La Corte de San Juan respaldó un duro pronunciamiento de JUFEJUS contra el decreto de Milei para designar jueces

La declaración lleva la firma de la secretaria de la Junta Federal de Cortes, la ministra sanjuanina Adriana García Nieto. El presidente de la Corte local, Daniel Olivares Yapur, participó de la reunión en la que se aprobó el documento. Los cinco integrantes del máximo tribunal sanjuanino coincidieron con la postura institucional.

La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS) emitió este viernes un fuerte pronunciamiento contra el Decreto 467/2026 del presidente Javier Milei, que modificó los mecanismos de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los tribunales inferiores. La declaración tiene especial relevancia para San Juan porque lleva la firma de la ministra de la Corte local Adriana García Nieto, quien se desempeña como secretaria de la entidad federal.

Además, según pudo establecer este medio, el presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Daniel Olivares Yapur, participó de la reunión en la que se consensuó el documento. Aunque no estuvieron presentes en ese encuentro, los otros ministros del máximo tribunal sanjuanino —Marcelo Lima, Guillermo De Sanctis y Juan José Victoria, junto con la propia García Nieto— compartieron la posición institucional adoptada por la entidad.

El pronunciamiento de JUFEJUS se conoció apenas días después de que el Gobierno nacional oficializara el decreto que elimina instancias de participación ciudadana en el proceso de selección de candidatos para la Corte Suprema y deja sin efecto criterios vinculados a la paridad de género, la especialización profesional y la representación federal en la integración del máximo tribunal. El Ejecutivo justificó los cambios en la necesidad de agilizar los procedimientos y evitar duplicaciones administrativas. ([El País][1])

Sin embargo, la entidad que nuclea a las máximas autoridades judiciales de todas las provincias sostuvo que la reforma implica un retroceso institucional.

En la declaración aprobada este 19 de junio, JUFEJUS ratificó una postura que ya había expresado en marzo de 2024 y sostuvo que, además del requisito constitucional de idoneidad, deben preservarse "los principios de equidad de género, especialización profesional y correspondencia con la naturaleza federal de la República".

El documento remarca que la integración de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores debe respetar "de manera armónica e indivisible" los principios de idoneidad, paridad de género, representación federal y especialidad jurídica.

Para la entidad, esos criterios "no constituyen meras pautas de oportunidad política", sino exigencias derivadas de la Constitución Nacional, de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina y de la propia naturaleza federal del Estado.

En uno de los párrafos más contundentes, la Junta Federal advirtió que "cualquier modificación de los mecanismos de selección que prescinda o debilite estos principios implica un retroceso institucional incompatible con una Justicia plural, inclusiva y representativa de la diversidad territorial y social del país".

La declaración también cuestiona específicamente la derogación de artículos del Decreto 222/2003, norma impulsada durante la presidencia de Néstor Kirchner para dotar de mayor transparencia a la selección de jueces de la Corte Suprema.

Según JUFEJUS, la eliminación de esas disposiciones "constituye un grave retroceso institucional" porque restringe mecanismos de participación ciudadana y debilita instancias de transparencia, publicidad y control democrático que contribuyen a fortalecer la confianza pública en las instituciones.

En la misma línea, la entidad afirmó que la nueva normativa resulta incompatible con el principio constitucional de progresividad de los derechos, ya que vulnera garantías democráticas esenciales y debilita la transparencia en la selección de magistrados y magistradas.

El posicionamiento de JUFEJUS se suma a las críticas que distintas organizaciones jurídicas y especialistas formularon contra el decreto presidencial, al considerar que elimina espacios de control ciudadano y deja de lado criterios de diversidad y representación federal en la conformación de la Corte Suprema.

Fuente: Diario de Cuyo

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