La Ley de Ciberseguridad obtuvo despacho de comisiones y será tratada en la próxima sesión del Senado

El proyecto de Ley de Ciberseguridad puede lograr sanción inicial en la próxima sesión del Senado provincial. Expusieron autoridades de la Universidad Champagnat.

Autoridades de la Universidad Champagnat expusieron en la comisión de LAC sobre la Ley de Ciberseguridad

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Mientras perdura caído el sitio web del Senado de Mendoza, después de haber sufrido un hackeo el 24 de julio pasado, el proyecto de Ley de Ciberseguridad del Poder Ejecutivo que busca proteger la infraestructura digital del Estado logró despacho de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y podrá ser tratado el martes próximo en el recinto.

En la reunión de esta mañana, la comisión que preside el senador Walther Marcolini (UCR) recibió a autoridades de la Universidad Champagnat, quienes expusieron un análisis técnico del proyecto y presentaron un informe elaborado junto a especialistas nacionales e internacionales en ciberseguridad.

Asistieron el decano de la Facultad de Informática y Diseño, Rodolfo Giro, y la secretaria de Transformación Digital de la Universidad Champagnat, Mariana Brachetta.

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Durante su exposición, Giro destacó la importancia de que el ámbito académico pueda contribuir al debate legislativo mediante el aporte de conocimientos especializados.

En ese sentido, señaló que la Universidad viene desarrollando proyectos de investigación vinculados con la ciberseguridad y la ciberprotección, y remarcó que la prevención y la capacitación constituyen herramientas fundamentales para reducir los delitos informáticos.

Asimismo, indicó que el análisis realizado por la institución resulta favorable al proyecto, aunque incorpora algunas observaciones técnicas para fortalecer su implementación.

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Por su parte, Brachetta explicó que, tras conocerse el anteproyecto, la Universidad Champagnat conformó un consejo consultivo integrado por especialistas de reconocida trayectoria para elaborar una evaluación técnica de la iniciativa.

Entre ellos se encuentran referentes nacionales e internacionales vinculados a la gobernanza de Internet, la cibercriminalidad y la informática forense.

Según detalló, el informe considera que el proyecto representa una herramienta estratégica para Mendoza y que su estructura general se encuentra alineada con los estándares internacionales.

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No obstante, recomendó revisar algunos aspectos vinculados con la arquitectura institucional que tendrá a su cargo la coordinación de la política de ciberseguridad, la definición de funciones entre los organismos involucrados y los perfiles técnicos requeridos para su conducción.

Asimismo, los especialistas plantearon la conveniencia de lograr un adecuado equilibrio entre la protección de la información sensible y el intercambio de datos técnicos con organismos especializados, tanto nacionales como internacionales, para fortalecer la prevención y la respuesta frente a incidentes informáticos.

También sugirieron revisar algunas definiciones contenidas en el articulado, entre ellas el concepto de infraestructura crítica esencial, e incorporar criterios de gradualidad para la implementación de la norma, considerando las distintas capacidades tecnológicas de los organismos públicos.

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Durante el tratamiento, la senadora radical Natalia Eisenchlas consultó a las autoridades universitarias sobre el enfoque conceptual de la iniciativa.

En respuesta, Brachetta sostuvo que el esquema propuesto responde a los modelos internacionales de ciberseguridad y señaló que las observaciones formuladas por los especialistas apuntan a brindar mayores precisiones en determinados aspectos para facilitar su aplicación.

Posteriormente, los legisladores repasaron las modificaciones incorporadas al proyecto. Entre los principales cambios se encuentra la reformulación del artículo 14, mediante la cual la aplicación obligatoria de la ley queda circunscripta al Poder Ejecutivo.

En tanto, a través del nuevo artículo 40 se invita al Poder Legislativo y al Poder Judicial a designar representantes para integrar el Comité Provincial de Ciberseguridad, mientras que el artículo 39 convoca a los municipios a adherir a los principios rectores del Plan Provincial de Ciberseguridad, respetando sus autonomías.

En el tramo final de la reunión, el senador Félix González (Fuerza Patria) adelantó que su bloque trabaja en la elaboración de un despacho alternativo, el cual será presentado para su consideración. Vale decir que el kirchnerismo presentó su propio proyecto de ley contra el ciberdelito la semana pasada.

Al respecto, señaló que la intención es concluir la redacción del documento y ponerlo a disposición antes de la reunión de Labor Parlamentaria.

Por su parte, el presidente de la comisión, Walther Marcolini, explicó que la comisión avanzaría con el despacho del proyecto y que posteriormente serán las autoridades de la Cámara quienes definirán su incorporación al orden del día y la mecánica para el tratamiento de los distintos despachos.

De esta manera, el proyecto obtuvo despacho favorable en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y quedó en condiciones de ser tratado por el Cuerpo durante la próxima sesión del Senado.

El proyecto crea el Sistema Provincial de Ciberseguridad, encargado de coordinar las políticas públicas de prevención, detección, respuesta y recuperación ante incidentes que afecten los sistemas informáticos o comprometan información crítica del Estado provincial.

La propuesta contempla la elaboración de una Estrategia Provincial de Ciberseguridad, la implementación de protocolos de gestión de riesgos, auditorías periódicas, mecanismos de notificación de incidentes y planes de continuidad operativa para garantizar la prestación de los servicios esenciales.

Asimismo, impulsa la capacitación permanente de los agentes públicos, campañas de concientización destinadas a la ciudadanía y el intercambio de información y buenas prácticas con organismos especializados.

Entre sus principales herramientas prevé la creación de un Centro de Operaciones de Seguridad, un Equipo de Respuesta ante Incidentes y un Registro Provincial de Incidentes de Ciberseguridad.

También incorpora un Programa de Divulgación Responsable para que especialistas en seguridad informática puedan reportar vulnerabilidades detectadas en sistemas públicos bajo un esquema de confidencialidad y protección jurídica.

Además, establece obligaciones para las empresas proveedoras de servicios digitales al Estado, fija un régimen progresivo de sanciones ante incumplimientos en materia de ciberseguridad e introduce modificaciones a la Ley Provincial de Administración Financiera para agilizar la incorporación y actualización de herramientas tecnológicas destinadas a proteger la información estratégica del Estado.

Fuente: Los Andes

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