La Justicia Federal insiste con conocer detalles de la causa del Acueducto

A cuatro días de la fecha prevista para la formalización de la causa que investiga la obra del Acueducto Gran Tulum, la Justicia Federal insistió una vez más con conocer el objeto de la investigación, luego de que el fiscal Sebastián Gómez evitara dar detalles al respecto. Según señalaron fuentes allegadas, el Juzgado Correccional y Criminal N°1 le pidió a la jueza Mónica Lucero que le informe sobre el estado de la causa. 

El requerimiento, fechado el 6 de noviembre, se dirige a la jueza de Garantías y sostiene: "a los fines de reiterarle, que, a la mayor brevedad posible, se sirva certificar el objeto procesal y estado actual del expediente". La reiteración responde a que el juzgado a cargo de la jueza María Romilda Servini, subrogado por el juez Daniel Rafecas, ya había solicitado informes a la justicia sanjuanina. 

Sin embargo, en esa oportunidad, el representante del Ministerio Público respondió que estaba impedido de remitir informes, ya que todavía la causa no era formalizada y que, por cuestiones procesales, no correspondía hacerlo. En ese sentido, se entendía que, una vez presentado al caso ante todas las partes, el fiscal podía cumplir con lo requerido. Pese a ello, desde Comodoro Py metieron presión para que su pedido sea contestado con celeridad. 

Por el momento, se desconoce si la magistrada obró ante el mandato del juzgado federal, que podría hacer frente por la competencia de la causa. Quizás lo hizo el mismo día o recién podrá hacerlo, debido al calendario y los feriados, el martes 10 de noviembre, el mismo día que se celebraría la audiencia de formalización, con todos los futuros imputados presentes en Tribunales. 

Es que el día que se fijó para el comienzo, el proceso se suspendió por la ausencia de dos implicados, el senador Sergio Uñac y el diputado Cristian Andino. Por ello, la jueza postergó el arranque con la orden de que todos se hicieran presentes en Tribunales para la formalización, sin dejar que ninguno de ellos comparezca vía Zoom. Es que algunos habían planteado la posibilidad de presenciar todo desde otro lugar, debido a sus obligaciones parlamentarias, y ello fue rechazado por Lucero. 

La investigación judicial por las presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum atraviesa una etapa decisiva, aunque su avance quedó condicionado por dos discusiones. Por un lado, la formalización de los once investigados y, por otro, la disputa por la competencia entre la Justicia provincial y la Federal. A más de un año de que comenzara la pesquisa, la obra que debía garantizar el abastecimiento de agua potable para el Gran San Juan continúa paralizada y la Justicia todavía debe determinar si existieron maniobras delictivas en su contratación y ejecución.

La audiencia de formalización que no pudo concretarse. Uno de los avances procesales más importantes se produjo en septiembre de 2026, cuando la UFI de Delitos Especiales, a cargo de los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, notificó a once personas vinculadas con distintos momentos de la obra. Entre ellas se encuentran el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac; el diputado nacional Cristian Andino; exautoridades de OSSE, exfuncionarios provinciales y representantes de la empresa Krah, proveedora de las cañerías.

El 14 de octubre estaba prevista la audiencia de formalización, instancia en la que los fiscales debían comunicar los hechos investigados, los posibles delitos y la participación que atribuyen a cada uno. Sin embargo, la audiencia fue suspendida por la ausencia de Uñac y Andino, quienes justificaron su incomparecencia por compromisos parlamentarios. La jueza de Garantías Mónica Lucero dispuso reprogramarla, luego de que las partes solicitaran que los once investigados fueran convocados en una misma instancia. 

En paralelo a la suspensión de la audiencia, la defensa de Sergio Ruiz, expresidente de OSSE, impulsó un planteo para que la investigación salga de la Justicia provincial y pase al fuero federal. El argumento es que una parte sustancial del financiamiento de la obra provino de recursos nacionales, por lo que las presuntas irregularidades también podrían haber afectado fondos de esa jurisdicción.

El planteo llegó al Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 1, en ese momento a cargo de Daniel Rafecas, quien solicitó información a los fiscales sanjuaninos. El fiscal Sebastián Gómez respondió que no podía brindar mayores precisiones sobre los hechos antes de la formalización, porque hacerlo podría comprometer el desarrollo de la investigación y las garantías de los involucrados. No obstante, describió que la pesquisa apunta a determinar si funcionarios y particulares habrían participado en maniobras defraudatorias relacionadas con la adquisición de tuberías de polietileno de alta densidad. 

Las defensas también apuntaron contra los fiscales. El 27 de octubre se conoció otro capítulo de la disputa: abogados de los investigados presentaron una denuncia en Comodoro Py contra los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, quienes llevan adelante la investigación en San Juan. La presentación profundizó el conflicto entre las defensas y el Ministerio Público Fiscal, en un expediente donde todavía no se concretó la audiencia que permitirá conocer formalmente la imputación y los argumentos de la acusación. 

El Ministerio Público Fiscal confirmó que la audiencia de formalización fue reprogramada para el martes 10 de noviembre, a las 14:30, en la Sala de Audiencias N.º 9 de Tribunales. Allí deberán presentarse nuevamente los once investigados. La instancia será determinante para que la fiscalía exponga los hechos que considera delictivos y precise qué participación atribuye a cada uno. También habrá que observar si antes de esa fecha existe una definición sobre el planteo de competencia federal y si se producen nuevos movimientos de las defensas. 

La investigación no nació en los despachos judiciales, sino a partir de una serie de publicaciones periodísticas de Tiempo de San Juan que pusieron bajo la lupa la contratación de las cañerías, la adjudicación a Krah América Latina y los vínculos empresariales alrededor de la obra. Entre los datos revelados por el diario se destacó la relación de Gustavo Monti, primo del exgobernador Sergio Uñac, con la firma alemana: una factura emitida por su empresa a Krah por una comisión y, posteriormente, un documento de marzo de 2016 que acreditó que había actuado como apoderado de la compañía ante OSSE.

También se expusieron antecedentes sobre las licitaciones, las advertencias de una empresa competidora respecto de las tuberías y las modificaciones económicas de los contratos. Esas investigaciones fueron tomadas como sustento por el abogado Marcelo Arancibia, quien el 9 de diciembre de 2025 presentó la primera denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal.

De esa manera, el trabajo periodístico se convirtió en el punto de partida de una causa judicial que luego sumó allanamientos, informes técnicos, documentación administrativa y la intervención de la Fiscalía de Estado como querellante.

Podrían ascender al juez federal al que le hicieron un pedido por el Acueductogate

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