La Pampa puso en marcha plan de emergencia en salud mental

La Ley de Emergencia en Salud Mental y Abordaje de Consumos Problemáticos contempla nuevas obras, incorporación de profesionales, fortalecimiento de dispositivos comunitarios y una estrategia articulada con municipios y organismos públicos.El Gobierno provincial implementará durante los próximos años la Ley de Emergencia en Salud Mental y Abordaje de Consumos Problemáticos. El programa contempla nuevas obras, incorporación de profesionales, fortalecimiento de dispositivos comunitarios y una estrategia articulada con municipios y organismos públicos. "La única respuesta que puede esperar la ciudadanía es la del Estado", afirmó el gobernador Sergio Ziliotto.Se trata de una estrategia que durante los próximos dos años buscará ampliar la red pública de atención mediante una inversión estimada en 12.000 millones de pesos, nuevas obras de infraestructura, la incorporación de profesionales y el fortalecimiento del trabajo territorial.La iniciativa constituye la hoja de ruta para implementar la Ley Provincial Nº 3642, aprobada por unanimidad en la Legislatura, y fue presentada por el gobernador Sergio Ziliotto en el auditorio del Centro Cultural Medasur, acompañado por funcionarios provinciales, intendentes, legisladores y representantes de distintas instituciones.El plan contempla la ampliación del acceso a los cuidados en salud mental, el fortalecimiento de las estrategias de prevención, la creación de nuevos dispositivos comunitarios y la articulación con municipios, Educación, Seguridad, Desarrollo Social, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

"Hacerse cargo".Durante su discurso, Ziliotto sostuvo que el crecimiento de las problemáticas vinculadas a la salud mental y los consumos problemáticos responde a múltiples factores, entre ellos las secuelas de la pandemia y el deterioro de la situación económica y social."Las consecuencias de un plan económico que genera mayor pobreza, mayor indigencia, mayor desocupación y mayor vulnerabilidad también generan escenarios donde las relaciones humanas empiezan a tensionarse. Frente a eso, el Estado tiene que hacerse cargo", afirmó.El mandatario remarcó que la salud mental constituye una prioridad para la gestión provincial y defendió el rol del Estado como garante de derechos. "La única respuesta que puede esperar el ciudadano de a pie es la del Estado", sostuvo, al tiempo que destacó que la inversión pública prevista responde a la complejidad de una problemática que atraviesa a toda la sociedad.También valoró el consenso político alcanzado para sancionar la ley y convocó a profundizar el trabajo conjunto entre los distintos poderes del Estado y los municipios. "Cuando la gente demanda respuestas no hay barreras que nos permitan sacarnos el problema de encima", expresó.

Importante inversión.El subsecretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Malgá, detalló que la Provincia destinará alrededor de 12.000 millones de pesos para ampliar la infraestructura sanitaria y fortalecer los equipos de trabajo.Entre las medidas previstas figuran la ampliación y adecuación de edificios destinados a salud mental, la incorporación de 30 profesionales especializados y la puesta en marcha de nuevos dispositivos comunitarios distribuidos en distintas localidades. Según explicó, "el objetivo es consolidar un modelo de atención con fuerte presencia territorial y comunitaria, articulando las acciones sanitarias con otras áreas del Estado y con instituciones sociales"."Lo que nos interesa es pensar los cuidados desde lo comunitario y compartir herramientas con Educación, Seguridad, Desarrollo Social, universidades y organizaciones de la sociedad civil", señaló, y explicó que el programa se apoyará en cuatro principios rectores: atención primaria de la salud, enfoque de derechos humanos, accesibilidad e integralidad, y estará organizado en siete ejes que incluyen prevención, ampliación de los servicios, abordaje de consumos problemáticos, inclusión social y laboral, políticas específicas para infancias y juventudes, fortalecimiento del trabajo comunitario y seguimiento permanente de la implementación.

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Fuente: La Arena

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