Juicio por YPF: el Gobierno pidió a Estados Unidos que investiguen los movimientos de los Eskenazi

Por Redacción

El gobierno de Javier Milei desplegó gestiones reservadas en Washington para que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (USDOJ) abra una investigación penal contra la familia Eskenazi y el Grupo Petersen. La meta oficial es comprobar presuntas irregularidades en la compra de acciones de YPF durante el kirchnerismo y desactivar de raíz los millonarios litigios que cercan a la Argentina en Nueva York.

Según reveló una investigación periodística de La Nación, altos funcionarios de Casa Rosada mantuvieron cumbres secretas con referentes clave de la administración de Donald Trump para activar la causa criminal antes y después del reciente fallo de la Cámara de Apelaciones neoyorquina.

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La ofensiva argentina apunta a demostrar que el ingreso del Grupo Petersen al 25% de la petrolera en 2008 constituyó un hecho precedido por fraude financiero e irregularidades que afectaron al mercado norteamericano. Para el equipo legal del Estado, si la Justicia penal estadounidense confirma el origen ilícito de la operación, todo el litigio posterior impulsado por el fondo Burford Capital quedaría legalmente «contaminado» y sin efecto.

El plan de acción en los tribunales internacionales contempla aspectos centrales. A diferencia del expediente que tramita en Argentina en el juzgado federal de Ariel Lijo por presunta corrupción, el pedido ante la Casa Blanca se enfoca de forma estricta en un eventual fraude financiero y bancario que involucró a inversores de Estados Unidos.

La Casa Rosada llegó a contratar una firma privada de inteligencia en Washington para elaborar un informe técnico verificado que sirvió como punto de partida para las reuniones bilaterales. La movida busca neutralizar el recurso extraordinario que los demandantes presentarán ante la Corte Suprema de los Estados Unidos antes del 30 de septiembre para intentar restablecer la condena de US$ 16.100 millones dictada en primera instancia por la jueza Loretta Preska.

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Las tratativas en suelo norteamericano involucraron al canciller Pablo Quirno, al embajador Alec Oxenford, al funcionario de Economía Juan Ignacio Stampalija y a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy. Del lado estadounidense, la comitiva argentina mantuvo contactos con la fiscal general Pam Bondi, referentes del Departamento de Justicia y colaboradores del secretario de Estado, Marco Rubio.

Del otro lado, la respuesta de los involucrados no se hizo esperar. Desde el Grupo Petersen insistieron en que la compra inicial del paquete accionario de la petrolera en mayo de 2011 cumplió rigurosamente con todas las normativas regulatorias exigidas en la Argentina, España y los Estados Unidos.

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El gobierno de Javier Milei desplegó gestiones reservadas en Washington para que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (USDOJ) abra una investigación penal contra la familia Eskenazi y el Grupo Petersen. La meta oficial es comprobar presuntas irregularidades en la compra de acciones de YPF durante el kirchnerismo y desactivar de raíz los millonarios litigios que cercan a la Argentina en Nueva York.

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Fuente: Río Negro

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