Julio Cobos le exigió a la Fiscalía de Estado que controle y reclame lo invertido por Mendoza en rutas nacionales
Acusa a la Nación de subejecutar el impuesto a los combustibles y destinar esos fondos al "equilibrio fiscal" mientras la provincia debió financiar obras de jurisdicción federal.
El exgobernador y actual diputado nacional Julio Cobos formalizó una presentación ante el Fiscal de Estado de Mendoza, Fernando Mario Simón, para exigir una investigación exhaustiva contra el Estado Nacional por el uso de los fondos destinados a la infraestructura vial.
El reclamo apunta a la grave situación de deterioro de las rutas de jurisdicción nacional en territorio mendocino, entre las que se encuentran las rutas nacionales 7, 40, 143, 144, 145 y 146, lo que obligó a la Provincia a intervenir con fondos propios a través de un convenio firmado en 2025 para reparar aproximadamente 235 kilómetros críticos.
La presentación de Cobos, realizada con el patrocinio del abogado Federico Morandini, señala que el problema central radica en la existencia de recursos con afectación específica que la Nación omitió ejecutar.
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Según la normativa vigente, el 28,58% del impuesto a los combustibles líquidos debe destinarse de forma exclusiva al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte para la red vial.
Sin embargo, datos oficiales incluidos en la presentación revelan que entre 2024 y mayo de 2026 el Sistema Vial Integrado (SisVial) recibió cerca de $1,503 billones, de los cuales solo ejecutó en obras un 26,2% ($394.406 millones). El 73,8% restante ($1.001.018 millones) permaneció inmovilizado en inversiones financieras, como títulos públicos y plazos fijos.
La gravedad institucional del caso se profundizó luego de las declaraciones públicas del vocero presidencial formuladas el 10 de agosto de 2026, donde admitió que parte de esos fondos recaudados con fines viales fue reorientada por el Ministerio de Economía para sostener el "equilibrio fiscal" del Gobierno nacional.
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Cobos enfatizó en su escrito que la intervención de Mendoza sobre la red federal no debe interpretarse como una renuncia a sus derechos patrimoniales ni como una asunción definitiva de competencias nacionales.
La Provincia no acudió a intervenir porque las rutas fueran de su incumbencia, sino porque el abandono nacional ponía en riesgo la seguridad vial, el transporte de cargas, la producción regional y la conexión internacional con Chile. Por tal motivo, la inacción de la Nación fue la causa directa que forzó el desembolso del Tesoro provincial, configurando un perjuicio económico concreto que debe ser cuantificado y devuelto a las arcas mendocinas con los intereses correspondientes.
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Fuente: Tiempo de San Juan
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