La Justicia suspendió las elecciones de la UTA y fijó una nueva fecha para diciembre

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo detectó irregularidades en los padrones, la distribución de las mesas y la oficialización de listas. El proceso deberá retrotraerse a la presentación de listas y avales y los comicios se realizarán el 17 y 18 de diciembre.

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La Justicia suspendió las elecciones de la UTA y fijó una nueva fecha para diciembre La Justicia suspendió las elecciones de la UTA y fijó una nueva fecha para diciembre

Las elecciones de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), previstas originalmente para el 7 y 8 de octubre, fueron suspendidas por la Justicia tras la detección de distintas irregularidades durante el proceso electoral. La decisión fue adoptada por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que dispuso rehacer parte del procedimiento y estableció una nueva fecha de votación para diciembre.

El tribunal ordenó retrotraer el proceso hasta la etapa de presentación de listas y avales, por lo que deberán revisarse nuevamente las actuaciones alcanzadas por los cuestionamientos. La nueva elección quedó fijada para el jueves 17 y viernes 18 de diciembre de 2026, manteniendo los lugares y horarios contemplados en la convocatoria original.

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La resolución surgió a partir de una causa iniciada por la Lista Negra contra la organización sindical. Según la Cámara, las dificultades que habían sido advertidas en una resolución anterior no fueron solucionadas y algunas de ellas se profundizaron, por lo que consideró que los comicios no podían desarrollarse válidamente en las condiciones previstas para octubre.

La Justicia no anuló todo el proceso electoral. En cambio, dispuso que se vuelva a una etapa anterior para reconstruir los pasos afectados por las irregularidades, manteniendo vigentes los aspectos esenciales de la convocatoria original.

Entre los principales puntos observados aparecen cuestiones relacionadas con los padrones de afiliados, la distribución de electores en las mesas y la oficialización de algunas listas. El tribunal también estableció nuevas pautas para la organización de las mesas y determinó que ninguna podrá superar los 600 votantes.

Uno de los elementos analizados fue la existencia de 2.870 exclusiones registradas entre junio y el 24 de agosto, en las que figuraba de manera genérica como motivo el cese de la relación laboral, sin que en todos los casos estuviera consignada la fecha concreta de finalización. Ese dato fue considerado relevante por la Cámara al analizar la situación de afiliados que podrían conservar su derecho a votar durante un período posterior a la desvinculación laboral.

También se detectaron diferencias importantes en la cantidad de electores asignados a determinadas mesas. De acuerdo con la documentación analizada por el tribunal, algunas superaban los 600 votantes y otras tenían una cantidad considerablemente menor. Frente a esta situación, la resolución estableció nuevos criterios para la distribución de los padrones.

La cuestión de las listas opositoras también fue incluida dentro de las medidas. La Cámara dispuso que el nuevo proceso permita revisar nuevamente las presentaciones y oficializaciones alcanzadas por los planteos judiciales, entre ellas las correspondientes a las seccionales de San Luis, Entre Ríos, Neuquén, Santiago del Estero, La Plata y Chaco.

Otro aspecto central del fallo fue la designación de un veedor judicial. El abogado Matías Cremonte tendrá a su cargo la supervisión de distintas instancias del proceso y podrá acceder a documentación, registros y sistemas utilizados por la organización sindical.

Entre sus facultades se encuentra la posibilidad de participar de reuniones de la Junta Electoral, solicitar copias de documentación y controlar aspectos vinculados con los padrones, la presentación y oficialización de listas, la distribución de mesas, las boletas, la votación y el escrutinio.

La Junta Electoral Central continuará en funciones, al igual que las juntas electorales locales. La Cámara rechazó el pedido para reemplazarlas, aunque estableció que deberán desarrollar nuevamente las etapas alcanzadas por la decisión judicial y permitir el control del veedor.

La resolución también contempla la utilización de una urna complementaria para votos observados, destinada a determinadas situaciones en las que el derecho a sufragar de un afiliado pueda encontrarse bajo análisis.

Además, se ordenaron medidas para verificar información ante el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), vinculada con algunos de los puntos cuestionados durante el proceso electoral.

Con estas medidas, la elección nacional de la UTA deja atrás el cronograma que contemplaba la votación para octubre y entra en una nueva etapa. La presentación de listas y avales deberá ser revisada nuevamente y los comicios quedaron establecidos para el 17 y 18 de diciembre de 2026, bajo supervisión judicial.