La Calera: 120 empleos en riesgo en una disputa con denuncias cruzadas

Una decisión administrativa de la Municipalidad de La Calera puso en riesgo la continuidad operativa de LWK Ingeniería y Servicios, una empresa que emplea directamente a 120 trabajadores, en su mayoría residentes de esa ciudad.

Otra firma fundada en la zona y tradicional en su rubro, Conte Más SRL, una empresa B Certificada, tomó la decisión de irse del sector con lo cual nadie recogerá los residuos de obra en el oeste del Gran Córdoba.

El conflicto de LWK es el más conocido porque escaló hasta la Justicia con una denuncia penal, un amparo pendiente de resolución en el Tribunal Superior de Justicia y fuertes diferencias sobre la legalidad del decreto municipal que modificó las actividades permitidas en barrio Cuesta Colorada.

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En ámbitos empresarios y políticos también surgieron sospechas de que detrás de los cambios podría existir interés en liberar terrenos para futuros desarrollos inmobiliarios, algo que el municipio descarta.

La controversia se produce además en medio de una fuerte disputa entre el intendente Fernando Rambaldi y sectores de la oposición, que lo acusan de gestionar con actitudes autoritarias e inconsultas.

LWK realiza tareas de recolección de residuos y poda en countries de la zona noroeste del Gran Córdoba, entre ellos La Rufina, Cinco Lomas, Lomas de la Carolina y Las Delicias. También presta servicios de mantenimiento en el sector público. Pero en Cuesta Colorada solo guarda camiones y equipos.

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El municipio pretende que tras dos décadas de actividad abandone sus instalaciones de La Calera, situación que, según la firma, comprometería su operación y particularmente los 120 puestos laborales directos.

Para los empleados, muchos radicados con sus familias en La Calera, un eventual traslado también implicaría desplazarse diariamente hacia otro punto del Gran Córdoba para cumplir sus turnos o perder el trabajo.

La firma funciona en el sector desde comienzos de la década del 2000 y desde 2007 obtuvo habilitaciones municipales renovadas sucesivamente, según sostiene en sus presentaciones.

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El escenario cambió con el Decreto 70/25, firmado por Rambaldi, con el supuesto propósito de reglamentar una ordenanza de 2017 y prohibió específicamente actividades como acopio de áridos, depósito de contenedores y camiones.

La Pyme cuestiona que esa modificación haya sido dispuesta sin intervención del Concejo Deliberante y afirma que afecta derechos adquiridos de 20 años y el principio de "confianza legítima". En septiembre pasado presentó, con patrocinio del abogado Alfonso Buteler Turrado, un amparo cuya tramitación se encuentra actualmente a resolución del Tribunal Superior de Justicia.

El enfrentamiento también llegó al fuero penal, donde el fiscal Penal Económico del primer turno, Matías Bonancini, tramita una denuncia presentada por LWK contra la Municipalidad. La empresa sostiene que el procedimiento que terminó con la clausura definitiva estuvo rodeado de irregularidades administrativas. Algo parecido dice Contemás.

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Entre ellas menciona una intimación recibida el 6 de julio para abandonar en 24 horas un inmueble identificado como Las Nomeolvides 3170, cuando sus instalaciones están ubicadas en Nomeolvides 2370. Dos días después, funcionarios municipales acompañados por policías llegaron al establecimiento y colocaron la faja de clausura definitiva.

LWK afirma en sus argumentos judiciales que la Municipalidad no conformó un expediente administrativo con todos los pasos legales y que ni siquiera existiría un número de expediente. Sumado a que un decreto no puede derogar una ordenanza vigente de uso del suelo.

El municipio rechaza los cuestionamientos y sostiene que la compañía se encuentra en una situación irregular porque ocuparía entre nueve y 11 lotes, aunque al solicitar la habilitación habría declarado solamente dos. La empresa rechaza esa aseveración.

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La Voz consultó a Rambaldi quien derivó como interlocutor al asesor letrado municipal, Agustín Anglada Allende, quien aseguró que se pidió a la firma acreditar en qué carácter ocupaba el resto de los terrenos y que el trámite no continuó, asegura.

La empresa desmiente esa versión y afirma que el perímetro utilizado está delimitado y cerrado desde comienzos de la década del 2000 (se lo puede ver así en Google Maps) y que el 11 de julio del añopasado inició, como todos los años, la renovación de la habilitación, la cual nunca fue respondida.

Ahora, el Tribunal de Faltas del municipio radicó una exposición policial porque, según su versión, fueran rotas las fajas colocadas durante la clausura. "Ellos rompen la faja, entran, y ahí el Juzgado de Faltas tiene la obligación de hacer una exposición policial por incumplimiento de una orden municipal", sostuvo Anglada Allende.

LWK, por su parte, afirma en su presentación judicial que existen "expresas violaciones por parte de la administración municipal a las normas del derecho adquirido y derechos constitucionales".

De esta manera, el enfrentamiento administrativo derivó en denuncias cruzadas mientras continúa pendiente la discusión judicial sobre la validez de las medidas adoptadas. Uno de los argumentos centrales del municipio es que Cuesta Colorada presenta un perfil predominantemente residencial y que alrededor del 95% corresponde a viviendas familiares.

LWK cuestionó esa caracterización mediante un acta notarial realizada el 13 de julio pasado, después de la clausura de sus instalaciones. Durante el recorrido fueron relevados otros 17 predios o establecimientos con actividades como ferreterías, corralones, depósitos de áridos, piedras, lajas, premoldeados, madera, fábricas de aberturas, carpintería de aluminio, taller mecánico y depósitos de baños químicos.

En esos establecimientos se observaron además camiones, maquinaria pesada y materiales acopiados, pero el acta dejó constancia de que no presentaban fajas de clausura como sí le ocurrió a LWK y a Contemás.

El decreto municipal cuestionado alcanza particularmente a cinco empresas vinculadas con actividades que quedaron restringidas en el sector: dos comercializadoras de áridos, dos depósitos de baños químicos (las estructuras plásticas vacías) y LWK.

En ámbitos empresariales existe la percepción de que el objetivo final podría ser impulsar la venta de esos terrenos para facilitar desarrollos inmobiliarios en un sector ubicado frente al ingreso de Lomas de la Carolina.

La firma privada también rechaza cuestionamientos ambientales y exhibe como respaldo la certificación de la norma ISO14001, obtenida en abril y vigente hasta 2029.

Y aporta un elemento elocuente: el 21 de octubre del año pasado, la propia Municipalidad de La Calera labró un acta de notificación a LWK donde dice textualmente: "El predio se utiliza como taller mecánico ligero, estacionamiento privado, no se visualiza residuos contaminante se utiliza tambien para depositar leña y papel y almacenamiento de los camiones para las actividades designadas, todos los residuos se trasladan al lugar (centro de enterramiento piedra blanca)", razón por la cual se mantuvo la habilitación.

La Municipalidad considera, en cambio, que la reglamentación de los usos permitidos constituye una atribución propia del Departamento Ejecutivo. Anglada Allende sostiene que el Decreto 70/25 es válido y que Rambaldi no necesitaba autorización del Concejo para reglamentar una ordenanza existente. LWK argumentó ante la Justicia todo lo contrario: no es posible modificar por decreto una ordenanza.

Conte Más SRL lleva más de 40 años de actividad y una década de presencia en el sector con habilitaciones para transferir restos de obra. La empresa fue una de las que contribuyó llevar servicios al barrio Cuesta Colorada, dice su titular, Gabriel Marziale.

Sin embargo, ahora deberá irse reconoció el empresario. Su actividad es concentrar una vez al día los residuos de obra del sector oeste de la ciudad y trasladarlos a los lugares de disposición final. Entre la ida y la vuelta para su deposición, son unas tres horas de camión.

Marziale relata a La Voz que una de las promesas de campaña del intendente fue erradicar del sector también a esa actividad. "Todo es mejorable, nos reunimos y le explicamos que podíamos inclusive realizar nuestra tarea en un espacio totalmente cerrado. Pero no hubo forma de que lo entendiera", reveló.

El cambio, "no le trae beneficios a nadie" y existe el riesgo "de que inclusive empeore la situación porque si nadie recoge los residuos de obra, quedarán en la vía pública", agrega.

Como en el caso de LWK, el proceso administrativo que atravesó Conte Más, con 64 empleados es, al menos, poco claro. "Nos clausuraron, a los cinco días llevamos la planilla de rehabilitación, nunca me dijeron si faltaba o sobraba algo", agregó.

El municipio dio la habilitación por seis meses pero mucho tiempo antes volvió a clausurar. La decisión está tomada: "Vamos a levantar y no operar más en la zona, el barrio que nosotros hicimos porque a Cuesta Colorada no la quería nadie", indicó.

Hay que señalar, en este punto, que el propio municipio tiene su obrador de camiones, maquinarias, insumos e inclusive, transitoriamente, residuos, en el centro de la ciudad, atrás de la plaza principal.

La disputa se desarrolla en un escenario político marcado por fuertes cuestionamientos opositores hacia la administración municipal. Claudio Morán, jefe de la bancada peronista, acusó a Rambaldi de conducir tanto el municipio como su relación con el Concejo Deliberante mediante actitudes "totalmente autoritarias" e inconsultas.

"Lo que está pasando en La Calera es que prácticamente funciona como una empresa privada del intendente Rambaldi", afirmó el dirigente peronista al describir el estilo de gestión municipal. Entre los temas cuestionados mencionó la aprobación de un nuevo crédito sobre el cual, aseguró, la oposición desconoce aspectos básicos: "No sabemos montos, cuotas ni para qué".

Fuente: La Voz

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