La denuncia de los habitantes históricos del terreno frente al río Limay: una subasta irregular y el pedido para ser un barrio

Salieron a contestarle a los compradores que piden la restitución de sus tierras, en la zona de humedales conocida como Tronador al Fondo. El área se valorizó tras la construcción del Paseo Costero y ya lo habitan 200 familias.

Por Sofía Sandoval08 de septiembre de 20269 min de lectura

La denuncia de los habitantes históricos del terreno frente al río Limay: una subasta irregular y el pedido para ser un barrio · Foto: LM Neuquén

La construcción del Paseo Costero del Limay y el reclamo de una familia neuquina que compró una antigua cantera en la zona ribereña pusieron en el mapa a las más de 200 familias que viven en el sector Orillas del Limay y que llevan décadas reclamando por regularizar su situación habitacional. Según explicaron, los habitantes de esa zona no tomaron terrenos sino que recibieron porciones de lotes de familiares o compraron de buena fe a la espera de que se resuelva la situación judicial que impide que obtengan su título de propiedad.

En diálogo con LM Neuquén, algunas vecinas del sector afirmaron que los compradores se hicieron con las tierras en una subasta irregular durante la gestión anterior de la Municipalidad, a un precio irrisorio y sin las inspecciones correspondientes para verificar si la chacra estaba habitada o no, y por cuántas familias.

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Hoy, se plantan ante el pedido del desalojo con la evidencia que prueba que tienen décadas de historia en ese lugar, a metros del club Unipol. "No somos una toma, nunca tomamos terrenos sino que nos instalamos en lotes cedidos por familiares o conocidos, y otros compramos pensando en la posesión veinteañal iba a llegar enseguida", afirmaron.

Los habitantes del sector aclararon que las mismas imágenes satelitales permiten comprobar que el terreno lleva décadas habitado, por lo que consideraron que no se dieron las inspecciones necesarias antes de permitir la compra.

Aunque fueron reconocidos en la inscripción de barrios populares y hasta hay 50 habitantes que renovaron sus DNI con esos domicilios, los compradores siguen reclamando la restitución de esa chacra y aducen que en 2015, cuando ganaron la subasta, sólo eran cinco familias que vivían a modo de préstamo.

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Mientras los ganadores de la subasta piden resoluciones en la Justicia, los habitantes buscan que el reclamo de los compradores que participaron en la subasta les dé la visibilidad necesaria para ser reconocidos como un barrio más de la ciudad y obtener por fin los servicios básicos, ya que muchas de las familias se arriesgan todos los días con conexiones clandestinas al tendido eléctrico.

Organizados, los vecinos llevaron adelante reclamos ante la Cooperativa CALF para contar con el tendido eléctrico y la Municipalidad de Neuquén, a través de Cliba, para coordinar la llegada de la recolección de residuos. Pese a que encontraron buena predisposición en los organismos, la falta de documentación que pruebe la titularidad de las tierras frena los avances para contar con dos servicios que podrían mejorar su calidad de vida y hasta reducir el riesgo fatal que enfrentan cada vez que los cables sobrecargados se prenden fuego en una zona de vegetación tupida.

"Entre nosotros nos vamos organizando, queremos mejorar el tema de los cables para que nadie se incendie pero tenemos respuestas negativas. No nos dicen que no porque no, sino porque tenemos que dar un nombre del titular para que avancen con la instalación", explicaron.

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El sector está ubicado frente a la costanera del río, entre las calles Tronador y Paimún. Durante décadas fue conocido como La Chanchería, porque el antiguo propietario de esa chacra de casi 6 hectáreas había cedido parte de las tierras a unas cinco familias originarias que criaban chanchos a orillas del Limay. Con los años, las familias crecieron y las nuevas generaciones convirtieron el espacio en un barrio que hoy tiene unos 200 lotes.

Cuando el dueño de la cantera, de apellido Corsino, falleció, el terreno fue subastado a una familia de Neuquén. Sin embargo, en el barrio aún viven hijos y nietos de los primeros habitantes del sector, que tenían una cesión de palabra del propietario original para ocupar esa zona ribereña y criar allí sus animales. Son ellos los que buscan ser reconocidos como habitantes de las tierras en las nacieron y criaron a sus familias.

Los que transiten por el Paseo Costero, rumbo a la península Hiroki, podrán ver el crecimiento de un sector que antes parecía invisible para muchos neuquinos. Esas mismas calles donde hoy se ven construcciones de material son las que durante años transitaron entre el barro y las crecidas del río para poder llegar a sus hogares.

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Con el paso de los años también se consolidó la organización de los vecinos, que buscan unirse para mejorar sus condiciones de vida en una zona olvidada de Neuquén capital. Pese a que la extensión del Paseo Costero les dio más visibilidad y hasta les ofreció la oportunidad de montar negocios para vender bebidas y alimentos a los visitantes, el sector todavía no es reconocido como un barrio y los servicios básicos no llegan.

Cuando los niveles del agua crecen, recolectan materiales para nivelar los terrenos en una zona de humedales. Aunque reciben asistencia con garrafas y leña a través de la comisión vecinal del barrio Confluencia, los recursos nunca alcanzan y las condiciones del barrio siguen siendo difíciles ante el clima extremo.

Rocío, nuera de unos de los primeros pobladores del lugar, explicó que aprovecha los nuevos buses eléctricos que propició la Municipalidad en la zona costera para poder llevar a sus hijas a la escuela. "Nos dicen que el barrio no estaba poblado en 2015, y yo ya vivía ahí en 2012", aseguró.

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Aunque existen aquellos que prefieren no registrarse para evitar el pago de impuestos, Alejandra explicó que la mayoría persigue la regularización para contar con los servicios básicos. "No es que si le debemos a alguien nos estamos negando a pagar. Queremos que el municipio comience a regularizar y que comencemos a pagar como corresponde", afirmó.

Montar un negocio en el sector, sin la titularidad de la tierra, también se hace cuesta arriba, ya que lo único que pueden obtener es un permiso provisorio que deben renovar mes a mes. Por eso, destrabar el conflicto judicial y ser reconocidos como habitantes legítimos del barrio les brinda oportunidades que van más allá de los servicios.

Según la información que figura en el expediente, Fernando Alric y sus hijos, Claudio Javier y Pablo Adrián Alric adquirieron el inmueble mediante una subasta judicial realizada el 25 de noviembre de 2015 en el marco de la sucesión de la familia Corsino, que administraba una cantera en ese lugar.

Al momento de la compra, en la zona sólo quedaban algunas chancherías, zonas inundables de lagunas y humedales, y en donde habitaban unas cinco familias, vinculadas a Miguel Ángel Jofré, Alberto Melo, José Melo, María Cristina Melo y Juan Antonio Melo.

En mayo de 2019, la subasta fue aprobada por la Justicia, los Alric pagaron el precio y el inmueble quedó registrado a su nombre. En aquella oportunidad, los habitantes entrevistados manifestaron que llevaban años viviendo en el lugar y que el anterior titular, Pedro Rogelio Corsino, les había facilitado un espacio a modo de préstamo.

Una vez adquirido el inmueble, y extinguida aquella autorización del propietario anterior, los compradores solicitaron su restitución. La demanda de desaolojo se presentó en noviembre de 2020 y, para esa fecha, la situación del barrio ya había cambiado de forma considerable.

Pablo Valenzuela, abogado de los propietarios, aclaró que después de un proceso judicial de seis años, todavía no hay una sentencia para favorecer el desalojo de ese terreno. En ese lapso, el problema escaló: de una ocupación de cinco familias que llevaban años en la zona a la detección de subdivisión de tierras, venta irregular de lotes y hasta construcciones o instalación de comercios sin autorización.

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