La Cámara de Comercio de El Calafate cuestionó el decreto sobre autorización de venta de tierras frente al Gla

La C�mara de Hoteler�a, Gastronom�a, Comercio, Turismo, Industria y Actividades Afines de El Calafate expres� su rechazo al Decreto Provincial N� 915/2026, que establece una excepci�n a la normativa vigente sobre la venta de tierras en la zona de la Pen�nsula de Magallanes.

A trav�s de un comunicado, la instituci�n manifest� su "m�s en�rgico y categ�rico rechazo" a la medida y cuestion� que haya sido adoptada sin la participaci�n de las instituciones locales que hab�an intervenido en la elaboraci�n del Plan de Manejo del Parque Provincial Pen�nsula de Magallanes.

La C�mara sostuvo que las entidades de la localidad fueron convocadas oportunamente para aportar argumentos t�cnicos durante el proceso de elaboraci�n de la normativa y consider� que la decisi�n provincial representa un cambio respecto de ese trabajo.

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"Resulta inadmisible que las instituciones locales hayamos sido convocadas para aportar argumentos t�cnicos y s�lidos en la elaboraci�n del Plan de Manejo del Parque Provincial Pen�nsula de Magallanes, para que hoy, de forma unilateral y a espaldas de la comunidad, se eche por tierra una reglamentaci�n responsable por la que se trabaj� con absoluto ah�nco", se�al� la entidad.

En ese sentido, la organizaci�n empresarial consider� que "legislar y emitir excepciones de esta gravedad a espaldas del sector productivo local constituye un grave retroceso institucional".

La C�mara tambi�n plante� su posici�n respecto del modelo de desarrollo que considera necesario para El Calafate. Seg�n expres�, el crecimiento de la localidad debe sostenerse a partir del di�logo entre el Estado y el sector privado, con participaci�n de las instituciones locales.

"Nuestra instituci�n sostiene de manera inclaudicable que el di�logo y el intercambio de ideas son los �nicos caminos leg�timos para el crecimiento de un destino", afirm� la entidad.

Finalmente, reclam� un esquema en el que el Estado tenga un rol de facilitador y contemple las opiniones del sector productivo, en lugar de avanzar mediante decisiones centralizadas que, seg�n advirti�, puedan afectar la seguridad jur�dica y las normativas destinadas a proteger el patrimonio. 

(El Diario Nuevo D�a)