La respuesta del fiscal Gómez al juez federal Rafecas por la causa del Acueducto

La disputa judicial por la competencia de la investigación del Acueducto Gran Tulum sumó un nuevo capítulo, con la respuesta que el fiscal sanjuanino que interviene en la causa al requerimiento del juez federal Daniel Rafecas, de Comodoro Py. Es que Sebastián Gómez contestó el pedido, aunque explicó no podía brindar mayores precisiones sobre los hechos investigados.

Según pudo saber Tiempo de San Juan, el representante del Ministerio Público advirtió que revelar más información antes de la audiencia de formalización podría comprometer los fines del proceso y las garantías de los once sujetos bajo investigación. La respuesta se produjo en el marco del planteo que busca determinar si la causa, conocida como Acueducto gate, debe continuar en la Justicia provincial o pasar a la órbita federal, debido a la participación de fondos nacionales en el financiamiento de la obra.

Gómez explicó que la solicitud de información se realizó antes de que pudiera concretarse la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria. Por ese motivo, sostuvo que no resultaba posible ventilar con mayor amplitud los hechos sin comprometer los fines del proceso y las garantías de los sujetos investigados.

Pese a esa limitación, el fiscal brindó una descripción general del objeto de la investigación, centrada en las presuntas irregularidades cometidas durante la adquisición de materiales para la construcción del Acueducto Gran Tulum. Según precisó, la causa busca determinar si funcionarios locales que participaron en el desarrollo de la obra, junto con particulares, habrían llevado adelante maniobras defraudatorias y delictivas vinculadas con la compra de tuberías de Polietileno de Alta Densidad.

De esta manera, la contestación del fiscal dejó planteados dos aspectos centrales. Por un lado, la existencia de sospechas sobre la actuación conjunta de funcionarios y particulares en la adquisición de tuberías y, por otro, la imposibilidad de profundizar públicamente en los hechos mientras no se concrete la instancia procesal correspondiente.

La intervención del juez federal Rafecas se originó a partir de una presentación realizada por la defensa de Sergio Ruiz, expresidente de OSSE y uno de los once investigados. Su abogado, Nasser Uzair, solicitó que la causa abandone la órbita provincial y pase a la Justicia Federal, bajo el argumento de que parte de los fondos utilizados para financiar el Acueducto provinieron de la Nación.

El planteo se apoya en que aproximadamente la mitad del financiamiento de la obra estuvo a cargo de la entonces Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. En ese sentido, la defensa considera que las presuntas irregularidades podrían haber comprometido recursos nacionales, circunstancia que justificaría la intervención del fuero federal.

Frente a esa presentación, Rafecas solicitó informes a la UFI de Delitos Especiales para conocer el estado de la investigación y contar con elementos que le permitan analizar el planteo de competencia. Es precisamente a ese requerimiento al que respondió Gómez, con las limitaciones que, según explicó, impone la falta de formalización de la causa. 

La contestación adquiere especial relevancia porque el magistrado federal deberá evaluar si existen fundamentos suficientes para intervenir en la investigación. Sin embargo, la respuesta del fiscal no implica, por sí misma, una aceptación ni un rechazo del cambio de jurisdicción. Ahora, será interesante saber cuál será la resolución, es decir, si acepta la respuesta por sí sola o si insiste en el requerimiento.

Por el momento, la formalización quedó es stand by, ya que cuando se esperaba que los investigados fueran imputados, la audiencia se suspendió por la ausencia de dos implicados. El senador nacional Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino no se presentaron en Tribunales y justificaron sus ausencias por compromisos parlamentarios. Ante esa situación, el fiscal Gómez cuestionó las incomparecencias y anticipó que podría solicitar sus desafueros si no se presentaban.

Finalmente, la jueza de Garantías Mónica Lucero resolvió suspender la audiencia y disponer su reprogramación, luego de que las partes solicitaran que los once investigados fueran formalizados en una misma instancia. 

Mientras se espera una nueva fecha, la discusión sobre la competencia mantiene abiertos tres posibles escenarios: que Rafecas asuma la investigación en Comodoro Py, que rechace el planteo y la causa continúe en San Juan, o que considere que corresponde la intervención federal, pero remita el expediente al juzgado federal con asiento en la provincia.

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