"La soberanía queda en manos de quienes nadie votó"

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EL DIARIO digital

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 "La soberanía queda en manos de quienes nadie votó", afirmó la diputada nacional por La Pampa Varinia "Lichi" Marín. Cuestionó este miércoles a la Corte Suprema de Justicia luego del fallo que dejó sin efecto una sentencia que había frenado la derogación de la Ley de Tierras Rurales y, en consecuencia, volvió a poner en vigencia el artículo 154 del DNU 70/2023 del Gobierno nacional. Marín integra el bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados.

"El 94,1% descree de la eficiencia del Poder Judicial. Y, como si nada, la Corte falla a favor de la extranjerización de nuestras tierras. La soberanía queda en manos de quienes nadie votó. No se confundan: las calles son nuestras", expresó la legisladora pampeana a través de sus redes sociales.

El porcentaje mencionado por Marín surge de un estudio realizado en mayo por el Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. El relevamiento, realizado sobre 1.217 casos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), determinó que el 94,1% de las personas consultadas considera que la administración de Justicia es "poco o nada eficiente". Además, el 94,6% manifestó que los jueces están influenciados por el poder político o económico y el 88,3% sostuvo que la Justicia favorece a los ricos y poderosos. 

El pronunciamiento de Marín se produjo después de que la Corte Suprema revocara la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales.

La Corte, integrada en este caso por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, fundamentó su decisión en que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había promovido el amparo, carecía de legitimación para impulsar esa acción colectiva. El máximo tribunal aclaró que no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo del DNU que derogó la ley, sino sobre una cuestión procesal vinculada con quién estaba habilitado para promover la demanda.

La Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011, establecía restricciones a la adquisición de campos por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras, entre ellas un límite del 15% de titularidad extranjera sobre las tierras rurales del territorio nacional, provincial y departamental. Al quedar sin efecto la sentencia de la Cámara platense, vuelve a regir la derogación de esas restricciones dispuesta por el DNU 70/2023.