La pobreza criminalizada

Mientras el mercado laboral argentino atraviesa uno de sus procesos de deterioro más profundos de los últimos años, con centenares de miles de trabajadores expulsados del empleo registrado hacia el cuentapropismo y la informalidad, un número creciente de gestiones municipales y provinciales ha optado por un camino que resulta, cuanto menos, contradictorio: en lugar de atender las causas estructurales que empujan a miles de personas a ganarse la vida como pueden en la calle, endurecen la persecución contra quienes ya no tienen otra alternativa que vender, cuidar autos, limpiar parabrisas, juntar cartón o, directamente, vivir a la intemperie.

Según los últimos datos del INDEC correspondientes al primer trimestre de 2026, la informalidad laboral alcanzó el 44,2% de los ocupados, la cifra más alta de los últimos años, mientras que el empleo asalariado privado registrado acumula una pérdida de 217.000 puestos desde noviembre de 2023.

Frente a ese cuadro, la respuesta de buena parte de la dirigencia con responsabilidades de gobierno no ha sido diseñar políticas activas de empleo, capacitación o inclusión productiva, sino intensificar el hostigamiento a quienes trabajan o sobreviven en el espacio público. El caso más resonante es, sin dudas, el de la Ciudad de Buenos Aires, donde la gestión de Jorge Macri lleva adelante desde el inicio de su mandato una política sistemática de desalojos de vendedores ambulantes.

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En vez de invertir recursos en desalojar a quienes ya perdieron casi todo, los gobiernos deberían diseñar políticas activas de empleo, formación laboral y contención social. En vez de invertir recursos en desalojar a quienes ya perdieron casi todo, los gobiernos deberían diseñar políticas activas de empleo, formación laboral y contención social.

Este patrón no es exclusivo de la Capital Federal. En los últimos meses se replicó, con matices, en buena parte del país. Córdoba, Santa Fe, Mendoza, La Plata, Mar del Plata, Tucumán, distintas ciudades patagónicas como Bariloche y Comodoro Rivadavia, y varios municipios del conurbano bonaerense avanzaron con ordenanzas o controles más estrictos contra vendedores ambulantes, trapitos, limpiavidrios, cartoneros o personas en situación de calle.

En Catamarca hay también intentos pero que no prosperaron. En marzo pasado, como se recordará, los concejales Diego Figueroa y Eleonora Sopaga, del bloque Alianza La Libertad Avanza-PRO, presentaron en el Concejo Deliberante de la Capital dos iniciativas que avanzan en la misma dirección.

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El eje de estas iniciativas pasa por el "orden", la "seguridad" o la "imagen" de la ciudad, y no por las razones estructurales que explican por qué cada vez más personas terminan vendiendo en la calle, cuidando autos o durmiendo a la intemperie. Se trata, en los hechos, de una forma de criminalización de la pobreza, que trata como una amenaza al orden público lo que en realidad es una consecuencia directa del fracaso de las políticas de empleo e inclusión social.

Nadie discute que el espacio público debe ordenarse ni que existen situaciones de abuso, extorsión o explotación infantil que merecen ser combatidas con la ley en la mano. Pero ordenar no puede ser sinónimo de expulsar, y menos aún de castigar a quienes no tienen otra opción que trabajar en la calle. En vez de invertir recursos humanos y policiales en desalojar a quienes ya perdieron casi todo, los gobiernos deberían diseñar políticas activas de empleo, formación laboral y contención social que eviten que esas situaciones de precariedad e indigencia se sigan multiplicando.

Fuente: El Ancasti

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