La defensa de Elpidio Guaraz cruzó duramente a la querella

Calificaron de "aberrante" el pedido de 4 años de prisión que hizo la parte querellante. El martes se conocerá el veredicto.

Guaraz, Purga condena por abuso en el penal de Miraflores. 

Mientras crece la expectativa por la decisión que tomará el juez Correccional N° 1, Diego Roberto Chaile Costilla, al emitir sentencia en el marco del juicio por abuso de autoridad contra el exintendente de Santa Rosa, Elpidio Guaraz, la defensa cuestionó duramente a la querella y consideró que el hombre fue sometido a un "proceso ilegítimo".

Los abogados Jorge Bracamonte (h) y Gabriel Quiroga Barros cuestionaron que se pretenda condenar a su defendido por un hecho distinto de aquel por el que fue llevado a juicio. Explicaron que Guaraz llegó al debate acusado de abuso de autoridad, a raíz de un decreto municipal de clausura, y que sobre esa imputación se desarrolló toda la actividad probatoria.

"Es como llegar a juicio acusado de abuso de autoridad y que se pretenda una condena por homicidio", graficaron los letrados. "Nadie puede defenderse de una acusación que nunca le formularon", agregaron, en referencia a los dichos de la querella, ejercida por la abogada Natalia Páez Vaca, quien pidió cambiar la calificación por abuso sexual.

Recordaron que la Fiscalía pidió 20 meses de prisión por abuso de autoridad, mientras que ellos solicitaron la absolución por falta de pruebas.

Uno de los principales ejes del alegato defensivo estuvo centrado en la validez de las pruebas digitales incorporadas a la causa. Señalaron presuntas irregularidades en las capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp aportadas por la denunciante.

Indicaron que existen dos capturas de una misma conversación, tomadas con apenas un minuto de diferencia, pero que en la segunda habrían desaparecido dos mensajes sin que apareciera la leyenda habitual que deja el sistema cuando un contenido es eliminado.

También sostuvieron que nunca se pudo acreditar quién escribió esos mensajes y que no se realizó la verificación técnica que, según la defensa, el propio fiscal había considerado necesaria.

A estas observaciones sumaron que la denuncia habría omitido mencionar una intimación de pago de abril de 2021 y un decreto anterior, elementos que, de acuerdo con los abogados, resultaban relevantes para comprender el origen del conflicto.

Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido al modo en que se desarrolló la investigación. Los defensores afirmaron que los testimonios, la visualización del teléfono celular y la pericia informática se realizaron sin intervención de Guaraz.

Según plantearon, el exintendente no tuvo siquiera la posibilidad de proponer un perito de parte. Remarcaron, además, que el Ministerio Público Fiscal omitió tomar declaraciones a trabajadores municipales para ampliar la información sobre el procedimiento administrativo que derivó en la clausura.

A su vez, cuestionaron que no se profundizara en el conflicto comercial vinculado con el alojamiento durante el Rally, una situación que, según indicaron, había sido mencionada por la propia madre de la denunciante.

También pusieron en duda la cadena de custodia del teléfono celular utilizado como elemento probatorio. "No fue una investigación: fue la confirmación de una denuncia", resumieron los abogados.