LA RIOJA ENFRENTA UNA DEFINICIÓN DE FUERTE IMPACTO ECONÓMICO

Tras otorgar un aumento a estatales, el gobierno ahora evalúa si mantiene más allá del 31 de agosto o no el congelamento de tarifas. Una eventual actualización impactaría de manera directa en hogares, pero aliviaría la economía de empresas de servicios.

El Gobierno de La Rioja deberá resolver en las próximas semanas si prorroga el congelamiento de tarifas de servicios públicos e impuestos provinciales que dispuso entre mayo y el 31 de agosto, una medida que buscó contener el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo de los riojanos.

El esquema alcanzó a servicios como la energía eléctrica, el agua, internet y otros conceptos administrados por empresas y organismos provinciales, evitando incrementos durante cuatro meses en un contexto de fuerte deterioro del consumo.

A diferencia de otras oportunidades, en el caso de las empresas estatales esta vez la decisión no implicó un subsidio directo del Estado provincial. Fueron las propias empresas prestatarias las que absorbieron el costo de mantener congeladas las tarifas, resignando ingresos durante ese período. Es decir, la Provincia no compensó económicamente esas pérdidas, sino que el esfuerzo fue asumido por cada una de las prestadoras.

Ahora comienza la cuenta regresiva para definir qué ocurrirá desde septiembre. Una eventual actualización de tarifas impactaría de manera directa en la economía de los hogares y podría reducir parte del efecto positivo que tuvo el reciente incremento salarial otorgado a los empleados públicos provinciales.

El Gobierno acaba de anunciar una mejora del 15% para los trabajadores estatales, llevando el piso salarial a $825.000, monto que incluye una parte abonada mediante los Bonos de Cancelación de Deuda (Bocade). En ese contexto, una suba simultánea de tarifas podría licuar parte del alivio que significó ese aumento.

Pero la discusión no es únicamente económica. También tiene una clara lectura política. La definición llegará cuando comience a acelerarse el calendario electoral rumbo a 2027, por lo que el costo de trasladar aumentos a los usuarios será uno de los factores que seguramente evaluará la Casa de las Tejas.

El dilema es claro: extender el congelamiento implicaría que las empresas continúen absorbiendo el esfuerzo financiero o que la Provincia deba buscar algún mecanismo de compensación. En cambio, habilitar actualizaciones permitiría recomponer parcialmente los ingresos de las prestatarias, aunque con un impacto inmediato sobre el bolsillo de los consumidores.

La decisión aún no fue oficializada, pero ya aparece como uno de los temas económicos más relevantes que deberá resolver el Gobierno provincial antes de finalizar agosto.

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Fuente: Rioja Virtual

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