La Cámara de Casación revisará el caso contra Luis Caputo

Casación debe decidir si cierra la causa o si investiga a Luis Caputo por no declarar sus vínculos con financiera que compró bonos del Estado siendo él fucionario

Casación debe decidir si cierra la causa o si investiga a Luis Caputo por no declarar sus vínculos con financiera que compró bonos del Estado siendo él fucionario de mauricio Macri

La Justicia argentina abrió una nueva etapa en la investigación judicial que involucra al actual ministro de Economía, Luis Caputo. La Cámara Federal de Casación Penal —el tribunal penal más importante del país antes de la Corte Suprema— aceptó revisar si fue correcto desvincular al funcionario de una causa iniciada en 2017.

El caso busca determinar si existió un conflicto de intereses o uso de información privilegiada cuando Caputo ocupaba el cargo de secretario de Finanzas (entre marzo de 2016 y abril de 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri).

En términos sencillos, la Fiscalía sostiene que Caputo debió haber sido llamado a declarar como imputado (declaración indagatoria) porque cobró dinero de una empresa privada que, al mismo tiempo, compraba títulos de la deuda pública argentina emitidos por el propio Estado.

El origen del expediente se remonta a 2017, cuando una investigación periodística internacional conocida como los Paradise Papers reveló vínculos no declarados entre Caputo y empresas financieras del exterior. Según la acusación presentada por la Fiscalía, se detectaron dos movimientos de dinero clave ocurridos en el mismo período:

Además, los fiscales señalaron que, mientras Caputo participaba en la emisión de la deuda pública del país desde el Estado, le facturaba asesoramientos a Noctua a través de una firma vinculada a su hermano (Flavio Caputo). Por todo esto, la Fiscalía lo acusó de tres posibles delitos:

El camino judicial del caso ha tenido distintas posturas entre jueces y fiscales. En diciembre pasado, el juez federal Julián Ercolini decidió cerrar la causa (sobreseer a Caputo). Consideró que la falta de declaración de esas empresas fue un descuido o una omisión administrativa sin mala intención ("sin dolo"), que luego fue aclarada ante la Oficina Anticorrupción.

La Cámara Federal respaldó inicialmente esa decisión, argumentando que para haber delito la omisión debía ser "maliciosa" o intencionada, algo que no consideraron probado.

La Fiscalía apeló por considerar que se trató de un tema grave de ética pública y manejo de la deuda del país. Sostuvo que un funcionario con ese poder de decisión no podía pasar por alto esos antecedentes.

Ante este reclamo, los jueces de la Cámara Federal (por mayoría de votos) decidieron enviar el expediente a la Cámara de Casación. Ahora, este tribunal superior analizará todo el expediente para determinar si la causa queda definitivamente cerrada o si se debe volver a investigar.

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Los abogados defensores de Luis Caputo rechazaron de forma categórica las acusaciones y presentaron los siguientes argumentos principales. Por un lado aseguran que Caputo cortó todo vínculo comercial con las empresas financieras en el momento exacto en que asumió su cargo en el Estado. Afirman que la compra de bonos realizada por la empresa Princess International Group se hizo a precios normales de mercado, asumiendo los mismos riesgos que cualquier otro inversor y sin ningún privilegio ni ventaja de información.

Asimismo argumentan que el olvido en la declaración jurada inicial fue un trámite administrativo que se corrigió debidamente cuando la Oficina Anticorrupción lo requirió, por lo que no hubo intención de ocultar nada.