La Legislatura aprobó un sistema de alerta temprana para reforzar la respuesta ante inundaciones

La Cámara sancionó la ley que crea el Sistema Provincial de Alerta Temprana y Gestión Integral del Riesgo, una herramienta que busca mejorar la prevención y la coordinación frente a fenómenos climáticos. La sesión también dejó un fuerte cruce político entre oficialismo y oposición durante el tratamiento de otra iniciativa vinculada a obras hídricas.

La Legislatura de Tucumán aprobó la creación del Sistema Provincial de Alerta Temprana y Gestión Integral del Riesgo, una ley que apunta a fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a inundaciones, incendios y otros eventos de emergencia. La norma también incorpora un Padrón Provincial de Personal de Emergencia y Voluntariado, con el propósito de organizar los recursos humanos disponibles para actuar en situaciones críticas.

La iniciativa nació en el ámbito de la Comisión Especial de Emergencia Hídrica y propone un esquema de trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, los municipios, las comunas rurales y los organismos que intervienen durante este tipo de contingencias. Además, adapta la legislación tucumana a los lineamientos de la Ley Nacional 27.287 de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil.

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Uno de los aspectos centrales del nuevo sistema consiste en la implementación de cuatro niveles de alerta —verde, amarillo, naranja y rojo—, que definirán las medidas preventivas y operativas según la gravedad de cada episodio. La ley también establece que las comunicaciones oficiales deberán llegar a la población mediante plataformas tecnológicas para garantizar información rápida y accesible.

Otro de los puntos relevantes crea un Registro Provincial de Recursos Materiales y Logísticos para Emergencias, donde se incorporarán maquinarias, vehículos, equipos de comunicación, refugios, centros operativos e insumos estratégicos disponibles para afrontar situaciones de riesgo.

A su vez, el padrón de personal reunirá a representantes de municipios y comunas, técnicos de organismos públicos, bomberos y voluntarios acreditados, con el objetivo de mejorar la coordinación durante las emergencias.

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Al término de la sesión, el vicegobernador Miguel Acevedo destacó el alcance de la norma. «Se sancionó un trabajo desarrollado por la Comisión Hídrica, donde se establecen parámetros para ser remitidos al Poder Ejecutivo y se fortalecen las atribuciones de Defensa Civil en casos de emergencia, además de definir los niveles y colores de alerta», sostuvo.

También afirmó: «Con estas herramientas generamos posibilidades para que el Poder Ejecutivo pueda desarrollar de mejor manera su accionar, especialmente en temas de catástrofes y emergencias. Vamos a seguir profundizando el trabajo conjunto para que las normas lleguen a la ciudadanía y mejoren la calidad de vida de los tucumanos y tucumanas».

La aprobación del sistema de alerta transcurrió dentro de una sesión especial extraordinaria que también expuso el nuevo clima político de la Legislatura con vistas a las elecciones provinciales de 2027.

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El momento de mayor tensión surgió durante el tratamiento del convenio entre la Provincia y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para financiar la obra de desagües pluviales del barrio 360 Viviendas. La oposición cuestionó la magnitud del proyecto y aprovechó el debate para criticar la gestión provincial y el sistema electoral de acoples.

Desde el oficialismo respondieron con dureza. Legisladores peronistas defendieron la inversión en infraestructura, rechazaron las acusaciones sobre el sistema electoral y responsabilizaron al Gobierno nacional por la paralización de la obra pública. El intercambio elevó el tono de la sesión y dejó expuesto el inicio de una etapa marcada por la confrontación política dentro de la Cámara.

La nueva ley establece un esquema integral para prevenir, coordinar y responder ante situaciones de emergencia en todo el territorio tucumano. El objetivo consiste en unificar los protocolos de actuación entre la Provincia, los municipios, las comunas rurales y los organismos que participan en operativos de asistencia.

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El sistema incorporará cuatro niveles de alerta identificados con los colores verde, amarillo, naranja y rojo. Cada uno definirá el grado de riesgo y las medidas que deberán adoptar las autoridades antes, durante y después de cada evento climático o ambiental.

La norma también dispone que las alertas oficiales se difundan a través de plataformas tecnológicas para garantizar que la población reciba información clara y oportuna cuando exista una situación de riesgo.

Otro de los pilares del proyecto consiste en la creación del Registro Provincial de Recursos Materiales y Logísticos para Emergencias. Ese inventario reunirá maquinaria, vehículos, equipos de comunicación, refugios, centros operativos e insumos estratégicos disponibles para asistir a las zonas afectadas.

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Además, la legislación crea el Padrón Provincial de Personal de Emergencia y Voluntariado, integrado por representantes de municipios y comunas, personal técnico de organismos públicos, bomberos y voluntarios acreditados. La finalidad consiste en contar con un registro actualizado de los recursos humanos disponibles para intervenir de manera rápida y coordinada ante una emergencia.

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Fuente: El Federalista

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