La Justicia Federal ordenó al Gobierno la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

El juez Martín Cormick declaró inconstitucional un decreto de Javier Milei que frenaba la ley de Financiamiento Universitario.

La falta de cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario ha sido objeto de marchas y reclamos.

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Un fallo de la Justicia Federal ordenó la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que había sido aprobada y ratificada por amplia mayoría en el Congreso nacional el año pasado, tras haber sido inicialmente vetada por el presidente Javier Milei, pero permanecía paralizada debido a condiciones establecidas en su reglamentación.

El fallo del juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, declara la inconstitucionalidad de una parte del decreto 759/2025, la cual frenaba la aplicación de la norma 27.795. En consecuencia, la resolución judicial exige la inmediata restitución de los mecanismos de actualización salarial y presupuestaria contemplados en la normativa aprobada por el Congreso.

El pronunciamiento del magistrado hizo lugar a la medida cautelar que habían presentado gremios docentes, agrupaciones estudiantiles y autoridades universitarias. En los fundamentos de la sentencia, el juez Cormick remarcó que el Poder Ejecutivo incurrió en un exceso de facultades al pretender alterar mediante un decreto de necesidad y urgencia las partidas aprobadas por ley nacional.

El decreto en cuestión, que llevaba las firmas de Guillermo Francos (ex jefe de Gabinete) y Sandra Pettovello- condicionaba la ejecución de la ley a que el Congreso le asignara partidas específicas, en base a lo establecido en la Ley de Administración Financiera.

Según se desprende de la resolución judicial, esa medida del Gobierno afectaba de forma directa garantías constitucionales, ya que se convertía en una especie de nuevo veto. "El Poder Ejecutivo no puede suspender unilateralmente la aplicación de leyes vigentes vinculadas al sostenimiento operativo de las casas de altos estudios sin la debida intervención de las vías legislativas correspondientes", sostiene uno de los pasajes principales del fallo judicial.

"Suspender la aplicación de una ley entendiendo que se ha omitido precisar con exactitud las fuentes de financiamiento cuando existe un artículo que da pautas sobre la cuestión, deviene irrazonable", dice otro párrafo relevante.

En consecuencia, el fallo deja sin efecto el decreto gubernamental por vulnerar la división de poderes y arrogarse facultades legislativas no delegadas. Además, ordena a las áreas financieras del Estado nacional readecuar las partidas vigentes para dar cumplimiento a los giros correspondientes a salarios de docentes, no docentes y gastos de funcionamiento.

Tras conocerse la novedad en los pasillos de los tribunales de Retiro, referentes del sector académico celebraron la resolución como un "respiro histórico" para el sistema universitario. Por su parte, la Procuración del Tesoro de la Nación ratificó que apelará el fallo de primera instancia ante la Cámara Federal, por lo que la disputa presupuestaria promete sumar nuevos capítulos.