrones de gallina"
Jóvenes que delinquen en San Juan: un juez advierte sobre los riesgos de saturar institutos con "pequeños ladrones de gallina" · Foto: Tiempo de San Juan

"La respuesta del Estado más que nunca tiene que ser eficaz porque las consecuencias del fracaso de esa medida van a ser inevitablemente la pena, corriendo el riesgo de que nos podamos llenar en los institutos de, por decir una manera, de pequeños ladrones de gallina. Corremos el riesgo que ante el fracaso de estas medidas las consecuencias sean mucho más gravosas y empecemos a responder con privación de libertad delitos de menor gravedad porque no supimos como Estado o no hicimos lo que teníamos que hacer de generar estas medidas para garantizar este proceso socioeducativo". Con esta advertencia, Jorge Toro, juez penal de Niñez y Adolescencia de San Juan, describió la encrucijada que enfrenta el sistema penal juvenil ante la inminente entrada en vigencia de la reforma legal. Aportó datos relevantes: los menores de 18 años representan menos del 2% del total de los delitos en la provincia, mientras que el sector que más delinque padece adicciones, desvinculación escolar y severas deficiencias de lectura y escritura tras culminar la escuela primaria.

A partir de este 5 de septiembre se empezará a aplicar la nueva Ley 27.801 que establece el Régimen Penal Juvenil en toda la Argentina, permitiendo que los adolescentes a partir de los 14 años de edad puedan ser juzgados y declarados penalmente responsables. Esta normativa federal reduce la edad de imputabilidad, que bajo el esquema anterior de la Ley 22.278 estaba fijada en los 16 años.

El nuevo marco legal sustituye el antiguo modelo tutelar por un sistema de responsabilidad penal con enfoque de derechos y criterios de responsabilidad progresiva. De acuerdo con la nueva legislación, las respuestas estatales ante conductas delictivas cometidas por adolescentes deben priorizar de manera absoluta las medidas socioeducativas, de acompañamiento y de reinserción en la comunidad por sobre las sanciones de encierro tradicionales.

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En sintonía con los estándares internacionales de protección, el nuevo régimen consagra que la privación de la libertad debe ser considerada únicamente como el último recurso y aplicarse por el plazo más breve posible.

Para el juez Toro, la efectividad del nuevo sistema no se definirá en los tribunales, sino en el presupuesto y la voluntad de gestión de los gobiernos. Al analizar las definiciones políticas de fondo, el magistrado destacó este miércoles, en diálogo con Radio Sarmiento, que "detrás de esto hay que mirar también cómo se va a proyectar o cómo se iba a proyectar, cuál iba a ser la inversión que iba a poner el Estado para tener institutos donde se los pueda asistir a estos chicos. Porque la historia es, si vos llegas a tener un chico de estas características, ¿cómo se le va a trabajar para que se reinserte en la sociedad? No, que no sea solamente un sistema carcelario de una pena, de un castigo, sino que también se busque que ese chico vuelva a reinsertarse a la sociedad".

El magistrado hizo hincapié en el diseño legal de las denominadas "medidas complementarias o socioeducativas", las cuales funcionan como alternativas a las penas de prisión de cumplimiento efectivo. Al advertir sobre la automaticidad del encierro ante el fracaso de los programas locales, Toro explicó que "si la medida socioeducativa fracasa, la respuesta que la ley prevé es la sanción. Es decir, si un juez le impone una medida complementaria, si se llama en la ley, como alternativa del cumplimiento efectivo de una pena y esa medida fracasa. Obviamente la respuesta, lo dice específicamente, va a ser cambiar esa medida por la pena. Entonces, la respuesta del Estado más que nunca tiene que ser eficaz porque las consecuencias del fracaso de esa medida van a ser inevitablemente la pena, la sanción". Bajo esta lógica, si el Estado no garantiza dispositivos territoriales de calidad para tratar adicciones o asegurar la escolarización, la propia ley obligará a encarcelar a jóvenes que cometieron delitos leves.

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Toro insistió en que el encierro debe ser evitado por todos los medios posibles en el nuevo marco regulatorio. Remarcó que "la medida privativa de libertad, ya sea como pena o como medida previa, debe ser la última medida. Lo importante es que se genere todo el catálogo de medidas que prevé esta ley, medidas complementarias. Son todos pasos previos a pensar recién en la posibilidad de encerrar o de aplicar una pena privativa de libertad".

En el mismo sentido, remarcó que "la ley plantea claramente el encierro como última instancia y nos insta a los gobiernos provinciales, a los distintos Estados provinciales, a poner a disposición todos los recursos y hacer todas las adecuaciones para que claramente el encierro, la privación de libertad sea la última respuesta".

Como lección del pasado, el juez de San Juan alertó sobre el grave riesgo de volver a modelos de macroinstitutos de internación masiva que históricamente se utilizaron en el país. Evocando las experiencias locales, recordó que "ya tuvimos una historia de macroinstitutos como el infantil Santa Lucía, el actualmente el hogar Manuel Belgrano, que es una escuela agrotécnica modelo en zona, eran lugares para alojar chicos vulnerables, que no tenían familia que los contuvieran y eran megapoblaciones. Teníamos 60, 70, 100 chicos en cada instituto, porque como estado entendimos que podía reemplazar a los padres en la crianza y lo que hicieron esas instituciones fue reproducir vulnerabilidad, reproducir exclusión. Me preocupa que volvamos a este modelo, que creamos que el encierro va a resolver el problema del fondo. Y yo creo, sigo creyendo que lo que resuelve el problema es la educación».

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Sobre panorama logístico y operativo de San Juan de cara a la implementación de la ley, Toro sostuvo que "nosotros tenemos un régimen procesal muy antiguo, no tenemos la misma situación que el régimen penal de adultos. No tenemos un código acusatorio moderno que permite adoptar medidas desde el comienzo de la imputación de un delito. Entonces, hay que introducir algunas reformas mínimas que entendemos que se están trabajando en la Corte. Hasta tanto contemos con un régimen procesal acusatorio adversarial moderno".

También analizó el juez que, a nivel de personal y herramientas de seguimiento territorial, a pocos días del inicio de la vigencia la provincia todavía no ha avanzado en la designación de los actores esenciales del proceso. Toro reveló que "desconozco hasta el momento si la figura del supervisor se va a implementar". Esta figura es de carácter indispensable, ya que se trata de "un actor clave para esa tarea que es una que lo prevé la ley expresamente que se llama supervisor/acompañamiento, que se aboque a acompañar a una cantidad reducida de chicos y que sea su nexo con la escuela, con el club, el seguimiento con el barrio".

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Además, Toro abordó el tema de infraestructura de alojamiento, y que la provincia presenta limitaciones materiales y de planificación. San Juan dispone de un único establecimiento para el cumplimiento de medidas privativas de la libertad, el cual cuenta con características históricas muy específicas. Al respecto, el juez detalló que "San Juan tiene un único instituto para adoptar medidas privativas de libertad que es el Instituto Nazario Benavídez, pensado siempre para una población entre que va a los 16 y 17 años. Ahora va a tener que adecuarse para trabajar con una franja mucho más amplia, no solo para alojar allí a chicos a los que se le imputa delitos graves, sino también aquellos chicos que sean condenados, lo que requiere formas de intervención y separación en la intervención muy importante".

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Frente a este enorme desafío organizativo, el magistrado sinceró la falta de respuestas institucionales al afirmar que "sobre ese aspecto no tengo respuesta para dar porque son las autoridades ejecutivas las que deberán decir o deben generar las condiciones para que eso pase". De igual forma, Toro agregó que "desconozco si ya existe un dispositivo para recibir a mujeres" bajo estas condiciones de imputabilidad.

La necesidad de implementar respuestas territoriales y socioeducativas cobra mayor relevancia cuando se analizan las estadísticas del delito juvenil en San Juan, las cuales demuestran que el problema de la inseguridad por parte de menores es acotado pero con un núcleo de alta vulnerabilidad social.

Toro puntualizó que la incidencia del delito cometido por jóvenes menores de 18 años sobre la totalidad delictiva general de la provincia es sumamente baja, ya que "no llega al 2%" del total de causas. Además, la tasa de reinserción natural sin reincidencia es muy elevada, debido a que "el 79% de los chicos que cometen un delito no lo vuelven a cometer".

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El verdadero foco crítico del conflicto penal se concentra en un universo específico y constante, detalló el juez. Dijo que se trata de "un 8% o 9% que representan el universo de los chicos que cometen delitos, entre 60 y 70 chicos que durante el año cometen muchos hechos". El diagnóstico que trazó el juez sobre este pequeño grupo revela un absoluto fracaso de las redes de contención estatales previas: son chicos con consumo problemático de sustancias de extrema gravedad, que pertenecen a familias totalmente disfuncionales y que se desvincularon por completo del sistema escolar. De manera alarmante, el juez alertó que "muchos de ellos terminaron la primaria, pero no saben leer y escribir, no comprenden textos".

La conclusión pedagógica y de advertencia de Toro es que la falta de herramientas educativas previas condena a estos jóvenes a la reiteración delictiva. El juez cerró su diagnóstico con una advertencia sobre el destino de este grupo vulnerable si no se crean programas de asistencia específicos en San Juan: "ese chico seguramente va a reiterar los hechos si no tenemos políticas eficaces. Y ese chico es el que probablemente va a terminar ocupando el lugar de los institutos que por ahora ha sido reservado solo para aquellos chicos que cometen delitos graves y no los que cometen delitos de baja intensidad".

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Fuente: Tiempo de San Juan

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