La Iglesia de San Luis rechazó la "ley de inviolabilidad de la propiedad privada"
El obispo Diocesano, monseñor Gabriel Barba y la Pastoral Social enviaron una carta a los legisladores nacionales Adhirieron al documento de CEPAS y advirtieron: "La tierra no es una mercancía, sino un bien confiado a nuestra responsabilidad".
Monseñor Gabriel Barba y la Pastoral Social de la Diócesis de San Luis enviaron este martes una carta a los legisladores nacionales por la provincia, en la que manifestaron su rechazo a los aspectos del Proyecto de "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada" que podrían atentar contra la ecología integral, el desarrollo humano integral y la soberanía nacional.
El comunicado se enmarca en el Magisterio Social de la Iglesia Católica y adhiere expresamente a dos documentos previos: la "Carta Abierta a nuestros Legisladores" emitida por la Comisión Episcopal de Pastoral Social -CEPAS- el 16 de junio de 2026, y la exposición de Monseñor Juan Liébana, del Área Ecología Integral de CEPAS, ante la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado Nacional el 24 de junio de 2026.
Desde la Diócesis señalaron su preocupación por el avance de iniciativas legislativas que podrían priorizar intereses económicos por sobre el bien común y el cuidado del ambiente. "La tierra no es una mercancía".
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En el centro de la carta, la Iglesia puntana recuperó una de las premisas centrales de la Doctrina Social: el destino universal de los bienes. "La tierra no es una mercancía, sino un bien confiado a nuestra responsabilidad… Cuidar la Tierra es cuidar la Vida", expresa el texto enviado a los representantes de San Luis en el Congreso.
Con esa frase, monseñor Barba y la Pastoral Social pidieron a los legisladores que en el debate del proyecto se contemplen los impactos sociales y ambientales, y que se garantice que toda normativa respete la dignidad humana y el cuidado de la casa común.
La misiva se suma así a la voz de la Conferencia Episcopal Argentina, que en las últimas semanas viene alertando sobre los riesgos de retrocesos en materia de derechos sociales y ambientales.
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Fuente: El Diario de la República
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