La Argentina reclamará ante un tribunal internacional para intentar frenar el proyecto de Sea Lion en Malvinas

La Cancillería argentina iniciará un proceso de arbitraje internacional con un pedido de medidas provisionales para frenar de inmediato el avance del proyecto Sea Lion hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

La Argentina empezará un proceso inédito en el marco del derecho internacional que, de tener el resultado esperado por el Gobierno nacional, significará un importante triunfo en la estrategia adoptada en las últimas semanas para ejercer presión contra el Reino Unido, el gobierno isleño y las empresas privadas que buscan llevar adelante la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

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Tras una profunda evaluación y debate interno entre equipos jurídicos y expertos en el derecho del mar, la Cancillería argentina iniciará un proceso de arbitraje internacional con un pedido de medidas provisionales con el objetivo de frenar de inmediato el avance del proyecto Sea Lion hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

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TN consultó distintos expertos y fuentes oficiales para reconstruir el camino que está iniciando la Argentina con esta presentación, el posible impacto a futuro y la posición que podría adoptar el gobierno británico.

El paso a paso del arbitraje internacional al que acudirá la Argentina

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) se creó en diciembre de 1982 y entró en vigencia en noviembre de 1994. Fueron más de 10 años en los que se negoció el sistema de resolución de controversias, las regiones y áreas alcanzadas por la nueva convención y el nivel de obligación al que se someterían los estados frente al nuevo marco que regularía los mares y océanos.

Para entender el procedimiento del reclamo argentino es fundamental comprender el sistema de resolución de controversias que se plantea en el marco de la CONVEMAR.

Al momento de firmar y ratificar el tratado para aceptar los límites de la CONVEMAR, cada país debe seleccionar un ámbito de preferencia para dirimir cualquier eventual proceso. Es como una "jurisdicción a la carta". Hay cuatro opciones:

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El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania;

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, Países Bajos;

Un Arbitraje General, conformado por abogados y juristas;

Un Arbitraje Especial, conformado por expertos técnicos y científicos.

Al momento de unirse a la CONVEMAR, la Argentina seleccionó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar como prioridad para resolver las controversias, mientras que el Reino Unido se quedó con la Corte Internacional de Justicia.

En los casos como este, en donde el ámbito de "disputa" entre los países no coincide, la convención determina que se debe crear un tribunal ad hoc –formado especialmente para cada caso- con un árbitro por cada país y otros tres que se determinan de mutuo acuerdo. Básicamente a través de una negociación entre las partes.

La conformación de este tribunal puede demorar hasta 6 meses y el procedimiento completo hasta que hace conocer el laudo –el fallo de los árbitros- podría extenderse años, sin un plazo predeterminado. La decisión de este tribunal ad hoc es vinculante y debiera ser adoptada por el país al que se le exige una adecuación frente a la acción en disputa.

Ahora bien, como este proceso posiblemente se extienda durante, la Argentina pedirá medidas provisionales –medidas cautelares- para que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar decrete una resolución inmediata hasta tanto se termine por resolver el procedimiento de fondo en el tribunal arbitral ad hoc.

Esas "medidas cautelares" son presentadas y tratadas por el Tribunal del Derecho del Mar ya que es el órgano permanente que no necesita una conformación particular para cada caso. Es el mismo tribunal que en octubre de 2012 ordenó que se libere incondicionalmente a la Fragata Libertad del Puerto de Tema, en Ghana.

El equipo técnico de la Argentina confía en que los miembros del tribunal entiendan que deben emitir una orden de suspensión de las actividades de Sea Lion porque se están poniendo en riesgo recursos naturales no renovables –como los hidrocarburos- en una zona que se encuentra bajo disputa, tal como entiende las propias Naciones Unidas.

El Tribunal del Mar tiene un mes para emitir una medida provisional. La duda también reside en si aceptará el caso o se excusará al considerar que esto es una cuestión territorial y no de mares u océanos.

Puertas adentro en el Gobierno reconocen que es uno de los movimientos más osados que la Argentina adoptó en el marco del derecho internacional, pero que, de salir favorable, representará un antecedente de suma importancia para posibles litigios que se generen a futuro con respecto a la exploración y explotación de recursos alrededor de las Islas.