La causa por el supuesto faltante de armas de la Policía de San Juan va camino a la Justicia Penal

La investigación interna en la Policía de San Juan arrojó que no tienen registro sobre el paradero de más de 130 pistolas pertenecientes a un lote de armas compradas en 2022, revelaron fuentes de la fuerza. Desde adentro también señalaron que están esperando los últimos informes y que todo indica que la causa administrativa por el faltante del armamento será llevada a la Justicia Penal.

La decisión ya estaría tomada en la Jefatura y la Subsecretaría de Control de Gestión, adelantaron a TIEMPO DE SAN JUAN, aunque desde las autoridades ejecutivas existe cautela y hermetismo. Distinto es el clima que se respira en las filas policiales, que ven cómo el escándalo crece por el supuesto paradero incierto de esas pistolas 9 mm, marca Bersa, adquiridas en 2022. Un alto funcionario comentó a este diario que las preguntas que se hacen son: ¿esas armas ingresaron a la institución y les dieron otro destino? ¿O pagaron por esas armas -o eso figura en los papeles- y nunca llegaron a San Juan?

La investigación interna por el destino de esas 150 armas, aproximadamente, es una realidad. También es cierto que la Jefatura dispuso el traslado de los siete policías que se desempeñaban en la División Armamento y se pidió un inventario detallado sobre el destino de esas pistolas; es decir, si las asignaron y a quiénes. Ahora se conoció que esos informes solicitados por la Jefatura y Control de Gestión revelaron que se desconoce el paradero de poco más de 130 pistolas y eso apresuraría la decisión de iniciar la acción penal.

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El caso comenzó a tomar forma puertas adentro de la fuerza antes de que el supuesto faltante trascendiera públicamente. La primera instancia fue la investigación interna impulsada desde la Subsecretaría de Control de Gestión para establecer qué había ocurrido con el armamento que no podía ser ubicado en los registros. Se trata de un lote de 500 pistolas Bersa calibre 9 milímetros adquirido por el Gobierno de San Juan en 2022, mediante una licitación pública a la firma Punto de Impacto, durante la gestión de la Jefatura de Policía correspondiente al gobierno provincial anterior. Esa revisión fue la que puso bajo la lupa el funcionamiento de la División Armamento y abrió el camino al sumario administrativo.

El escándalo tomó estado público el 16 de julio, cuando se conoció que la Jefatura había dispuesto el traslado de los siete efectivos que cumplían funciones en esa división. La medida fue adoptada mientras avanzaba el sumario administrativo para determinar qué había ocurrido con las pistolas que no aparecían en los inventarios. La resolución alcanzó al suboficial principal Mauricio Javier Ríos, la cabo primero Laura Verónica Aballay, los cabos primeros Javier Darío Lucero y Martín Hernán Villalobos y los cabos Carlos Andrés Chaves, Franco Miguel Troncoso y Franco Gabriel Tejada. Además, el subcomisario Mauricio Osvaldo Montaña fue designado al frente del área para reorganizar la dependencia y normalizar los inventarios.

Después de esa remoción comenzaron a conocerse las explicaciones sobre el origen de la investigación. Desde la Secretaría de Seguridad afirmaron que todo se originó a partir de un pedido de informe realizado por la Justicia de Salta por una pistola Bersa perteneciente a la Policía de San Juan que había sido secuestrada en esa provincia. Sin embargo, este diario publicó que fuentes de la propia fuerza señalaban otro posible origen: que la investigación estaría relacionada con un procedimiento realizado por Gendarmería en abril, en el norte salteño, donde fueron secuestradas ocho pistolas que estaban en poder de tres personas que viajaban en un automóvil.

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Aquel procedimiento ocurrió el 18 de abril de 2026, sobre la ruta nacional 34, en la zona de Salvador Mazza, departamento de Orán. Efectivos del Escuadrón 61 "Salvador Mazza" controlaron un automóvil y encontraron ocho pistolas Bersa TPR9 calibre 9 milímetros con la numeración limada, además de 16 cargadores vacíos y tres teléfonos celulares. Por disposición de la Fiscalía Federal de Tartagal, las armas fueron secuestradas y los tres ocupantes quedaron detenidos. El operativo fue informado oficialmente por el Ministerio de Seguridad de la Nación, aunque nunca se estableció públicamente el origen de las pistolas ni se confirmó que formaran parte del armamento adquirido por la Policía de San Juan. Dentro de la fuerza provincial, sin embargo, comenzó a circular la versión de que esas armas pertenecerían a un lote comprado por San Juan.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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