La defensa de Cristina Kirchner llevó ante la ONU una nueva prueba por la causa Vialidad

Los abogados de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentaron este martes nuevos elementos ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el marco del planteo internacional contra la condena dictada en la causa Vialidad.

Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego brindaron una conferencia de prensa en Buenos Aires en la que dieron detalles del nuevo material incorporado. Según la defensa, se trata de información que permitiría discutir uno de los fundamentos utilizados durante el proceso judicial y respaldaría su posición de que la exmandataria no benefició deliberadamente al empresario Lázaro Báez.

El elemento central es una planilla de la Dirección Nacional de Vialidad que apareció a partir de la declaración de un técnico del organismo en la causa Cuadernos. A partir de esos datos, el equipo legal exhibió un informe técnico que analizó la distribución de recursos provenientes de un fideicomiso destinado a financiar obras públicas.

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De acuerdo con ese análisis, el Grupo Austral, perteneciente a Báez, habría recibido el 0,85% de los fondos asignados mediante ese mecanismo. La defensa considera que ese porcentaje contradice la hipótesis de que el sistema de financiamiento hubiera sido diseñado para favorecer especialmente a las empresas del empresario santacruceño.

Beraldi sostuvo que esa documentación no había estado disponible para los abogados durante el juicio y calificó el hallazgo como determinante para su estrategia. "Encontramos una prueba determinante", afirmó el letrado, quien remarcó que, pese al volumen total de recursos manejados por Vialidad durante las presidencias de Fernández de Kirchner, la proporción destinada a las firmas vinculadas con Báez fue inferior al 1%.

En ese contexto, el abogado afirmó que el nuevo material, a criterio de la defensa, demostraría que es "falso que se quiso beneficiar a Lázaro Báez". También señaló que las compañías del empresario aparecían relegadas frente a otras constructoras dentro de la distribución global de los fondos.

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Los letrados incorporaron la documentación al reclamo que tramitan ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, donde cuestionan distintos aspectos del proceso que terminó con la condena de la expresidenta. La presentación internacional plantea presuntas vulneraciones de garantías contempladas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Fuente: Primera Edición

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