La Justicia frenó las elecciones de la UTA: deberán reabrir la presentación de listas

Las elecciones de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) quedaron suspendidas en todo el país y San Luis deberá reabrir la presentación de listas y avales, una de las etapas cuestionadas por la oposición sindical. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dispuso que los comicios previstos para el 7 y 8 de octubre se realicen el 17 y 18 de diciembre de 2026, con supervisión judicial y nuevas medidas de control sobre los padrones.

La resolución fue dictada en la causa iniciada por la Lista Negra contra el sindicato. El tribunal consideró que persistieron y se agravaron las anomalías que habían motivado una intervención anterior, el 17 de septiembre, y advirtió que avanzar con la votación en octubre comprometía la validez del proceso.

La decisión alcanza expresamente a San Luis, Entre Ríos, Neuquén, Santiago del Estero, La Plata y Chaco, donde la Lista Negra había quedado excluida. No implica anular todas las actuaciones: la Cámara ordenó retrotraer el procedimiento a la presentación de listas y avales. Los respaldos ya reunidos conservarán su validez y las nóminas que vuelvan a presentarse en los mismos términos que las ya oficializadas deberán recibir igual tratamiento.

Uno de los puntos centrales del fallo es la confección de los padrones. El tribunal detectó 2.870 exclusiones procesadas entre junio y el 24 de agosto bajo la causal genérica de "Cese Laboral (despido, renuncia, etc.)", sin precisar cuándo había terminado cada relación de trabajo. Esa fecha resulta determinante para establecer si corresponde mantener la afiliación y el derecho al voto durante los seis meses posteriores al cese.

También hubo observaciones sobre la distribución de los electores. De las 494 mesas, que reunían a 61.664 votantes, once superaban los 600. Algunas concentraban 1.067, 1.037 y 1.000 personas, mientras que en el extremo opuesto había mesas con un solo elector, una situación que compromete el secreto del sufragio. La Cámara estableció un máximo de 600 votantes por mesa.

Para supervisar el proceso, designó como veedor judicial al abogado Matías Cremonte. Podrá asistir a las reuniones de la Junta Electoral Central, acceder a documentación y sistemas, y controlar los padrones, la oficialización de listas, las boletas y el escrutinio. La Junta seguirá en funciones, pero deberá entregar el expediente electoral completo y actuar bajo esa supervisión.

La resolución también dispuso una urna complementaria para votos observados de afiliados pasivos o de personas cuyo derecho a sufragar esté en discusión. Además, ordenó requerir información al Registro Nacional de las Personas y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero para verificar fallecimientos y fechas de desvinculación laboral.

En San Luis, la disputa incluye denuncias por el rechazo de listas opositoras y cuestionamientos al padrón. El apoderado de la Lista Negra, Leandro Recalde, sostuvo ante El Diario que la Junta Electoral rechazó la oficialización de tres listas aun después de una orden judicial para que las reevaluara con criterios claros. La agrupación también denunció la inclusión de fallecidos y de personas ajenas a la actividad, así como el rechazo de impugnaciones que, según afirmó, estaban acompañadas de pruebas.

A ese conflicto se sumó el testimonio de Mariano Orozco, trabajador del pañol de Transpuntano SAPEM, quien declaró bajo juramento que fue despedido sin causa el 5 de agosto. Según su relato, había recibido advertencias vinculadas con la participación de su padre, Lucio Orozco, como subapoderado de la Lista Negra en la provincia. El trabajador atribuyó su desvinculación a esa relación familiar y denunció controles permanentes de superiores a quienes vinculó con la Lista Celeste y Blanca.

Ese señalamiento forma parte de las denuncias de la oposición y no equivale a una conclusión judicial sobre los motivos del despido. La medida de la Cámara, en cambio, tiene un efecto concreto sobre la disputa electoral: obliga a reabrir la instancia en la que quedaron excluidas las listas y somete el camino hacia las urnas a un control judicial que abarcará desde los padrones hasta el escrutinio.

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