La Cámara de Casación revocó el fallo de Laura De Marinis sobre punibilidad

La justicia revocó el fallo de la jueza Laura de Marinis y la apartó del caso. La magistrada había sobreseído a un adolescente que había intentado robar.

La Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas porteña revocó el fallo de la jueza Laura De Marinis, que había sobreseído a un adolescente de 14 años. La jueza declaró la inconstitucionalidad de un artículo del nuevo Régimen penal juvenil que baja la punibilidad a los 14 años. En la presentación también se pidió que la magistrada sea apartada de la causa.

Más temprano, la fiscal de Cámara Sandra Verónica Guagnino había dictaminado que se debía revocar el fallo, respaldando la postura que había adoptado la fiscalía de primera instancia, que apeló la decisión de la magistrada y pidió revocar el sobreseimiento.

En los últimos días el caso tuvo amplia repercusión e incluso el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reaccionó contra la decisión de la jueza y ordenó al ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, que avanzara con un pedido de juicio político contra De Marinis.

Macri cuestionó la decisión judicial y sostuvo que los jueces deben aplicar las leyes vigentes. También afirmó que se trataba de la primera vez que impulsa un pedido de juicio político y planteó que el caso abre una discusión sobre el rol de los magistrados frente al nuevo régimen penal juvenil.

La resolución de la jueza De Marinis fue dictada a partir de un episodio en el que un grupo de adolescentes habría intentado robar a un hombre que caminaba por la vía pública. El hecho no llegó a concretarse porque la víctima logró alejarse y pidió asistencia a un agente de la Policía de la Ciudad.

De Marinis sostuvo que las circunstancias particulares del caso permitían considerar regresiva la incorporación de adolescentes de esa edad al sistema penal. En sus fundamentos, planteó que la respuesta estatal frente a una infracción cometida por un menor debe priorizar las herramientas de asistencia y protección de derechos y que la intervención penal debe ser utilizada como último recurso.

La magistrada también hizo referencia al principio de proporcionalidad y señaló que la reducción de la edad de responsabilidad penal debe ser analizada a la luz de los derechos reconocidos a niños y adolescentes por tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional.