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La morosidad en Ingresos Brutos está en máximos en 20 meses

El incumplimiento en Córdoba superó los 38 mil contribuyentes el número más alto desde diciembre de 2024. El deterioro coincide con la caída de la actividad y con un fuerte retroceso de la recaudación.

Por Pablo Petovel5 min de lectura
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La morosidad en Ingresos Brutos está en máximos en 20 meses
La morosidad en Ingresos Brutos está en máximos en 20 meses · Foto: La Voz

La crisis económica golpea con fuerza los ingresos de la administración de Martín Llaryora. En los primeros siete meses de 2026, las cuentas de la Provincia soportaron un retroceso real del 7% en la recaudación total, en un escenario marcado por la fuerte caída de actividades centrales para la economía cordobesa, como la industria, el comercio y la construcción.

El deterioro se profundizó en julio. En efecto, los recursos de origen provincial registraron el mes pasado una baja real del 16% interanual. Dentro de ese conjunto, Ingresos Brutos, que explica más del 70% de la recaudación propia de Córdoba, mostró una contracción del 13% en términos reales respecto de igual mes de 2025.

A ese cuadro se suma ahora otra señal: el crecimiento de la cantidad de contribuyentes con incumplimientos ante el fisco provincial.

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Los datos de la Dirección General de Rentas indican que el número de contribuyentes de Ingresos Brutos considerados en "riesgo fiscal" superó los 38 mil por primera vez en 20 meses.

Se trata de sujetos obligados que presentan algún tipo de irregularidad ante el organismo recaudador provincial, ya sea por deudas impositivas u otros incumplimientos establecidos por la norma.

Según la información oficial, en agosto la cantidad de contribuyentes de Ingresos Brutos incluidos en esa categoría llegó a 38.468, un 1,9% más que los 37.736 registrados un mes antes.

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El salto más fuerte se había producido en julio, cuando la cantidad de contribuyentes en riesgo fiscal creció 7,6% respecto de junio y llegó a 37.736 casos. Ese mes se incorporaron 3.618 contribuyentes al registro, mientras que otros 945 fueron excluidos o regularizaron su situación. Sólo en los dos primeros meses del segundo semestre ingresaron a riesgo fiscal 5.480 contribuyentes.

Para encontrar una cifra superior a los 38 mil contribuyentes hay que remontarse a diciembre de 2024, cuando la economía todavía sufría los coletazos de la devaluación registrada al inicio de la gestión de Javier Milei. En aquel momento, el registro provincial contabilizaba 39.451 contribuyentes en riesgo fiscal.

Desde entonces, el indicador se había mantenido mayormente en una franja de entre 35 mil y 36 mil casos, hasta el salto de ahora.

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Con se dijo, esto coincide con el deterioro de la recaudación de Ingresos Brutos, el principal impuesto propio de Córdoba y una variable directamente relacionada con el nivel de actividad económica.

La secuencia negativa comenzó en mayo, cuando los recursos obtenidos a través de Ingresos Brutos retrocedieron 5% interanual en términos reales. En junio, la caída se profundizó hasta el 8% y en julio llegó al 13%. Sólo por este tributo, Córdoba dejó de recaudar, en promedio, unos $ 195 millones por día durante los primeros siete meses de 2026.

La base de declaraciones juradas de Ingresos Brutos de Córdoba comprende alrededor de 120 mil contribuyentes. De ese total, más de 38 mil presentan actualmente alguna de las condiciones que los ubican dentro del régimen de riesgo fiscal.

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La cifra actual es elevada, aunque está por debajo de los máximos de años atrás. En 2018, durante la segunda mitad de la presidencia de Mauricio Macri y cuando comenzó la crisis económica de la que aún no logra salir la Argentina, llegaron a estar en riesgo fiscal cerca de 60 mil contribuyentes, la mitad del universo alcanzado por el impuesto.

La nómina actual incluye tanto a morosos como a contribuyentes (grandes, medianos y pequeños) que tienen trámites pendientes.

Los contribuyentes incluidos en la lista quedan alcanzados por una alícuota agravada hasta que regularizan su situación. Las causas para ser considerado en riesgo fiscal son varias. Entre ellas figura no haber presentado seis o más declaraciones juradas durante los últimos 36 meses.

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También pueden quedar comprendidos quienes tengan determinada de oficio y firme una obligación tributaria y no la hayan abonado o regularizado dentro del plazo correspondiente; aquellos que hayan prestado conformidad a los resultados de una fiscalización pero no hayan cancelado la deuda en el período establecido, o los contribuyentes con obligaciones impagas por las cuales ya se inició una ejecución fiscal, entre otras situaciones previstas por Rentas.

La mora también viene creciendo entre las familias. En la provincia hay 377.169 deudores con atrasos que van desde los 90 días hasta más de un año en préstamos, tarjetas y otras líneas de financiamiento. Representan alrededor del 15% del total prestado a 1,56 millones de cordobeses endeudados.

Dentro de ese universo, la morosidad con bancos promedia el 16,5% (son 115.632 deudores los atrasados) y, la más grave, la que se registran entre deudores de proveedores no financieros de crédito (PNFC), supera el 43% (123.043 personas).

El universo de los PNFC incluye a empresas de préstamos personales, fintech de crédito, cooperativas, mutuales y comercios que financian compras con créditos propios (grandes cadenas de electrodomésticos, por ejemplo).

Los datos, publicados la semana pasada por La Voz, fueron elaborados por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) sobre información de la Central de Deudores del Banco Central. La deuda total en mora en Córdoba alcanza $ 1,08 billones.

El fenómeno también comenzó a trasladarse al interior de las empresas. En un sondeo realizado por este medio entre empresarios de la industria, el comercio y los servicios de Córdoba, el 60% aseguró tener trabajadores con atrasos notorios en el pago de sus obligaciones.

Además, el 45% señaló que aumentaron los pedidos de adelantos salariales o la llegada de embargos judiciales sobre los haberes. Algunas compañías comenzaron a responder con anticipos de sueldo, préstamos internos, horas extras u otros mecanismos de asistencia, mientras que otras reconocen que su propia situación económica les impide brindar ayuda financiera a sus empleados.

Fuente: La Voz

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