La Corte Suprema rechazó un recurso contra la protección de puesteros del oeste

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EL DIARIO digital

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En una resolución que marca un nuevo capítulo en la histórica disputa por la tenencia de la tierra en el oeste pampeano, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el jueves pasado un recurso de queja presentado por Nélida Alicia Arzani en su demanda contra la puestera Pascuala Suárez.

El máximo tribunal fundamentó su decisión en un incumplimiento formal, señalando que la recurrente excedió el número de páginas permitido por el reglamento vigente, lo que resultó en el archivo de las actuaciones sin que la Corte se pronunciara sobre el fondo de la cuestión: la constitucionalidad de la Ley 2222.

Esta normativa, sancionada en diciembre de 2005, ha sido el principal escudo legal de las familias campesinas frente al avance de los capitales foráneos, suspendiendo los desalojos en departamentos como Limay Mahuida. El caso de Pascuala Suárez no es un hecho aislado, sino que se enraíza en una historia de resistencia centenaria y despojos que ha marcado a su familia por cuatro generaciones.

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La denunciante, Nélida Alicia Arzani, es la madre de Luis Bertone, empresario, dirigente del PRO y expropietario del Hotel Calfucurá, además de titular de cotos de caza. Bertone estuvo vinculado directamente con la disputa por las tierras ocupadas por los Suárez. Una parte de los campos en conflicto fue adquirida por Arzani o por su hijo, mientras que otro sector quedó en manos del empresario Oscar Valle. Tanto Arzani como Valle se presentaron judicialmente como compradores de buena fe de tierras que habían sido adquiridas previamente a los hermanos De Franco sin dar cuenta de que había poseedores desde hace décadas.

Una herencia de "campos abiertos" y despojo

La historia de la familia Suárez en el lote 3 de la Sección XIX de Limay Mahuida, conocido como "La Cautiva", comenzó a fines del siglo XIX con el asentamiento de Urbano Suárez y Pascuala Rodríguez. Allí nació en 1935 Salustiano Suárez, quien creció en una economía de subsistencia basada en el pastoreo de chivas en campos sin alambrados. Según los relatos familiares, Salustiano, quien era analfabeto, permaneció en el puesto tras la muerte de sus padres, manteniendo una forma de vida ligada estrechamente al territorio.

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El conflicto se gestó en 1984, cuando herederas de un terrateniente vendieron 150.000 hectáreas en Limay Mahuida a los empresarios bonaerenses hermanos De Franco. Para concretar la maniobra, se utilizaron contratos de comodato engañosos en los que, bajo la apariencia de permitirles continuar en la tierra, se hacía renunciar a los puesteros a sus derechos posesorios.

El desalojo de 2004 y el surgimiento de la Ley 2222

En la primavera de 2004, la presión de los empresarios culminó en el desalojo forzado de Salustiano y su hija Pascuala, quienes fueron dejados fuera de su hogar, viviendo precariamente bajo unas chapas. Este hecho, visibilizado a través de los medios de comunicación por el poder de una fotografía que conmovió a la opinión pública, se convirtió en el detonante político que llevó a la sanción de la Ley 2222 para frenar la expulsión sistemática de puesteros.

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El conflicto tuvo además un episodio de extrema violencia. El 9 de junio de 2013, Luis Bertone fue baleado en las piernas por Raúl Suárez, hijo de Pascuala, en el predio del Lote 8, en Limay Mahuida. El hecho ocurrió en medio de la disputa por esas tierras y derivó posteriormente en una causa penal contra Raúl Suárez. El episodio se convirtió en uno de los capítulos más graves de una disputa que, durante décadas, enfrentó a los compradores de las tierras con la familia que las ocupa desde generaciones anteriores.

Pascuala Suárez, quien hoy es la cara visible de esta batalla judicial, encarna el apego a la tierra que caracteriza a los campesinos del oeste. Habiendo cursado solo hasta quinto grado para quedarse a cuidar las chivas, ha manifestado repetidamente que su vida y la de su hijo Sebastián pertenecen al monte.

La disputa vital por el agua

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El fallo reciente de la Corte Suprema se vincula directamente con la lucha por el Lote 8, una superficie vital para los Suárez que contiene el único molino con agua dulce de la zona. Dos empresarios que compraron ese lote a los De Franco impulsaron el desalojo de Pascuala, basándose en escrituras obtenidas bajo condiciones que la defensa de los puesteros califica como maniobras irregulares.

Para Pascuala, la defensa del territorio es una cuestión de identidad y supervivencia. "De vivir toda una vida y de la noche a la mañana que venga alguien y diga esto es mío. ¿Y por qué va a ser de él, si vivimos nosotros?", se preguntó en una entrevista hace unos años.

Con esta resolución de la Corte, aunque sea por una cuestión de forma, la resistencia de los Suárez gana tiempo en su lucha por la posesión veinteañal y el reconocimiento de su derecho a permanecer en el lugar que sus ancestros poblaron hace más de cien años.

Fuente: El Diario de La Pampa

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