La plata estaba, las obras no: Nación ejecutó apenas uno de cada tres pesos para infraestructura hídrica y
La discusión sobre el financiamiento de la obra pública volvió a poner el foco sobre los fondos que Nación recauda con un destino determinado. En el caso de

Entre 2024 y mayo de 2026, el Gobierno nacional recaudó $375.400 millones con destino específico para obras hídricas, pero ejecutó apenas $116 mil millones. Otros $290 mil millones fueron colocados en Letras del Tesoro. Desde 2023 se iniciaron 24 proyectos: sólo uno terminó y 15 fueron cancelados o suspendidos. La situación vuelve a poner bajo la lupa el manejo de los fondos de infraestructura y se suma a la denuncia de Marcela Pagano sobre el uso de recursos públicos.
La discusión sobre el financiamiento de la obra pública volvió a poner el foco sobre los fondos que Nación recauda con un destino determinado. En el caso de la infraestructura hídrica, los números muestran una fuerte diferencia entre los recursos disponibles y las obras que efectivamente avanzaron.
Según un relevamiento del medio Chqueado, el Gobierno nacional recaudó $375.400 millones entre 2024 y mayo de 2026 a través del Impuesto a los Combustibles, con afectación específica para obras hídricas. Sin embargo, ejecutó sólo $116 mil millones.
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La diferencia resulta todavía más significativa si se observa qué ocurrió con el resto de los recursos. Cerca de $290 mil millones fueron colocados en Letras del Tesoro, mientras distintos proyectos destinados a prevenir inundaciones, mejorar desagües y garantizar infraestructura de agua quedaron suspendidos, neutralizados o directamente cancelados.
El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica existe desde 2001 y se financia con el 4,3% de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos. La legislación establece una afectación específica para ese dinero. Su finalidad incluye obras de saneamiento de arroyos, ampliación de cauces y construcción de desagües pluviales, entre otras intervenciones.
Los datos oficiales obtenidos a través de un pedido de acceso a la información pública muestran el resultado de la ejecución desde 2023.
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El Fondo Hídrico inició 24 obras en ese período. Sólo una llegó a su finalización.
Se trató de la construcción de sumideros en el municipio bonaerense de Exaltación de la Cruz.
El resto de los proyectos tuvo una evolución muy diferente. Trece obras fueron canceladas mediante la rescisión de contratos, dos quedaron neutralizadas y ocho permanecen en ejecución. En varios de estos últimos casos, el avance físico fue escaso o directamente nulo.
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La situación adquiere especial relevancia en proyectos destinados a zonas que sufren inundaciones de forma recurrente.
Uno de los principales ejemplos es la ampliación de la cuenca del Río Salado, en la provincia de Buenos Aires. El proyecto contempla trabajos sobre 56 kilómetros del cauce, entre los partidos de 25 de Mayo, Chivilcoy, Alberti y Bragado.
El objetivo consiste en ampliar la capacidad del río y reducir los desbordes que afectan cientos de hectáreas productivas.
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Los informes de la Jefatura de Gabinete mostraron avances muy reducidos durante 2024 y 2025. Los subtramos A y B llegaron apenas al 2% de ejecución física. El subtramo C pasó del 8,5% al 22,5%.
Diputados de la Coalición Cívica señalaron, a partir de información obtenida mediante pedidos de acceso a la información pública, que las obras quedaron suspendidas en 2024 pese a que el Fondo de Infraestructura Hídrica tenía recursos disponibles para afrontar los trabajos.
Alberto Larrañaga, presidente del Consejo Asesor del Plan Maestro del Salado, afirmó que las tareas retomaron actividad entre octubre de 2025 y marzo de 2026.
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El problema también aparece en otras obras de importancia estratégica.
Entre los proyectos suspendidos figura el acueducto San Javier, en Santa Fe, una obra de 330 kilómetros diseñada para llevar agua potable a 124 mil personas de 14 localidades.
También fueron canceladas obras para construir desagües pluviales en barrios de Florencio Varela y La Matanza.
A esa lista se sumó el proyecto de entubado del Canal Islas Malvinas, en Río Grande, Tierra del Fuego.
Así, el problema no se limita a una baja ejecución presupuestaria. Los recursos existen, pero no se traducen en la cantidad de obras que deberían financiar.
El dato adquiere mayor peso si se tiene en cuenta que una parte sustancial del dinero recaudado con destino específico quedó fuera de la infraestructura. Mientras las obras hídricas avanzaron poco o fueron canceladas, $290 mil millones fueron colocados en Letras del Tesoro.
El manejo de los recursos destinados a infraestructura también quedó bajo cuestionamiento en el área vial.
La diputada nacional Marcela Pagano volvió a denunciar al Gobierno de Javier Milei por el destino de fondos vinculados a obras viales. Según su planteo, determinadas transferencias a las provincias podrían haber funcionado como contraprestaciones frente al comportamiento de sus legisladores en el Congreso.
"Hay gobernadores que tienen precio", afirmó la legisladora.


Pagano sostuvo que el mecanismo no consistiría en pagos directos a diputados o senadores. Según su denuncia, los recursos llegarían a organismos viales provinciales o empresas contratistas de cada distrito. A cambio, los legisladores vinculados con esos gobernadores aportarían sus votos a iniciativas impulsadas por el oficialismo.
La diputada puso el foco en un fideicomiso financiado por un impuesto incluido en el precio de los combustibles.
Hay gobernadores que tienen precio… el otro día te conté cuánto costaba una ley, hoy te voy mostrar el tarifario de algunos mandatarios provinciales, porque en la Argentina de @JMilei gobiernan con "la viva, la crocante", y con "Mercado libre" para rematar tu futuro (abro hilo)
— Marcela Pagano (@Marcelampagano) August 14, 2026
"El dato madre: cuando cargas combustible estás pagando un impuesto que alimenta un fideicomiso destinado exclusivamente a obras viales. Pero Milei lo usó para comprar leyes", escribió.
Entre los episodios que presentó como parte de su denuncia aparece la votación de la Ley Bases en junio de 2024. Pagano señaló que el fondo permaneció seis meses sin realizar pagos y que el 10 y 11 de junio se desembolsaron $4.308 millones.
El Senado trató la Ley Bases el 12 de junio. La votación terminó con 36 votos a favor y 36 en contra.
"Y la canilla se abrió la víspera", sostuvo Pagano.
La legisladora también mencionó desembolsos por $3.262 millones el 27 de junio de 2024, durante la sanción definitiva de la norma en Diputados.
Otro caso correspondió al 9 de octubre de 2024, cuando el Congreso sostuvo el veto presidencial al financiamiento universitario. Según Pagano, ese día se desembolsaron $3.186 millones.
En marzo de 2025 incorporó otro episodio. Diputados aprobó el DNU que habilitó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el 19 de marzo. Pagano afirmó que 48 horas después se desembolsaron $6.596 millones, con una fuerte concentración en obras viales de Santa Cruz.
"Primero el voto. Después el pago", resumió.
La denuncia también incluyó la votación del veto jubilatorio de agosto de 2025 y distintos desembolsos a provincias. Según Pagano, el 64,4% de todo lo pagado durante 2026 se concentró en jornadas de votaciones, frente al 34% de 2024 y el 20% de 2025.
La diputada aseguró que presentó estos elementos ante la Justicia Federal y que continuará con la presentación de datos.
"Con actas oficiales, montos y fechas, no con relatos", afirmó.
El escenario también tiene un capítulo tucumano. La provincia reclamó que Nación cumpla con el envío y la ejecución de los recursos destinados a infraestructura vial, una discusión que tomó fuerza ante la falta de fondos para sostener obras y mejorar las rutas provinciales.
Desde Tucumán remarcaron que los recursos correspondientes al sistema vial tienen un destino concreto y que resulta fundamental que Nación los transfiera para que puedan traducirse en obras.
El reclamo provincial se produjo en un contexto de fuertes cuestionamientos por la demora en la ejecución de fondos nacionales. La situación de los recursos hídricos vuelve a mostrar un problema similar: existen partidas recaudadas con una finalidad determinada, pero la ejecución de las obras queda muy por debajo de los recursos disponibles.
En el caso tucumano, la preocupación está puesta sobre el estado de las rutas y la necesidad de contar con recursos para infraestructura. En el plano nacional, los datos del Fondo Hídrico muestran que sólo una de las 24 obras iniciadas desde 2023 llegó a terminarse.
La discusión, en definitiva, no pasa sólo por cuánto recauda el Estado. También por qué destino efectivo tienen esos recursos y cuánto de ese dinero termina convertido en obras concretas para las provincias.
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Fuente: El Federalista
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