La Corte Constitucional ratificó el final del Ministerio de la Igualdad: funcionará hasta el 20 de junio
El fallo dejó vigente solo hasta esa jornada la operación de la cartera, luego de que el Congreso no tramitara la norma para subsanar vicios, entre ellos la ausencia del aval presupuestal del Ministerio de Hacienda
Por Frank Saavedra
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La Corte Constitucional dejó sin margen, en la mañana del miércoles 17 de junio, al Gobierno para sostener el Ministerio de la Igualdad: la cartera funcionará hasta el 20 de junio, porque el Congreso no alcanzó a tramitar la nueva ley exigida para corregir los vicios de origen detectados en su creación, en especial la falta de aval fiscal del Ministerio de Hacienda.
La consecuencia inmediata es administrativa y laboral. Según la información conocida durante el proceso, cerca de 580 empleados podrían verse afectados si la liquidación se concreta, mientras el sindicato de la entidad aseguró que no tiene claridad sobre el futuro de los funcionarios.
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La decisión de fondo se dio el 8 de mayo de 2024, cuando la Corte declaró inexequible la Ley 2281 de 2023 por fallas en su estructuración y en el análisis de su impacto fiscal.
El alto tribunal mantuvo temporalmente la operación del ministerio y fijó como fecha límite el 20 de junio para que el Gobierno presentara y sacara adelante una nueva iniciativa ante el Congreso.
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Sin embargo, ese plazo ya no se cumplirá. El proyecto ni siquiera fue aprobado en primer debate en la última semana de sesiones ordinarias del Congreso, que terminan el mismo sábado, y tampoco era claro que el Ejecutivo fuera a convocar sesiones extraordinarias ni que tuviera los votos para rescatar la iniciativa.
Según una circular interna revelada por El Tiempo, el Ministerio de la Igualdad activó una hoja de ruta para preparar el cierre y el empalme de sus dependencias antes de que venciera el plazo judicial. El plan incluyó la finalización de actividades esenciales, la entrega de informes de gestión y la organización de soportes documentales asociados a cada cargo.
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Ese cronograma fijó el 17 de junio como último día para culminar actividades principales y dejar listos los reportes requeridos. Para el 18 de junio quedó prevista la consolidación interna de información y la reorganización de áreas, y para el 19 de junio, la entrega formal de bienes institucionales, equipos y paz y salvos.
La Oficina de Planeación debía recopilar además información sobre el cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y compromisos vinculados con políticas de paz. Esos insumos quedarían en manos de un eventual liquidador si la desaparición de la cartera se formaliza.
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En cuanto a lo que pasará con las funciones del ministerio es que el Gobierno prevé redistribuirlas entre varias entidades estatales. El traslado abarcaría a los ministerios del Interior, Hacienda y Justicia, además del Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento de Prosperidad Social.
El plan contempla que sigan operando las iniciativas dirigidas a mujeres, jóvenes, comunidades étnicas, población Lgbtiq+, campesinos y personas con discapacidad. Para eso, las entidades involucradas debían dejar listos los actos administrativos necesarios antes del 17 de junio.
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Durante su funcionamiento, el ministerio ejecutó apenas el 8,8% de su presupuesto. La excandidata presidencial Paloma Valencia sostuvo que en 2025, de nueve proyectos de inversión, cuatro no llegaron al 1% de ejecución y dos no superaron el 10%.
De $2,8 billones manejados por la cartera, $2,1 billones fueron transferidos a un "Fondo Paralelo" sin que se conozcan los resultados. Para 2026, además, el presupuesto estimado del ministerio era de 323 mil millones de pesos.
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La entidad tuvo durante su existencia cuatro titulares: Francia Márquez, Carlos Rosero, Juan Carlos Florián y Luis Eduardo Acosta.
La gestión de Florián quedó rodeada de controversias. Su nombramiento rompía la cuota de género prevista para garantizar igualdad de representación en el poder, por lo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió provisionalmente su designación.
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Después de esa decisión, el Gobierno pidió su renuncia, nombró a una mujer en otro ministerio y luego reincorporó a Florián, que decía ser de "género fluido" y pedía que lo llamaran "ministra". En medio de ese episodio y del desacuerdo público de Márquez con su nombramiento y con el de Amaranta Hank, el presidente afirmó durante un consejo de ministros televisado en julio de 2025: "A mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir a un actor porno".
En ese mismo movimiento de gabinete fue nombrada Juliana Guerrero como viceministra de las juventudes. En la actualidad, Guerrero fue imputada por fraude procesal, porque su hoja de vida indicaba que pasó de técnica a profesional en 15 días y que se graduó como profesional sin haber presentado la Prueba Saber Pro.
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La incertidumbre entre los trabajadores aumentó en los días previos al cierre. El sindicato del ministerio dijo que busca hablar con el presidente Gustavo Petro para expresar su interés en continuar con el proyecto y sostuvo: "La mayoría de nosotros provenimos de territorios donde las desigualdades e inequidades son críticas; nuestra labor es vital para cerrar esas brechas".
Según la información conocida, nunca se planteó una solución laboral para los empleados. También dice que el ministro Alfredo Acosta Zapata pidió a los funcionarios entregar sus informes y presentar cartas de renuncia, aunque trabajadores de la entidad afirman que nadie recibe esos documentos ni responde sus inquietudes sobre el futuro laboral.
El cierre también afectaría a varias dependencias absorbidas por el ministerio. Entre ellas figuran la Consejería Presidencial de Equidad para la Mujer, convertida en viceministerio; la Consejería Presidencial para la Juventud, transformada igualmente en viceministerio; y la consejería para personas en condición de discapacidad, que operaba como dirección dentro de la cartera.
Para contener litigios y ordenar la transición, el Gobierno prevé acompañamiento institucional. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado participaría para prevenir reclamaciones derivadas de la reorganización, mientras la Función Pública deberá orientar la redistribución de funciones y la posible reubicación de empleos.
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Fuente: Infobae
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