La Pampa asumió la responsabilidad establecida en la Ley Lucio, que Nación dejó

El Gobierno de La Pampa decidió tomar a su cargo la capacitación en derechos de niñas, niños y adolescentes que debía desarrollarse en el marco de un programa federal establecido por la Ley Lucio y que, según señaló el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez, quedó paralizada con la llegada de la actual gestión nacional.La decisión se formalizó hoy durante el lanzamiento del Programa Provincial de Capacitación en Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, realizado en el Centro Cultural Medasur, que alcanzará a más de 20 mil agentes, funcionarios y funcionarias de los tres poderes del Estado. En ese marco se capacitaron el gobernador, Sergio Ziliotto; la vicegobernadora, Alicia Mayoral y el presidente del STJ, Hugo Díaz, junto a autoridades de los tres poderes del Estado."Creo que estamos ante un hecho histórico para la provincia de La Pampa", sostuvo Álvarez al presentar la iniciativa y remarcar la importancia de que la capacitación en materia de infancia atraviese al conjunto de la administración pública. El ministro explicó que la Provincia venía reclamando al Gobierno nacional la implementación del programa federal de capacitación establecido a partir de la legislación vigente. Recordó que en 2023 se habían puesto en marcha los primeros módulos, pero que con el cambio de gestión nacional "lo dejó sin efecto"."Hoy estamos sin un programa federal de capacitación", afirmó Álvarez. Frente a esa situación, y luego de los reclamos realizados ante Nación, el Gobierno pampeano decidió avanzar con una propuesta propia, con el respaldo del gobernador Sergio Ziliotto.

Una decisión política.La capacitación será instrumentada a través del Programa de Capacitación para los Agentes de la Administración Pública (Procaap), y tendrá carácter obligatorio, permanente y continuo. La propuesta contempla cuatro módulos virtuales de aproximadamente 16 horas cada uno y tendrá una vigencia de dos años, tras los cuales se renovarán los contenidos. También incorporará situaciones prácticas para que quienes participen puedan analizar y resolver casos vinculados con la vulneración de derechos.Para Álvarez, la decisión debe entenderse dentro de una política provincial que viene desarrollándose desde hace años y que tuvo como punto de partida el cambio de paradigma establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061: dejar atrás la concepción de los niños como objetos de tutela para reconocerlos como sujetos de derechos."Cuando hablamos de sujeto de derecho hablamos de un niño, una niña que tiene derechos, que tiene la capacidad de que nosotros lo vayamos interpretando progresivamente, de que lo empecemos a tomar y a tener en cuenta con todas las garantías que tiene el Estado", señaló.En ese recorrido, el ministro mencionó distintas políticas provinciales vinculadas con las infancias, entre ellas el programa ProVida y "X+Derechos", además de la jerarquización de las áreas de infancia del Ministerio de Desarrollo Social. Pero también hizo especial énfasis en el contraste con las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional."Creo que eso hoy lo volvemos a sentir, volvemos a sentir la soledad de seguir trabajando solos sin un Gobierno Nacional que nos acompañe", planteó. Y añadió que "Nación dejó de ejecutar 28 programas destinados a niñas, niños y adolescentes, redujo fuertemente los equipos especializados y prácticamente llevó a cero el presupuesto de distintas políticas". También cuestionó la desactivación del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia y la interrupción del Plan Nacional de Primera Infancia. "No es una crítica infundada y no tiene nada que ver con lo político, sino que es una restricción de la realidad", sostuvo.

Una política transversal.

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El objetivo de la Provincia es que la perspectiva de derechos no quede circunscripta a los organismos específicamente vinculados con la niñez, sino que sea incorporada por quienes trabajan en los distintos ámbitos del Estado."Capacitar a agentes, funcionarios y funcionarias de los tres poderes del Estado significa poder regresar y tener otra mirada como Estado. Un Estado que mira, un Estado que escucha, un Estado que interviene y un Estado que actúa", afirmó Álvarez.En ese sentido, destacó el acompañamiento de otros poderes y organismos provinciales. El Superior Tribunal de Justicia manifestó su voluntad de adherir al programa, mientras que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y el Tribunal de Cuentas ya comunicaron su adhesión. La Cámara de Diputados deberá avanzar con el tratamiento correspondiente.La iniciativa tendrá además una característica que Álvarez consideró central: no será una capacitación aislada, sino un proceso permanente que permitirá actualizar conocimientos y prácticas.La decisión de La Pampa se produce, así, en un contexto en el que la Provincia sostiene que las políticas nacionales de infancia fueron desarticuladas. Ante la falta de continuidad del programa federal, el Gobierno pampeano optó por no esperar y trasladar la responsabilidad a su propia estructura estatal."Esto fue lo que nos interpeló", explicó Álvarez. Y agregó: "Visto que no íbamos a poner en marcha este programa, resolvimos, con la aprobación del gobernador, crear este programa de capacitación de derechos de niñas, niños y adolescentes".La Provincia buscará ahora que esa formación llegue a los miles de trabajadores que forman parte del Estado pampeano, con la premisa de que el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos no quede solamente establecido en las leyes, sino que también se traduzca en las prácticas cotidianas de quienes tienen la responsabilidad de garantizar esos derechos.

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Fuente: La Arena

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