La Rioja extendió por 60 días el congelamiento de las tarifas de servicios públicos

La medida regirá hasta el 31 de octubre y mantendrá los valores vigentes al 30 de abril para la energía eléctrica, agua y saneamiento, transporte urbano y conectividad. También continuará el descuento extraordinario del 20% en las cuotas de viviendas sociales.

El Gobierno de La Rioja prorrogó por 60 días el congelamiento de las tarifas y precios de distintos servicios públicos, con el objetivo de sostener el acceso de las familias a prestaciones esenciales en el actual contexto económico.

La medida comenzó a regir este 1 de septiembre y se extenderá hasta el 31 de octubre de 2026. Durante ese período se mantendrán los cuadros tarifarios y precios vigentes al 30 de abril de este año para los servicios de energía eléctrica, agua y saneamiento, transporte urbano de pasajeros y conectividad.

La prórroga fue dispuesta en el marco de las medidas establecidas originalmente mediante el Decreto N.º 617/26 y alcanza al transporte urbano prestado por la Administración Provincial de Transporte Social e Inclusivo y al servicio de conectividad brindado por La Rioja Telecomunicaciones SAPEM.

La disposición también mantiene la reducción extraordinaria del 20% en las cuotas de las viviendas sociales que abonan los adjudicatarios de la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo.

Según lo informado por el Gobierno provincial, esos valores tampoco podrán incrementarse durante los 60 días de vigencia de la prórroga.

La extensión de las medidas responde, de acuerdo con los fundamentos oficiales, a la persistencia de las condiciones económicas y sociales que motivaron su implementación inicial.

El decreto se enmarca además en la emergencia social, alimentaria, sanitaria, económico-financiera, laboral, productiva, hídrica, administrativa, habitacional, de seguridad y de servicios públicos prorrogada mediante la Ley Provincial N.º 10.843.

En este contexto, el Gobierno provincial señaló que busca evitar modificaciones abruptas en las condiciones vigentes y sostener la accesibilidad a servicios vinculados con las necesidades básicas de la población.

La norma también instruye a los organismos y empresas prestatarias a adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad, regularidad y calidad de los servicios alcanzados.

A su vez, faculta al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para sostener la medida y asegurar el normal funcionamiento de las entidades prestadoras.

Fuente: El Esquiú

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