La Justicia ordenó al Gobierno reparar tres rutas nacionales

BUENOS AIRES.- El juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, consideró que la falta prolongada de mantenimiento y conservación de los corredores constituyó una omisión "con arbitrariedad o ilegalidad manifiestas".

El magistrado hizo lugar a una acción de amparo presentada en marzo de 2025 por la senadora provincial de Unidos para Cambiar Santa Fe, Leticia Di Gregorio, contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La resolución establece que el Estado nacional deberá garantizar las reparaciones a través de Vialidad Nacional o del organismo que eventualmente asuma sus competencias, aunque las obras sean ejecutadas por empresas concesionarias.

En ese sentido, Cuello Murúa dejó en claro que una eventual transferencia de las tareas a compañías privadas no modifica la responsabilidad del Estado nacional de asegurar el cumplimiento de la orden judicial y la transitabilidad de las rutas.

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La decisión se conoció mientras el Gobierno avanza con nuevas adjudicaciones dentro de la Red Federal de Concesiones. Según consta en el expediente, la Ruta 33 fue adjudicada a CPC SA, empresa vinculada a Cristóbal López, en el tramo Portuario Norte. En tanto, las rutas 7 y 8 fueron adjudicadas a Creditech SA y Plantel SA, y Basaa SA y Cecosa SA, respectivamente, en los tramos correspondientes.

Para el Juez, los cambios en los contratos de concesión no pueden utilizarse como argumento para postergar las reparaciones que necesitan los corredores.

Al analizar el caso, Cuello Murúa sostuvo que parte de las dificultades para avanzar con las obras estuvieron vinculadas con la falta de aprobaciones presupuestarias y solicitudes de provisión que involucraban a la Secretaría de Transporte, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

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Para el Juez, los distintos organismos intervinientes incurrieron en incumplimientos dentro de sus respectivas competencias, lo que configuró una "omisión comunitaria" del Estado.

De esta manera, la resolución excede la disputa entre el Estado y las empresas concesionarias y establece que el Gobierno nacional deberá garantizar que las rutas 7, 8 y 33 recuperen su plena transitabilidad en el sur santafesino, independientemente de qué organismo o empresa quede a cargo de ejecutar las obras.

Fuente: El Sureño

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