La expareja de Cerimedo declaró en la causa Andis tras los procesamientos de Spagnuolo y otras 18 personas

Por Gabriel Jara

Fernando Cerimedo junto a Diego Spagnuolo. Nadia Beller este miércoles antes de su declaración en Bolivia (Foto: EFE).

La causa judicial que investiga la presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis)avanza con nuevas declaraciones y confirmaciones de procesamientos en los tribunales federales. Mientras las auditorías internas del Gobierno exponen desvíos multimillonarios y sobreprecios en la compra de insumos médicos, la Justicia ratificó las acusaciones contra la cúpula del organismo encabezada por el ex abogado personal de Javier Milei, Diego Spagnuolo.

En este escenario, la abogada boliviana Nadia Beller Delgadillo, expareja del consultor político Fernando Cerimedo, declaró de forma virtual como testigo ante el fiscal federal Franco Picardi. Tras sobrevivir a un ataque a balazos por parte de sicarios en Santa Cruz de la Sierra, la mujer prestó testimonio desde la sede de la Procuración General del Estado Plurinacional de Bolivia, por motivos de salud y seguridad.

Las declaraciones de la presunta testigo suceden tras las resoluciones determinantes en los tribunales federales de Comodoro Py. La Cámara Federal ratificó las acusaciones contra la cúpula del organismo estatal, a la par que las auditorías internas del Ministerio de Salud exponen diferencias presupuestarias abismales, contrataciones por fuera de la ley y sobreprecios inexplicables en productos ortopédicos básicos y medicamentos vitales.

Según reportó Infobae, el interrogatorio a Nadia Beller se extendió por el lapso de una hora y se manejó bajo un marco de estricta reserva. El fiscal federal Franco Picardi tomó la declaración de forma virtual desde la sede de la Procuración General de la Nación, en colaboración con la Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia, país desde el cual la testigo aportó sus datos por razones de seguridad y salud. A último momento, las autoridades bolivianas prohibieron la participación de los abogados defensores de los acusados en la audiencia, bajo el amparo de su propia legislación.

Al retirarse de la fiscalía con un chaleco antibalas y custodia policial, Beller confirmó a la prensa que ratificó sus manifestaciones públicas previas. "Todo lo que está en mi celular se ha puesto a disposición del Ministerio Público argentino; ellos ya verán si lo requieren o no", aseguró la abogada. Luego, amplió: "Puse a disposición el desdoblamiento de mi celular que hacen acá en Bolivia para que ellos puedan extraer lo que crean pertinente para su causa".

La convocatoria de la testigo surgió tras sus apariciones mediáticas, en las cuales aseveró que poseía grabaciones de Cerimedo con menciones directas a los actos de corrupción en el Gobierno.

De acuerdo a la información revelada por los registros oficiales, Cerimedo acumuló 13 ingresos a la Casa de Gobierno comenzando el mismo 11 de diciembre de 2023. La última visita que se pudo corroborar en los documentos está fechada el 5 de junio de 2024, dinamitando la versión presidencial de una ruptura en el año previo.

Lo más llamativo de estas planillas no son solo las fechas, sino quiénes autorizaban los ingresos. La persona que figura permitiendo la mayor cantidad de visitas de Cerimedo a la Casa Rosada es el exministro del Interior, Lisandro Catalán. En la lista de autorizaciones le siguen un «Menem» (en ineludible referencia a Eduardo «Lule» Menem, mano derecha de Karina Milei y único con ese apellido trabajando en la sede de Gobierno), el exjefe de Gabinete Guillermo Francos y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Además, el vínculo se sostuvo abiertamente por fuera de los pasillos gubernamentales. Cerimedo coincidió con funcionarios en eventos proselitistas de alto perfil, como la cumbre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) celebrada en Buenos Aires en diciembre de 2024. Allí demostró mantener lazos estrechos con funcionarios y figuras clave del ecosistema digital libertario cercano a Caputo, como Daniel Parisini (conocido como Gordo Dan) y Juan Pablo Carreira (alias Juan Doe).

Desde la Casa Rosada dejaron trascender que el vínculo entre Cerimedo y el Gobierno se cortó definitivamente tras el escándalo por las coimas en la ANDIS. Esta versión se alinea con las declaraciones de la propia Beller tras el ataque en Bolivia, quien aseguró que Cerimedo le confesó que él y su esposa, Natalia Basil (entonces funcionaria del mencionado organismo), fueron quienes filtraron los presuntos audios de Diego Spagnuolo, extitular de la agencia.

El trasfondo de esta guerra interna quedó plasmado en la declaración testimonial que Cerimedo brindó en 2025 ante el fiscal federal Franco Picardi, al levantarse el secreto de sumario. Allí, el exasesor dio detalles de sus charlas con Spagnuolo (exabogado de Milei) y confirmó el circuito de corrupción.

Según testificó, Spagnuolo había llegado a la ANDIS en compensación por no haber logrado una banca como diputado. En mayo de 2024, el extitular del organismo le contó a Cerimedo que, tras una reunión con droguerías, le advirtieron sobre un nuevo sistema de retornos presuntamente manejado por la prestadora Suizo Argentina.

El mensaje que recibió Spagnuolo por parte de la empresa fue claro: «Ahora no es el 5, es el 8, porque el 3 va directo a Rosada».

La declaración judicial de Cerimedo profundizó en la estructura de este presunto desfalco. El consultor declaró que las droguerías le mencionaron a Spagnuolo que «todo esto lo gestiona Lule Menem» y que le bajaron línea explícita de que «no se meta«. A su vez, Cerimedo relató que Spagnuolo le confió estas irregularidades a la ministra Sandra Pettovello y, posteriormente, al propio Javier Milei durante una reunión un domingo en la Quinta de Olivos, donde el Presidente supuestamente «se indignó» y «dijo que no podía ser».

El conflicto estalló a cielo abierto dos meses después, cuando el diario Página/12 publicó una nota sobre los vínculos entre la Suizo Argentina y los Menem. De acuerdo al relato de Cerimedo, Spagnuolo le confesó el verdadero nivel del desfalco: «Se están choreando casi un palo por mes», y le advirtió que Lule Menem estaba convencido de que ellos dos habían «operado» esa nota periodística por haberse quedado afuera del esquema.

La represalia no tardó en llegar. Cuando Milei acudió al Congreso para presentar el Presupuesto 2025, Cerimedo gestionó invitaciones para él y su esposa a través de los diputados Gabriel Bornoroni y César Treffinger. Sin embargo, horas antes del evento, le cancelaron el acceso. Al reclamarle directamente a Javier Milei, el Presidente se excusó diciendo que «no había más lugar».

Finalmente, un legislador le confirmó a Cerimedo en un café que la bajada de línea para prohibirle la entrada había sido una orden directa de Lule Menem, sellando así el quiebre de una relación que hoy el Gobierno intenta negar a toda costa.

Mientras se organizaba la declaración desde Bolivia, la Sala II de la Cámara Federal porteña, con las firmas de los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, confirmó los procesamientos del exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, del exfuncionario Daniel Garbellini y del lobista Miguel Ángel Calvete como jefes de una asociación ilícita. El médico Pablo Atchabahian también quedó procesado, aunque en calidad de miembro.

Desde La Nación explicaron la medida alcanzó a otras 15 personas, entre exfuncionarios y empresarios, con embargos que se fijaron en sumas de hasta 35.000 millones de pesos por individuo, y un monto total para el segundo grupo de procesados que asciende a $396.834.168.801.

El fiscal Picardi sostiene que este grupo paraestatal cooptó la agencia para direccionar licitaciones a través del sistema Siipfis. Las pruebas incluyen mensajes directos. «Por favor, invitá a 20 de junio. Gracias. Frena y dormí los pagos de dhiemo. Están jugando mal», le ordenó Atchabahian a Garbellini en noviembre de 2024. En otro chat, Garbellini le remitió a Calvete órdenes de pago por más de 2.021 millones de pesos con el mensaje: «Sus ofrendas de esta semana».

En paralelo al frente judicial, una auditoría del Ministerio de Salud detectó desvíos que catalogó como «técnicamente indefendibles». Los hallazgos oficiales, documentados el 10 de abril por la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, expusieron sobreprecios extremos tras analizar 37 facturas de seis proveedores por un total de 18.100 millones de pesos. El caso más grave fue la adquisición de un andador a la Ortopedia Bernat con un sobreprecio del 4239% respecto al valor de mercado.

Los desvíos abarcan múltiples rubros. La empresa Artrobone facturó sillas de ruedas a 19 millones de pesos, cuando el precio de referencia nacional era de 1.279.999 pesos. Farma Salud, la firma que más fondos absorbió con 7.900 millones de pesos, cobró 425 millones por válvulas bicaval transcatéter, un insumo por el cual el PAMI había abonado 124,2 millones meses antes. Osmar Mariano Caballi, socio mayoritario de Farma Salud, quedó señalado por el fiscal como parte del «grupo museo», desde donde coordinaba con Calvete a qué licitaciones presentarse. A su vez, la empresa Bymax Medical, cuyo gerente es Patricio Acosta —pareja de la procesada Lorena Di Giorno, vinculada a Calvete—, también facturó sillas de ruedas con 15 millones de pesos de sobreprecio.

La auditoría también detectó un desfasaje presupuestario interno de 158.717 millones de pesos por deudas no registradas formalmente, y alertó sobre el uso sistemático de la figura de «Legítimo Abono» para saldar 479.504 millones de pesos y eludir los procesos de licitación pública. La droguería Suizo Argentina, propiedad de la familia Kovalivker, concentró 108.258 millones de pesos bajo este esquema.

La defensa de la familia Kovalivker intentó anular la causa completa mediante el cuestionamiento del origen de los audios atribuidos a Spagnuolo, en los cuales se mencionaba un sistema de coimas vinculado a Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem. Sin embargo, la Cámara Federal rechazó el planteo de nulidad y respaldó la investigación: el juez Farah aclaró que las acusaciones no se fundan en las grabaciones, sino en pruebas independientes como allanamientos, intervenciones telefónicas y reportes de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

No obstante, el juez Ariel Lijo ordenó un peritaje técnico sobre los registros de voz para certificar su origen.

Mientras el caso avanza en Buenos Aires, el consultor político Fernando Cerimedo protagonizó un fuerte operativo policial de madrugada en Bolivia. Las autoridades lo trasladaron desde la prisión de Palmasola hacia el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el municipio de Viacha, a 4000 metros de altura. Allí deberá cumplir 180 días de prisión preventiva por una causa de presunto enriquecimiento ilícito, la cual se suma a su detención previa por el intento de femicidio de Nadia Beller.

La justicia boliviana detectó que Cerimedo, en su rol de asesor presidencial durante 2025 y 2026, habría aumentado su patrimonio de forma desproporcionada. La investigación señala que los dueños de una casa de cambio en la Zona Sur de La Paz, vinculados al argentino mediante recibos oficiales, se dieron a la fuga tras retirar 700.000 dólares de las cajas fuertes antes de un allanamiento.

Antes de abordar el avión hacia El Alto, con el rostro cubierto y bajo custodia, Cerimedo dejó un mensaje dirigido al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz: «Que me perdone por no haberle hecho caso y meterme con esa loca». Al referirse a las declaraciones de su expareja, el consultor aseguró que Beller «va a tener que explicarle a la justicia las mentiras que dice». Calificó la acusación por el ataque armado como un relato que «no tiene ni pies ni cabeza», apuntó contra el vicepresidente Edmand Lara como un «mitómano» y denunció una supuesta campaña de desprestigio.

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La causa judicial que investiga la presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis)avanza con nuevas declaraciones y confirmaciones de procesamientos en los tribunales federales. Mientras las auditorías internas del Gobierno exponen desvíos multimillonarios y sobreprecios en la compra de insumos médicos, la Justicia ratificó las acusaciones contra la cúpula del organismo encabezada por el ex abogado personal de Javier Milei, Diego Spagnuolo.

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