La Nación oficializó el bloqueo de celulares en cárceles provinciales
La Nación habilitó el bloqueo de celulares en cárceles provinciales. Cada jurisdicción deberá adherir al programa para poder aplicarlo
El Gobierno nacional puso en marcha este martes un programa que permitirá extender a las cárceles provinciales de todo el país el sistema de detección y bloqueo de teléfonos celulares utilizados dentro de establecimientos penitenciarios. La medida fue oficializada mediante la Resolución 806/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada este martes 25 de agosto en el Boletín Oficial, y comenzó a regir desde el mismo día de su publicación.
El programa tiene alcance nacional, aunque su aplicaciónno será automática en los establecimientos penitenciarios provinciales. La resolución invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al sistema mediante la firma de los convenios correspondientes.
De esta manera, cada jurisdicción deberá decidir si solicita su incorporación. La Subsecretaría de Articulación Federal será la encargada de implementar el programa en aquellas provincias que lo requieran y de suscribir los acuerdos necesarios. El sistema ya cuenta con antecedentes de aplicación dentro del Servicio Penitenciario Federal, mientras que la nueva disposición abre formalmente la posibilidad de extenderlo a las cárceles que dependen de los gobiernos provinciales.
También te puede interesar: La intendenta de Pico advierte que no se va a quedar quieta
El procedimiento apunta a detectar dispositivos móviles utilizados dentro de áreas de alojamiento de detenidos o sectores de acceso restringido y posteriormente solicitar su inhabilitación.
El bloqueo puede alcanzar distintos identificadores vinculados con el teléfono: el IMEI, que identifica al equipo; el IMSI, correspondiente a la tarjeta SIM; y la línea telefónica asociada al dispositivo. Esto permite actuar sobre el aparato y sobre la identificación utilizada para conectarse a la red, en lugar de limitarse únicamente a bloquear un número telefónico.
El objetivo es impedir que teléfonos introducidos irregularmente en los penales puedan ser utilizados para mantener comunicaciones no autorizadas o para coordinar actividades ilícitas desde el interior de los establecimientos.
También te puede interesar: Paraná: la Provincia entregó ambulancias y motos a los hospitales San Martín y San Roque
Las provincias que adhieran al programa deberán detectar los dispositivos utilizados irregularmente dentro de sus unidades y remitir la información al Ministerio de Seguridad Nacional. La Nación funcionará como una suerte de ventanilla única entre los servicios penitenciarios provinciales y las empresas de telefonía.
A partir de los datos enviados por cada jurisdicción, el Ministerio gestionará ante las prestadoras el bloqueo de los identificadores correspondientes.
El mecanismo busca además garantizar la trazabilidad de cada intervención y que las empresas conserven registros de las solicitudes y bloqueos efectuados.
También te puede interesar: «NACIÓN Y PROVINCIA SE PELEAN Y NO SOLUCIONAN PROBLEMAS DE LA GENTE»
Uno de los aspectos centrales de la resolución es que la adhesión de las provincias será voluntaria. La normativa no ordena que todos los servicios penitenciarios provinciales implementen inmediatamente el sistema, sino que invita a cada jurisdicción a incorporarse.
Por lo tanto, aunque el programa nacional comenzó a regir este martes, su puesta en funcionamiento dentro de una cárcel provincial dependerá de que el gobierno correspondiente solicite la adhesión y firme el convenio con Nación. Esto implica que el bloqueo no comenzará simultáneamente en todas las cárceles del país.
En los establecimientos federales el procedimiento ya forma parte de las herramientas habilitadas por el Ministerio de Seguridad, mientras que en las provincias la implementación avanzará en función de las adhesiones que se produzcan.
El mecanismo tampoco equivale necesariamente a instalar inhibidores que eliminen indiscriminadamente la señal telefónica alrededor de una cárcel.
La estrategia apunta a identificar dispositivos concretos y bloquear sus datos de conexión, lo que permite evitar afectaciones innecesarias sobre teléfonos utilizados legalmente fuera de los establecimientos penitenciarios.
La regulación busca así impedir el funcionamiento de los equipos detectados dentro de las zonas restringidas sin comprometer las comunicaciones del entorno.
La medida tampoco elimina el derecho de las personas privadas de su libertad a mantener contacto con familiares, abogados u otras personas autorizadas.
La Ley 24.660 reconoce el derecho de los internos a mantener comunicaciones periódicas, aunque establece restricciones respecto del uso de teléfonos móviles dentro de los establecimientos penitenciarios.
Las comunicaciones autorizadas deberán continuar realizándose mediante los mecanismos previstos por cada servicio penitenciario. El nuevo programa apunta específicamente a combatir la utilización clandestina de celulares dentro de los penales.
Con la resolución ya vigente, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedaron habilitadas para solicitar su incorporación al programa.
A partir de ahora, cada gobierno deberá definir si adhiere, qué establecimientos incorpora al mecanismo y cómo implementará la detección de los dispositivos utilizados irregularmente.
La aplicación, por lo tanto, será gradual y dependerá de las decisiones que adopten las distintas jurisdicciones.
Fuente: Primera Edición
- #nacionales
- #nacion
- #bloqueo
- #celulares
- #carceles
- #provinciales
- #adhesion
- #misiones
