La letra chica del acuerdo entre Cornejo y Luis Caputo para compensar las deudas de Mendoza y Nación

La Provincia reconoce una deuda de $333.434 millones, mientras Nación admite acreencias mendocinas por $121.282 millones.

Rutas nacionales, Consenso Fiscal y viviendas forman parte de los $121.282 millones que Nación reconoce a Mendoza

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El Gobierno de Alfredo Cornejo envió a la Legislatura el acuerdo financiero alcanzado con la Nación para compensar deudas entre ambas administraciones y reprogramar el saldo que mantiene la Provincia.

La operación permitirá reconocer acreencias mendocinas por más de $121.000 millones, aunque después del cruce de cuentas quedarán $212.152 millones a favor del Estado nacional, que Mendoza deberá devolver entre este año y 2027.

El convenio fue firmado el 27 de julio por Cornejo y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y posteriormente aprobado por el gobernador mediante el Decreto 1691 con fecha del 18 de agosto.

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El proyecto de ley ingresó formalmente a la Cámara de Diputados este miércoles y necesita la ratificación de ambas cámaras para que el entendimiento entre en vigencia.

El gobernador Alfredo Cornejo junto con el ministro de Economía, Luis Caputo.

La negociación se realizó dentro del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, un mecanismo implementado por el Gobierno nacional para que Nación y las provincias puedan identificar, conciliar y compensar deudas cruzadas.

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En el caso mendocino, el punto de partida es el anticipo financiero otorgado este año por Nación a la Provincia. Mendoza reconoce una obligación total de $333.434.931.506, contemplando capital e intereses. Frente a eso, el Estado nacional acepta acreencias provinciales por $121.282.044.592.

La diferencia entre ambas cifras determina el resultado de la operación: Mendoza seguirá debiendo $212.152.886.914 a Nación.

Uno de los principales puntos del acuerdo es que el Gobierno nacional formaliza una serie de obligaciones que Mendoza venía reclamando y que, según la fundamentación del Ejecutivo provincial, eran créditos exigibles pero se encontraban controvertidos, en instancias administrativas o todavía bajo gestiones ante las autoridades nacionales.

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También se reconocen tres acreencias relacionadas con el Consenso Fiscal. Son $19.486 millones correspondientes al segundo, tercer y cuarto trimestre de 2024; $11.896 millones del ejercicio 2025; y otros $7.603 millones correspondientes al primer y segundo trimestre de 2026.

Finalmente, Nación reconoce un saldo pendiente de $2.295 millones por obras de vivienda. La suma de los cinco conceptos alcanza los $121.282 millones que serán utilizados para reducir la deuda provincial.

En la fundamentación del Decreto 1691, el Ejecutivo remarca una diferencia entre las obligaciones de cada jurisdicción. Señala que la deuda de Mendoza con Nación es "líquida, exigible" y cuenta con plazos y mecanismos de pago establecidos, mientras que los créditos provinciales que ahora reconoce el Gobierno nacional no tenían hasta el acuerdo el mismo nivel de certeza y ejecutoriedad.

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Una vez realizada la compensación, el convenio establece un nuevo cronograma para devolver el saldo restante. La primera parte comprende $97.500 millones, que Mendoza pagará en cuatro cuotas mensuales, iguales y consecutivas. La primera vencerá el último día hábil de agosto de 2026. Además, la Provincia deberá afrontar un pago único de $8.434 millones el último día hábil de diciembre de este año.

El tercer tramo corresponde a los $106.217 millones restantes, que serán cancelados mediante siete cuotas mensuales, iguales y consecutivas. En este caso, el primer vencimiento será el último día hábil de junio de 2027.

Sobre esas obligaciones se aplicará una tasa nominal anual del 15%. Hasta el 31 de diciembre de 2026, los intereses se devengarán mensualmente desde la firma del convenio y serán abonados en una cuota al finalizar el año. Desde enero de 2027, se calcularán mensualmente sobre el capital pendiente de amortización.

El pago estará respaldado por los fondos de la Coparticipación Federal de Impuestos. El acuerdo habilita a realizar retenciones sobre esos recursos para cancelar los servicios de capital e intereses.

Además de reducir el monto mediante la compensación, el Ejecutivo sostiene que el nuevo cronograma representa un beneficio financiero para Mendoza.

Un informe conjunto de la Subsecretaría de Finanzas y la Dirección de Crédito al Sector Público estimó ese beneficio en $7.677 millones a valores del 1 de agosto de 2026.

La cifra no representa nuevos fondos que ingresarán a las arcas provinciales, sino el valor económico que el Gobierno calcula por el diferimiento de vencimientos y la modificación del esquema de devolución respecto del cronograma que estaba vigente antes del convenio.

El acuerdo tiene además una contrapartida judicial. Mendoza se compromete a desistir de dos demandas contra el Estado nacional que tramitan ante la Corte Suprema de Justicia.

Una de ellas fue iniciada en 2023 y cuestiona la constitucionalidad y aplicación del Decreto 473/2023, relacionado con las modificaciones en el Impuesto a las Ganancias realizadas durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía.

El segundo expediente comenzó en 2020 y cuestiona el Decreto 756/2018, mediante el cual durante la presidencia de Mauricio Macri se eliminó el Fondo Federal Solidario (FOFESO).

Para justificar la decisión de abandonar ambas causas, el Gobierno provincial sostiene que los procesos tuvieron pocos avances desde su presentación y que se trata de reclamos de resultado incierto.

"Se trata en definitiva de créditos controvertidos y de resultado incierto, con escasos o nulos avances procesales", argumenta el Ejecutivo en el decreto enviado junto al proyecto. También señala que, por las características de los procesos ante la Corte Suprema, no existe un plazo determinado para conocer una resolución.

El convenio establece que Mendoza deberá desistir tanto de la acción como del derecho respecto de ambos expedientes y que las partes tendrán que presentar el acuerdo para su homologación judicial. Las costas serán distribuidas en el orden causado y los honorarios deberán ser afrontados por cada parte.

El reconocimiento de $80.000 millones por las rutas nacionales 40 y 143, que constituye la mayor acreencia incorporada a la compensación, tiene condiciones específicas. El convenio dispone que Vialidad Nacional deberá supervisar las tareas ejecutadas por Mendoza y recibir información periódica sobre el avance de las obras.

En caso de que la Provincia incumpla alguno de los convenios específicos vinculados con esos trabajos, quedará sin efecto la parte de la compensación correspondiente al monto incumplido. Mendoza deberá entonces devolver esa suma de manera proporcional, con los intereses de actualización previstos en el acuerdo.

La Nación también podrá recuperar esos recursos mediante retenciones automáticas de la Coparticipación Federal.

Obras sobre la Ruta 143.

La compensación que ahora deberá tratar la Legislatura no implica cerrar definitivamente las cuentas entre Mendoza y Nación. El propio convenio establece que pueden existir otras obligaciones recíprocas que no fueron incorporadas en esta instancia y habilita a las dos administraciones a presentarlas en futuros acuerdos dentro del mismo régimen.

Además, una vez que el convenio entre en vigencia, Mendoza deberá proporcionar periódicamente al Ministerio de Economía nacional información sobre la evolución de sus finanzas públicas. Entre otros datos, tendrá que informar presupuesto, deuda, ejecución del gasto, planta de personal, recursos tributarios y financiamiento a municipios.

El proyecto enviado por Cornejo consta de dos artículos. El primero solicita a la Legislatura la ratificación del Decreto 1691 y del convenio firmado con Caputo, mientras que el segundo dispone su comunicación al Poder Ejecutivo. El acuerdo comenzará a regir una vez que se complete la ratificación provincial.

Fuente: Los Andes

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