La Justicia Federal avanzará contra las empresas extranjeras que buscan extraer petróleo de las Islas Malvinas

La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, se declaró competente en la causa por presunto daño ambiental y afectación de la soberanía argentina contra las empresas a cargo del proyecto Sea Lion.

La Justicia Federal avanzará contra las empresas extranjeras que buscan extraer petróleo de las Islas Malvinas.

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Luego de que el presidente Javier Milei anunciara la intención de endurecer las sanciones contra las empresas extranjeras que exploten petróleo de las Islas Malvinas y vulneren la soberanía argentina, la causa por daño ambiental y soberano avanzará formalmente en el fuero federal.

La jueza federal de Garantías de Río Grande, Mariel Borruto, se declaró competente para intervenir en la acción preventiva presentada contra las compañías a cargo del emprendimiento hidrocarburífero offshore denominado Sea Lion.

El yacimiento es fruto de la alianza comercial entre la firma israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, las cuales proyectan perforar y extraer petróleo en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas, dentro de la plataforma continental argentina.

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El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, se reunieron con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

Según señaló Infobae, la acción judicial fue promovida de forma conjunta por la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), con el objetivo de paralizar las tareas operativas y logísticas del proyecto. Las entidades demandantes explicaron que las firmas operan al amparo de licencias otorgadas de manera unilateral por el Reino Unido y denunciaron que la iniciativa no cuenta con la evaluación de impacto ambiental ni con el certificado de aptitud exigidos ante las autoridades argentinas por la Ley General del Ambiente N° 26.675.

Al asumir la causa, la jueza Borruto dispuso dar participación activa a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, otorgando a la Fiscalía de Estado provincial un plazo de diez días para ejercer la representación en resguardo de los recursos naturales y el patrimonio estatal.

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Según señaló el sitio Fiscales, la resolución intimó a las organizaciones demandantes a informar en un plazo de cinco días si iniciaron expedientes similares en otros juzgados y a presentar en formato digital la traducción formal de la documentación redactada en idioma extranjero.

Mapa del proyecto San Lion

El dictamen judicial se encuentra en sintonía con lo planteado por la Sede Fiscal Descentralizada de Río Grande, integrada por el fiscal Marcelo Rapoport y la auxiliar fiscal Lorena Bendaña. El Ministerio Público Fiscal advirtió que el hipotético impacto ambiental excede una escala local debido a la conexión oceanográfica de las aguas del Atlántico Sur con las ecorregiones del Mar Argentino.

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La infraestructura del proyecto Sea Lion incluye una red de pozos submarinos, ductos y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga. Respecto a estas instalaciones, la fiscalía remarcó que se busca desarrollar la actividad sin que los organismos nacionales hayan podido auditar la información técnica, exigir estudios independientes ni habilitar instancias de participación ciudadana.

Fuente: Los Andes

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