La dueña de una inmobiliaria retuvo los alquileres de sus clientes, pero evitó la condena mediante un acuerdo millonario

Lo que durante años fue un vínculo comercial basado en la confianza, terminó en los pasillos del fuero penal. Gabriela Villafañe (54), titular de una firma inmobiliaria que administra junto a un socio de apellido Monteagudo, quedó en el centro de una investigación judicial tras apropiarse de los fondos provenientes del alquiler de tres departamentos. Aunque la maniobra fraudulenta quedó plenamente acreditada, la mujer no irá a prisión ni registrará una condena: la Justicia homologó un acuerdo de conciliación mediante el cual se comprometió a devolver una suma superior a la defraudada.

La historia se remonta a 2010, cuando un hombre de apellido Fernández -propietario de tres departamentos en el céntrico Edificio del Patio San Ignacio, adquiridos directamente desde el pozo constructor- firmó un contrato con la inmobiliaria de Villafañe para que administrara el alquiler de sus unidades. Durante más de una década, la relación fluyó sin sobresaltos y las liquidaciones se realizaban en tiempo y forma.

Sin embargo, el escenario dio un giro drástico en agosto de 2025. Ese mes, Fernández sufrió el fallecimiento de su pareja, un golpe anímico que lo llevó a alejarse temporalmente de sus actividades laborales y comerciales para transitar el duelo. La maniobra fraudulenta se gestó precisamente en esa ventana de vulnerabilidad. Aprovechando la falta de control del propietario, la empresaria continuó cobrando religiosamente los alquileres a los tres inquilinos, pero interrumpió por completo las transferencias y rendiciones de cuentas hacia el dueño de los inmuebles.

En febrero de 2026, al reincorporarse a sus actividades habituales, Fernández detectó el abultado faltante de dinero. Tras intentar comunicarse con la inmobiliaria y enviar reiteradas intimaciones formales que fueron ignoradas o evadidas por Villafañe, el damnificado decidió acudir a la Justicia.

La denuncia recayó en la fiscalía, donde el fiscal Guillermo Heredia UFI Delitos Informáticos y Estafas lideró la pesquisa, acompañado de cerca por el abogado Padilla, constituido como parte querellante en representación de la víctima.

La coartada de la inmobiliaria se desmoronó rápidamente cuando los investigadores citaron a declarar a los tres inquilinos del edificio. Todos, sin excepción, confirmaron haber cumplido puntualmente con sus obligaciones mensuales y aportaron la evidencia clave: los comprobantes de transferencia bancaria dirigidos a las cuentas de Villafañe. La sumatoria de esos recibos demostró que la corredora inmobiliaria había retenido indebidamente más de 11 millones de pesos.

Ante la contundencia de la prueba documental y testimonial, la fiscalía avanzó con la imputación bajo la calificación de fraude por defraudación (en tres hechos) en perjuicio de Fernández.

Acorralada por el avance hacia un juicio oral que le habría valido una condena penal, la defensa de Villafañe (defensor oficial Quiroga, representando a Cecilia Mut) optó por utilizar los mecanismos de resolución alternativa de conflictos que prevé el sistema acusatorio.

En una audiencia celebrada este 7 de octubre ante el Juez de Garantías Matías Parrón, las partes presentaron una propuesta de reparación integral. El acuerdo conciliatorio estipula que la imputada abonará a la víctima un total de 12 millones de pesos (una cifra ligeramente superior al capital original defraudado). Este monto será cancelado en doce cuotas mensuales y el primer pago se deberá ejecutar antes del 15 de este mes.

Tanto la fiscalía de Heredia como la querella de Padilla prestaron conformidad al considerar que el acuerdo representa una solución pacífica y efectiva que garantiza a la víctima la recuperación de su patrimonio sin dilaciones. Finalmente, el juez Parrón homologó el pacto.

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