"Junten el máximo que puedan de dinero así todos van a pasar a planta permanente"

En el Juzgado de Instrucción 6 de Posadas , avanza la producción de prueba y tomas de testigos en torno a la denuncia contra una presunta "influyente gestora" de contratos de trabajo en distintas dependencias del Estado provincial y en la Municipalidad.

El expediente se abrió con 17 denuncias de víctimas de pocos recursos económicos que habrían sido timados con propuestas laborales a cambio de transferencias de dinero, cuyos montos partían desde el millón de pesos, por ejemplo, para "un contrato en planta permanente de la muni", como indican los mensajes de texto aportados por los damnificados denunciantes.

PRIMERA EDICIÓN pudo acceder a los detalles de las maniobras o ardides que violarían el artículo 172 del Código Penal Argentino, y que tiene como protagonista a una mujer de 40 años, con domicilio en un barrio de la zona Oeste posadeña y que en 2023 fue echada del Poder Judicial por acciones similares a las que obran ahora en el expediente que instruyen el juez Ricardo Walter Balor y el fiscal René Germán Casals.

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Los primeros casos en investigación se registraron en marzo de este año. La imputada "ofrecía supuestas vacantes laborales en organismos estatales y le manifestaba a los interesados que se desempeñaba profesionalmente como abogada penalista, perito forense y trabajadora vinculada al Poder Judicial, afirmando además poseer contactos políticos y funcionales dentro de distintos organismos públicos provinciales".

Aparentemente sin empacho para fingir, la "gestora" generó confianza en las víctimas y los convenció de que "poseía capacidad real para gestionar y garantizar ingresos laborales dentro de la administración pública (…) Ofrecía puestos de trabajo en la Dirección Provincial de Vialidad, en el IFAI (actual IMaC) y en la Municipalidad de Posadas".

Por un contrato de seis meses de duración con reanudación automática solicitó depósitos en su billetera virtual por 500.000 pesos. Mientras que para acceder a un puesto en planta permanente exigía desde un millón de pesos, dependiendo del monto del salario que obtendría con sus "gestiones influyentes".

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Una madre, acuciada por la crisis de empleo, vendió los animales que criaba en su chacra de Nemesio Parma. Pero también los materiales de construcción que tenía para apuntalar su vivienda y hasta solicitó préstamos en financieras y recurrió a familiares y conocidos para reunir las sumas requeridas por la denunciada. Así pudo juntar casi tres millones de pesos para la "seña" de los contratos. Hasta hoy aguarda azorada y sin ningún centavo ni sus hijos con trabajo estable.

La "gestora" solicitaba fotografías de documentos de los interesados, partidas de nacimiento, certificados de domicilio y demás documentación personal, simulando la existencia de procedimientos administrativos de incorporación de personal. En todos los casos, los pagos eran efectuados mediante transferencias bancarias o billeteras virtuales a cuentas informadas directamente por la propia "mediadora".

A medida que las víctimas depositaban o transferían el dinero, la denunciada les respondía con "información relativa a supuestas fechas de ingreso, firmas de contratos, altas administrativas, intervenciones de recursos humanos y futuras liquidaciones salariales".

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"Generó en todos los casos la expectativa concreta de que los ingresos a trabajar se encontraban próximos a concretarse".

Hasta armó un encuentro para dialogar con los que le confiaron. "El 15 de mayo la denunciada mantuvo una reunión presencial con numerosos damnificados y miembros de sus respectivos grupos familiares. Les 'ratificó' las condiciones previamente comunicadas por teléfono y mediante mensajes de Whatsapp, confirmó la existencia de los supuestos puestos laborales ofrecidos y respondió consultas formuladas por los asistentes respecto de fechas de ingreso, documentación requerida y modalidades de contratación".

Los días siguientes, la denunciada continuó comunicándose individualmente con distintas víctimas, requiriendo nuevas sumas de dinero bajo el argumento de que podrían acceder a cargos permanentes o mejorar las condiciones laborales inicialmente ofrecidas.

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Llegaron las fechas indicadas para la firma de contratos y las víctimas advirtieron que los funcionarios o responsables que supuestamente debían recibirlos "no existían o desconocían por completo" a la denunciada. Contactaron nuevamente a la mediadora y ésta les manifestó que devolvería el dinero una vez que "terceras personas" que decidían los contratos le reintegraran a ella las sumas que supuestamente les había entregado.

Obviamente, el dinero no apareció y los contratos, tampoco.

Fuente: Primera Edición

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