La Nación formalizó el Programa de Fortalecimiento de la Justicia de Paz

El Gobierno nacional formalizó la creación del Programa Nacional para el Fortalecimiento de la Justicia de Paz, una iniciativa que había comenzado a presentarse durante agosto y que busca mejorar las capacidades de estos juzgados, especialmente en localidades alejadas de los grandes centros urbanos.

La decisión quedó establecida mediante la Resolución 397/2026 del Ministerio de Justicia, firmada el 24 de agosto y publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La norma dispone que el programa funcionará en el ámbito de la Secretaría de Justicia y tendrá como objetivos centrales la capacitación continua, la modernización institucional y el fortalecimiento del acceso a la Justicia de Paz en todo el país.

La medida le da ahora un marco institucional a una iniciativa que el Ministerio de Justicia había presentado el 7 de agosto durante una reunión del Consejo Federal de Justicia (COFEJUS). Posteriormente se desarrollaron actividades vinculadas con el programa en la región Nordeste.

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PRIMERA EDICIÓN informó el 18 de agosto sobre la participación de la ministra del Superior Tribunal de Justicia de MisionesValeria Fiore Cáceres en una actividad realizada en Corrientes, junto a representantes de los poderes judiciales de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones y de la Universidad de la Cuenca del Plata.

La resolución publicada este miércoles precisa cuáles serán los lineamientos que deberá seguir el programa. Entre ellos se encuentra promover especialmente la incorporación de herramientas de oralidad, sistemas de gestión digital y criterios de lenguaje claro en las prácticas de los Juzgados de Paz, con el propósito de conseguir procedimientos más ágiles y comprensibles para los ciudadanos.

También contempla acciones de cooperación, asistencia técnica y articulación institucional entre el Ministerio de Justicia y las distintas jurisdicciones.

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La capacitación ocupará un lugar central. En los fundamentos de la resolución, el Gobierno menciona áreas como derecho de familia, protección de niños, niñas y adolescentes, derechos de las personas mayores, acceso a la Justicia, oralidad procesal, gestión judicial, métodos alternativos de resolución de conflictos y utilización de herramientas tecnológicas.

El Ministerio fundamentó la iniciativa en el papel que tienen los Juzgados de Paz en poblaciones alejadas de las capitales y cabeceras judiciales, donde pueden constituir el primer contacto de la ciudadanía con un organismo jurisdiccional para resolver conflictos familiares, sociales y comunitarios.

La formalización permite conocer además cómo se organizará institucionalmente. La coordinación general quedará a cargo de la Dirección Nacional de Asistencia Técnica y Apoyo a las Justicias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tendrá también la responsabilidad de dictar las normas complementarias y operativas necesarias para su implementación.

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La Nación invitó a participar a la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JuFeJus), las Cortes y Superiores Tribunales provinciales, instituciones integrantes del Sistema Universitario Nacional, organismos internacionales y otras entidades vinculadas con la materia.

La participación de las jurisdicciones no será automática. Según determina la resolución, deberá instrumentarse mediante convenios específicos de cooperación con el Ministerio de Justicia.

Este punto resulta relevante por el carácter federal del sistema: los Juzgados de Paz dependen de las estructuras judiciales provinciales y sus competencias y organización varían de acuerdo con la legislación de cada distrito.

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En los fundamentos de la medida, Justicia plantea además que una política de capacitación de alcance federal puede contribuir a establecer estándares mínimos de actuación y reducir desigualdades territoriales, aunque respetando las características normativas, culturales y sociales de cada provincia. La utilización combinada de capacitaciones presenciales y virtuales aparece como otra de las herramientas previstas para ampliar el acceso a la formación.

La resolución no fija un presupuesto determinado, una cantidad de Juzgados de Paz que serán alcanzados ni un cronograma único de aplicación nacional. La implementación concreta dependerá de los convenios que se celebren con las distintas jurisdicciones y de las disposiciones operativas que dicte el área encargada de coordinar el programa.

De esta manera, después de las presentaciones realizadas durante agosto, el programa quedó ahora formalmente incorporado a la estructura del Ministerio de Justicia, dando paso a la instancia de acuerdos con los poderes judiciales y demás instituciones interesadas.

Fuente: Primera Edición

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