La oposición de Merlo rechaza un endeudamiento de $1.900 millones por falta de avales
Los ediles opositores advierten sobre la inexistencia de documentación para el mega endeudamiento y denuncian irregularidades en la gestión del pago de salarios.
A horas de la sesión ordinaria en la que el Concejo Deliberante de Villa de Merlo tratará una serie de proyectos de financiamiento por un total de 1.900 millones de pesos, los bloques opositores encendieron las alarmas en un fuerte comunicado.
Los concejales Lucía Miranda, Ana Laura Ferrarotti y Daniel Orué emitieron una dura postura donde denuncian que el Ejecutivo local pretende contraer deuda bancaria sin presentar el respaldo técnico adecuado ni especificar los plazos, tasas y condiciones de las operaciones.
El paquete crediticio presentado por la administración municipal incluye tres ejes principales: 1.000 millones de pesos destinados a obras públicas, 500 millones bajo la modalidad de leasing para la adquisición de maquinaria y 400 millones para un descubierto bancario.
La controversia se intensificó tras el paso por la Comisión de Economía y Gobierno del intendente interino Leonardo Rodríguez y el secretario de Gobierno Francisco Oviedo, una reunión en la que la oposición cuestionó además el faltazo del secretario de Finanzas, Francisco Leiva.
El destino de las partidas y las garantías puestas en juego constituyen los puntos de mayor fricción. Según detallaron los ediles, la partida para infraestructura carece de cotizaciones escritas o facturas proforma para los proyectos anunciados en el tendido eléctrico de El Pantanillo y el mantenimiento vial. En tanto, para la compra de equipamiento tampoco se fijaron plazos ni entidades prestatarias, afectando como colateral la coparticipación de la Villa.
Asimismo, los ediles advirtieron que recurrir a un descubierto con el Banco Supervielle con un interés del 28% para abonar haberes corrientes resulta una medida inconstitucional que compromete las arcas locales.
Frente a esta situación, desde el espacio opositor exigieron garantizar la liquidación de salarios mediante la solicitud de un anticipo de coparticipación provincial, instando a la conducción municipal a dar explicaciones transparentes antes del tratamiento parlamentario de las autorizaciones.
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Fuente: El Diario de la República
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