La suba del empleo informal condiciona el acceso a la cobertura de salud

Según mediciones basadas en el INDEC, el 34% de la población carece de obra social o prepaga, cifra que alcanza el 49,8% en el tramo de 18 a 29 años.

El debate en torno a la evolución del mercado de trabajo nacional sumó en las últimas semanas distintos análisis sobre la dinámica del empleo registrado y el crecimiento de los puestos informales o por cuenta propia. Mientras desde el Poder Ejecutivo se destacó el incremento de trabajadores independientes como una alternativa de flexibilización laboral, indicadores oficiales e informes técnicos dan cuenta de un deterioro en las condiciones salariales y prestacionales de este sector.

De acuerdo con las últimas mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondientes al segundo trimestre del año, los ingresos de los asalariados con descuento jubilatorio alcanzaron un promedio de $1.433.794, mientras que los trabajadores informales —sin aportes al sistema de seguridad social— percibieron una media de $706.000. La cifra evidencia que el sector no registrado obtiene, en promedio, cerca de la mitad de los ingresos del segmento formal, registrando además un descenso nominal del 3,4% respecto del trimestre anterior.

Esta brecha de ingresos impacta de forma directa en el acceso a la atención sanitaria. Datos procesados a partir de los microdatos del INDEC indican que el porcentaje de personas sin cobertura de obra social ni medicina prepaga ascendió al 34% a nivel general. En la franja poblacional de jóvenes de 18 a 29 años, este indicador alcanza al 49,8% de las personas, quienes deben recurrir de manera exclusiva al sistema público de salud.

A este panorama se suma la reestructuración del programa de provisión de medicamentos gratuitos REMEDIAR, dispuesto por la cartera sanitaria nacional. La medida redujo la nómina de botiquines e insumos distribuidos en los centros de atención primaria del país a seis principios activos orientados a emergencias y patologías específicas, restringiendo la cobertura gratuita previa que alcanzaba a tratamientos crónicos de hipertensión, diabetes y afecciones respiratorias.